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Se observa un cambio de conducta de la fuerza pública frente a la protesta social, pues el Gobierno Petro no le autoriza disparar contra los manifestantes que rodean y retienen a los soldados y policías que les hacen frente. Usa el diálogo y la concertación como medios preferidos para atender los conflictos sociales, que aumentan y se extienden a medida que la población se exaspera por las crecientes dificultades para sobrevivir en medio de la destrucción ambiental de sus territorios y la impaciencia por la demora en los cambios sociales prometidos.
La respuesta condicionada a la protesta social ha seguido la misma pauta durante décadas. Se trata de identificar si quienes están detrás son grupos subversivos para aplicarles la represión armada, con lo cual se obtienen dos ganancias, desacreditar a los subversivos como responsables del desorden social y a la vez reprimir la protesta para defender los intereses protegidos. La otra parte de la respuesta condicionada a la protesta es el conjunto de promesas de inversión para calmar los ánimos, aunque con ellas se esté incubando el siguiente ciclo de protestas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos.
El Gobierno Petro ha cambiado el guion para hacer frente a la protesta social y ese cambio provoca el desconcierto de los grandes intereses que respaldan el statu quo, como las petroleras que piden suspender sus contratos de exploración por falta de garantías de orden público. No se puede olvidar que durante décadas las multinacionales acostumbraron contratar brigadas, pagando sus gastos, para proteger pozos e instalaciones contra la amenaza de sabotajes por las guerrillas, e incluso se beneficiaron de la acción armada de los paramilitares.
Dos grandes fuerzas telúricas se mueven en Colombia para ocupar sus espacios: 1) se está incubando un estallido social molecular, con múltiples focos de descontento popular originados en el hambre, el desempleo y la desesperanza, que comienza a expresarse en muchas ciudades y territorios, y que tiene todos los incentivos necesarios para expandirse; 2) se están preparando fuerzas de choque para defenderse contra la explosión social de los excluidos, como se vio en ciudades como Cali durante los paros de los dos años anteriores.
Las guardias campesinas, como las que actuaron en Vista Hermosa (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), están extendiéndose por todo el país para proteger a las comunidades rurales frente al crimen organizado y las guerrillas que atentan contra los líderes sociales, y para oponerse a las empresas que vulneran los territorios. Esas guardias campesinas buscan llenar un vacío de seguridad y de control estatal del territorio, y se consolidan a pesar de los dominios territoriales del crimen organizado, como el Clan del Golfo y las otras 50 estructuras armadas del negocio de las drogas y la minería criminal del oro.
Sin duda la nueva estrategia de seguridad que prepara el Ministerio de Defensa deberá tener en cuenta la necesidad de recuperar el control del territorio, consolidando la presencia estatal en todas sus dimensiones, pero el verdadero telón de fondo será cómo hacer frente al estallido social que se avecina, para darle salida controlada a la protesta popular sin permitir que se desborde en caos ingobernable. Con razón Nicolás Gómez Dávila escribió: “El orden es el más frágil de los hechos sociales”.
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