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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que le preocupan los anuncios del gobierno de desmontar los esquemas de seguridad por problemas de presupuesto, el funcionario pidió “no confundir la ausencia de recursos con la necesidad de garantizar la protección de las personas en riesgo, particularmente si se trata de las víctimas y los líderes sociales”.
Según denunció la entidad, en un comunicado, luego de un estudio realizado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), “la Defensoría estableció mediante entrevistas a líderes de organizaciones sociales en 28 de los 32 departamentos del país, y otras verificaciones metodológicas en terreno, que actualmente 336 representantes de las víctimas a nivel nacional son objeto de amenazas”.
Así mismo, dijo que Ancizar Ruiz Ceballos, víctima de desplazamiento forzado y cuya muerte no ha sido aclarada por las autoridades, era víctima de mensajes intimidatorios de presuntos integrantes de “Los Urabeños” contra algunos de sus compañeros en la mesa departamental de participación efectiva en el Eje Cafetero.
“Durante el último año, la Unidad Nacional de Protección (UNP), realizó 1.848 evaluaciones de riesgo para representantes o activistas de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, sociales, cívicas y comunales, de las cuales 1.056 fueron catalogadas con nivel extraordinario de riesgo y 643 en la categoría de riesgo ordinario”, dijo la entidad.