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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una nueva ley destinada a modernizar la deteriorada industria minera del país y a atraer a empresas privadas para que exploten las riquezas inexploradas de oro y minerales esenciales de Venezuela.
Estos cambios radicales, en un país dirigido por un gobierno socialista que durante mucho tiempo ha ejercido el control estatal sobre sus minas, son el más reciente ejemplo del acatamiento del gobierno venezolano con el gobierno de Donald Trump desde que Estados Unidos capturó al mandatario del país, Nicolás Maduro, en enero.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela de Maduro, aprobó la nueva ley un mes después de que el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, llevara a decenas de ejecutivos mineros estadounidenses a reunirse con la presidenta en funciones del país, Delcy Rodríguez. Ambos funcionarios prometieron abrir los codiciados yacimientos de Venezuela a la inversión estadounidense.
La propuesta fue aprobada por unanimidad. La medida pasa ahora a Rodríguez para su aprobación final.
Venezuela se asienta sobre una fortuna mineral que permanece en gran medida sin explotar. Se cree que el país posee una de las mayores reservas de oro del mundo. También se cree que posee una gran riqueza en tierras raras y vastas reservas de bauxita, hierro, carbón, cobre, níquel y coltán, un mineral negro utilizado en la fabricación de artículos como celulares y satélites.
Los funcionarios venezolanos y estadounidenses acogieron con satisfacción la nueva legislación, y afirmaron que esta ayudaría a diversificar la dependencia de la economía del petróleo y mejoraría las condiciones para que las empresas extranjeras invirtieran. Es similar a una ley aprobada a finales de enero para reestructurar el sector petrolero.
Ródriguez les dijo a unos 50 inversores que visitaron la capital, Caracas, el mes pasado que las nuevas leyes sobre petróleo y minería pretendían asegurar a los inversores que “sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente”.
Pero las ambiciones de atraer a los inversores están destinadas a chocar con la peligrosa realidad de las regiones mineras de Venezuela. Bandas atrincheradas, grupos guerrilleros y militares corruptos controlan muchas explotaciones mineras. El dominio se mantiene a menudo con el trabajo forzado de indígenas y sobornos a funcionarios venezolanos, según los expertos.
La minería ilegal floreció bajo Maduro en el estado suroriental de Bolívar y en amplias zonas de la selva amazónica, donde la minería está prohibida pero ha experimentado un auge ilegal que ha provocado deforestación y contaminación. La mayoría de los yacimientos de Venezuela se encuentran en un extenso territorio selvático conocido como Arco Minero del Orinoco, una zona más grande que Cuba, lo que dificulta su vigilancia.
Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han detallado cómo piensan asegurar las regiones ricas en minerales donde los grupos armados —sobre todo el Ejército de Liberación Nacional, el mayor grupo guerrillero que queda en Colombia— actúan como un gobierno en la sombra.
“Caracas no es la autoridad de facto en estas regiones mineras”, dijo Bram Ebus, consultor que lleva años investigando la minería ilegal en Venezuela para Amazon Underworld, un proyecto de periodismo de investigación. “Así que pueden redactar una bonita legislación minera, pero cuando vas a estos distritos mineros, hay otras autoridades armadas con las que tienes que tratar”.
A pesar de las dificultades, la nueva ley pretende formalizar la industria minera de Venezuela, que, según algunos investigadores de mercado, podría generar al menos 8000 millones de dólares de ingresos anuales en 2036.
Por un lado, la ley parece buscar proporcionar a las empresas que obtengan licencias mineras, que pueden durar hasta 30 años, recursos y salvaguardias contra la confiscación unilateral de sus activos por parte del gobierno venezolano.
Los conglomerados mineros todavía recuerdan la oleada de nacionalizaciones bajo el mandato del expresidente socialista de Venezuela, Hugo Chávez, quien tomó el control de la industria del oro del país en 2011. Chávez expropió los activos de empresas estadounidenses y canadienses que operaban en minas de oro venezolanas, lo que dio lugar a continuas luchas legales por miles de millones de dólares que las empresas dicen que se les adeudan.
La nueva ley permitirá a los inversionistas resolver las disputas contractuales con el gobierno venezolano a través de la mediación y el arbitraje, en lugar de hacerlo únicamente a través de los tribunales venezolanos. Sin embargo, algunos expertos advirtieron que el lenguaje sobre el arbitraje era impreciso, lo que no dejaba claro si las disputas podrían resolverse en instancias internacionales.
La ley también creará cuatro nuevas entidades de supervisión, incluida una unidad especializada de la Guardia Nacional de Venezuela para vigilar las zonas mineras.
La ley anula leyes mineras anteriores que prohibían este tipo de arbitraje, exigían que todas las ventas de oro se hicieran al banco central de Venezuela en lugar de directamente a los mercados internacionales y obligaban a las empresas privadas a asociarse con entidades estatales.
Mónica Martiz, dirigente de la mayor organización civil de ingenieros de minas de Venezuela, dijo que los ingenieros de minas estaban consternados por el hecho de que los legisladores venezolanos hubieran elaborado la ley sin contar con su opinión.
También expresó algunas preocupaciones sobre la ley, como el requisito de que algunas empresas privadas que se asocien con el Estado concedan al gobierno venezolano una participación mayoritaria en la empresa. Pero dijo que, en general, la ley era un paso en la dirección correcta para rescatar al sector minero venezolano del colapso.
“La industria minera está completamente a la orden para cumplir la ley”, dijo. “Queremos hacer una buena minería, una minería responsable, una minería con todos los conocimientos del proceso tecnológico minero”.
Un grupo de 15 organizaciones sin fines de lucro de Venezuela advirtió que la ley suponía “una grave amenaza” para el medioambiente y podía agravar la continua deforestación en Venezuela y provocar que continuaran los abusos contra los derechos humanos de los trabajadores mineros indígenas.
El gobierno venezolano conservará cierto control sobre sus yacimientos.
Se permitirá al país reclamar el control sobre determinados minerales que considere “estratégicos” para la defensa nacional o la economía. También otorga al banco nacional de Venezuela un derecho preferente a comprar oro producido en el país y sigue permitiendo a las empresas estatales extraer minerales.
En 2019, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos impuso sanciones a la industria minera de Venezuela, que el Departamento del Tesoro describió como una “trama financiera lucrativa” utilizada por Maduro para enriquecerse y eludir las sanciones petroleras estadounidenses. Estados Unidos congeló los activos de la empresa minera estatal venezolana, conocida como Minerven, y prohibió a los bancos y ciudadanos estadounidenses relacionarse financieramente con la empresa.
Pero el 6 de marzo, tras la visita de Burgum a Venezuela, el Departamento del Tesoro expidió una licencia para permitir a las entidades estadounidenses relacionarse con Minerven, en un momento en que Estados Unidos intenta aumentar su control sobre los recursos naturales de Venezuela. Trump ha hecho de la obtención de acceso a los minerales un pilar fundamental de su política exterior.
Los expertos dijeron que las empresas mineras con más probabilidades de invertir primero en Venezuela podrían ser las que tenían presencia en el país antes de ser expulsadas.
Gold Reserve, empresa minera de oro que cotiza en la bolsa canadiense, lleva 18 años enzarzada en una lucha legal con Venezuela después de que Chávez revocara en 2008 sus permisos para explotar grandes yacimientos de oro y cobre y tomara el control del proyecto minero de la empresa sin indemnización.
La empresa aplaudió la captura de Maduro en un comunicado de prensa en enero. Los directivos de Gold Reserve también acompañaron a Burgum durante su visita del mes pasado y acogieron con satisfacción los nuevos cambios en materia de minería, y la empresa declaró el mes pasado que había presentado sus aportaciones sobre la ley a medida que esta se iba redactando.
La empresa no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus planes en Venezuela.
“Los Estados Unidos no puede obligar a las mineras a que vayan a Venezuela; tiene que convencerlas, persuadirlas, generar toda la capacidad de andamiaje del sistema”, dijo Diego Area, presidente y director ejecutivo de Global Americans, un grupo de investigación no partidista centrado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Area, quien es venezolano, dijo que poner en marcha la ley sería “complejo”, pero tocó una fibra optimista, y dijo que era “el caos que está empezando a tener orden”.
Isayen Herrera colaboró con la reportería desde Venezuela.
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