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Con los días contados en Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha aprovechado hasta el último segundo para contarle a la justicia sobre sus andanzas en la guerra. Ya en sus testimonios ha hablado de cómo altos mandos militares y funcionarios públicos se habrían aliado con su organización, pero esta semana fue más allá: se refirió a un reconocido político, que aparecerá en el tarjetón de las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo. Además, durante dos audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Dairo Antonio Úsuga habló de exgobernadores, congresistas, universidades y compañías petroleras que habrían engrosado las finanzas del Clan del Golfo a punta de porcentajes de contratos públicos.
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El candidato presidencial
Durante el 19 y 20 de abril pasados, en la sede de la Dijín en Bogotá, se realizaron las que podrían ser las dos últimas audiencias de Otoniel frente a la justicia colombiana, al menos durante un buen tiempo. Lo hizo a través de una plataforma de videollamada, al lado de su abogado, a la que también se conectaron abogados de víctimas de la firma Javier Villegas, del Colectivo Orlando Fals Borda, el procurador Alonso Pío Fernández y los magistrados de la JEP Alejandro Ramelli y Hugo Escobar. Consciente de que es posible que no vuelva a estar frente a los togados colombianos en un buen tiempo, Otoniel soltó la lengua. Además, entregó una lista de más de 30 personas que le habrían dado dinero de contratos públicos y se refirió a un candidato presidencial.
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Se trata de la cabeza del movimiento Colombia Piensa en Grande, Luis Pérez Gutiérrez, de raíces liberales, pero hoy candidato independiente a la Presidencia que, aunque no marca bien en las encuestas, sigue firme con sus aspiraciones electorales a la espera de concretar una alianza. Su nombre salió mencionado en el testimonio de Otoniel cuando le preguntaron si él tenía información sobre si políticos habían tenido nexos con grupos paramilitares. Su respuesta fue que sí. Que sabía de senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y gobernadores que tuvieron vínculos ilegales con él y hombres cercanos a las Agc (hoy conocidas como el Clan del Golfo).
Úsuga explicó que el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Luis Pérez fue cercano a un viejo conocido del mundo criminal: Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre. Según su testimonio, Pérez frecuentaba con cierta regularidad al narco, hoy preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Para 2008, un año antes de las supuestas reuniones con Pérez, Mi Sangre ya era referenciado por las autoridades como uno de los capos con más poder en el negocio de las drogas en el continente. López Londoño escaló en el mundo de las drogas a punta de alianzas y traiciones a sus allegados y se vio beneficiado con la muerte o captura de varios de ellos.
Mi Sangre fue socio de Daniel Rendón, alias Don Mario, y de Dúmar Guerrero, alias Carecuchillo. También de los hermanos jefes de la banda de los Urabeños, conocidos como los hermanos Úsuga (uno de ellos, precisamente, Otoniel). De la mano de todos ellos pasó a encabezar una de las facciones más poderosas de la Oficina de Envigado, sumida en una guerra que aún no termina. Igual trabajó con Miguel Arroyave, igual que (Dairo Antonio Úsuga), quien fuera jefe del bloque Centauros, y en el bloque Capital, otra facción paramilitar protagonista de uno de los capítulos más oscuros e impunes en la historia de la guerra en Colombia.
El relato de Otoniel ante la JEP incluyó una explicación: Luis Pérez no era cercano a las Agc, sino directamente de alias Mi Sangre, conocido como Salvador o Carlos Mario. Las reuniones, según el exjefe del Clan del Golfo, se habrían dado entre 2009 y 2010, casi cinco años después de que Pérez fuera alcalde de Medellín y cuando, según la hoja de vida del candidato presidencial, se desempeñaba como coordinador de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en Antioquia. Según la declaración, el hoy candidato presidencial no le brindó nunca apoyo militar ni financiero a Mi Sangre, sino que se trató de una ayuda en la coordinación de las andanzas del capo en Medellín, así como en la entrega de información.
Otoniel, además, explicó durante la audiencia que Pérez y Mi Sangre eran cercanos y que sus reuniones se dieron en el marco de una guerra entre los hombres del capo y los de la Oficina, en un contexto en el que la guerra la libraba para controlar las rutas del narcotráfico que habían quedado “huérfanas” con la extradición de alias Don Berna, en 2008, incluyendo enlaces y poder en Medellín. Frente a los señalamientos del hombre detrás del Clan del Golfo, el candidato Pérez le dijo a este diario que “es posible que lo haya conocido (a Mi Sangre) en el período de desmovilizaciones del presidente Álvaro Uribe. Nunca tuve una relación especial con él. No hay nada más que sepa de él”. Las desmovilizaciones de las Auc comenzaron en Medellín en 2003 y se extendieron hasta 2005, tiempo en que Pérez fue alcalde.
Jorge Noguera y el DAS
El DAS estaba a disposición de las autodefensas. Según fuentes que participaron virtualmente en la diligencia, esa fue la expresión con la que Otoniel resumió la estrecha relación que sostuvo el bloque Centauros con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La cercanía era tal, según el capo, que los paramilitares le habrían pagado un millonario soborno al director de la entidad en ese entonces para que nombrara a un directivo en Casanare que les fuera favorable. En el testimonio de esta semana, Úsuga mencionó con nombre propio a Jorge Noguera Cotes, director del DAS entre 2002 y 2005, condenado por las “chuzadas” y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis.
Al parecer, Jorge Noguera recibió un soborno de más de $300 millones (lo que hoy son casi $600 millones) para nombrar como director del DAS en Casanare a Orlando Rivas. El nombramiento de este hombre, que comenzó en la entidad como agente y fue escalando hasta llegar a ser subdirector departamental y luego director, habría sido una movida del bloque Centauros para asegurar su poderío en la región. Por esos días, el grupo paramilitar que comandaba Miguel Arroyave, alias Arcángel, estaba en guerra con el también paramilitar Martín Llanos por las rentas del narcotráfico y cientos de hectáreas de tierras. Y, según el testimonio de Otoniel, Rivas entró a reforzar uno de los bandos.
Otoniel aseguró que el DAS les ayudaba de varias maneras. Principalmente, brindándoles información de inteligencia a los paramilitares, pero también apoyo logístico. Por ejemplo, si miembros del bloque Centauros necesitaban pasar de Meta a Casanare, se movían en vehículos de la entidad, relató el jefe del Clan del Golfo a la JEP. Incluso, aseguró que él mismo se movilizó en camionetas del DAS y que hablaba mucho con Orlando Rivas, personalmente. Rivas es investigado en la JEP por su posible rol en los falsos positivos de Casanare. Exagentes que estuvieron bajo su mando han confesado que se inventaban información de inteligencia para justificar operativos militares en los que morían civiles.
Los generales
En sus declaraciones, Otoniel reiteró que altos mandos del Ejército tuvieron relaciones con él y con los grupos paramilitares por los que pasó. Si bien ya había mencionado el tema en el documento con el que pidió pista en la JEP -solicitud que fue negada en marzo-, esta semana ahondó en las acusaciones contra dos uniformados: el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, y el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Leonardo Barrero. Ambos son investigados por falsos positivos, y más recientemente Barrero fue mencionado en una investigación de la Fiscalía como una persona clave en la organización narcotraficante que lidera el fugado capo Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.
De Barrero, de hecho, fue de quien más habló. Supuestamente, hacia 2002, el general en retiro estaba en una posición de mando en Guaviare, pero los paramilitares del bloque Centauros pagaron una millonaria suma para que fuera trasladado a Casanare. Según Otoniel, el interés de que Barrero estuviera en la zona que controlaban él y sus hombres era porque el militar estaba en su nómina. Al parecer, a cambio de sobornos, quien luego fuera comandante de las Fuerzas Militares les avisaba a los paramilitares por dónde patrullaría el Ejército para que evitaran pasar por allí o les alertaba sobre información de inteligencia. Acusaciones muy similares a las que hay en contra de Barrero en el caso de Matamba.
En 2005, Barrero fue comandante de la Brigada 16, con sede en Yopal, y una de las unidades militares con más acusaciones de falsos positivos. En documentos conocidos por este diario reposa una declaración ante la JEP en la que él mismo fue enfático en decir que, mientras estuvo en ese cargo, “no se dio de baja a ningún cabecilla” de organización criminal alguna. Por otro lado, Otoniel señaló al general retirado Mario Montoya de recibir dádivas para asegurar el traslado de Barrero al Casanare, entre otros militares que les interesaban a las autodefensas. Como pago por el traslado de Barrero, supuestamente, Montoya habría recibido dinero y un apartamento blindado.
El abogado del general Montoya le explicó al diario El Tiempo que, aunque no conoce la declaración de Otoniel, recordó que “hubo una investigación por siete años al general Montoya y su familia. Bienes, cuentas, entre otros, y encontraron que no había irregularidad alguna”. Todas estas declaraciones fueron escuchadas no solo por los magistrados de la JEP, sino por el procurador Alonso Pío, los abogados de víctimas y el abogado de Otoniel, Camilo Santacoloma, quienes se conectaron de manera remota para poder contrapreguntarle al capo sin que los agentes que lo custodian pudieran escuchar.
La tajada de la contratación
Con documentos en mano, Dairo Antonio Úsuga habló de cómo su organización habría concretado negocios con más de 30 personas, entre políticos, empresarios, universidades y gobernadores. A la JEP le entregó una lista con los nombres de las personas que le habría entregado dinero de contratos públicos para engrosar sus bolsillos y mantener la organización criminal. El mismo Otoniel explicó que si bien muchos de esos “contratos” los consiguió entre 1990 y los primeros años de 2000, aclaró que todavía siguen vigentes varios de esos negocios que, en pocas palabras, consisten en que los mandatarios regionales le entregan al Clan del Golfo el 5 % de un contrato público (cuyo dinero, valga la aclaración, proviene del bolsillo de los colombianos).
Además de la lista, Otoniel aportó al expediente la copia de un contrato para mostrar que sí recibieron esa supuesta tajada del 5 %. En esa lista, pudo establecer El Espectador, el capo incluyó el nombre de tres exgobernadores de Casanare: William Hernán Peláez, quien estuvo en el cargo entre 2001 y 2003, pero luego fue inhabilitado por la Procuraduría e investigado por apropiación ilegal del erario y por supuestos vínculos con grupos paramilitares; Miguel Ángel Pérez Suárez, quien sucedió a Peláez en la Gobernación, en donde estuvo apenas un año, pues la Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2005 por haber recibido dinero de las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc).
Y el tercer exgobernador mencionado por Otoniel es Óscar Raúl Iván Flórez, quien llegó al cargo en enero de 2008, pero no terminó su período porque la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, por irregularidades en contratación. La mención de estos exfuncionarios, pero también la de un congresista activo, otros retirados, altos mandos militares y empresarios y universidades, tienen a la JEP preparando un documento para pedirles a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que investigue a las personas mencionadas por el jefe del Clan del Golfo.
El presidente Iván Duque ya firmó la resolución que avala el envío de Otoniel a Estados Unidos. A la fecha, su defensa no la ha impugnado, lo que quiere decir que es cuestión de días antes de que Úsuga esté montado en un avión rumbo al norte. Una vez la JEP compulse copias a la Fiscalía y a los entes de control sobre estos señalamientos, la decisión se convertiría en la primera que nace de una declaración de un hombre que ha conocido la guerra como pocos. Aunque en sus versiones menciona a personas que ya están en el ojo de las autoridades o que han sido cuestionadas por años, sus declaraciones podrían abrir un nuevo capítulo sobre los vínculos entre políticos, empresarios y grupos paramilitares.
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