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¿Qué compromiso asumirán los candidatos frente a la seguridad jurídica que el gobierno ha buscado darle?
El gobierno presentó al Congreso el proyecto para «adicionar un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final de paz» por los siguientes tres periodos presidenciales.
De haber ganado el Sí en el plebiscito, las 297 páginas habrían entrado al bloque de constitucionalidad. Como ganó el No, se inventaron una «fórmula menos compleja pero que, en todo caso, da seguridad jurídica y se constituye como garantía de cumplimiento de lo acordado».
En el afán por evitar lo inevitable, van a poner en la Constitución, vía fast track ilegítimo, que no solo el Ejecutivo, sino «todos los órganos y autoridades del Estado» deberán preservar «los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final». Aun si contradicen la naturaleza de su función, como ya hizo la Corte Constitucional, anticipándose a esta decisión, que normalmente los tendría indignados: «El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación». Cero control material, su juguete preferido.
Una vez aprueben ese artículo transitorio, le podrán decir al Fiscal General que por favor se calle porque sus «actuaciones» no guardan «coherencia e integralidad con lo acordado». Una norma que, si no fuera por su espíritu totalitario, sería risible.
Risible como la noción de las Farc según la cual el Acuerdo Final, AF, al ser depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna, adquiere un “innegable e irrevocable efecto jurídico”. Pese al No, el gobierno accedió a mantener el reconocimiento del AF como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, «para efectos de su vigencia internacional», añadieron en lo que llaman «nuevo AF».
De hecho, el gobierno se comprometió a hacer una declaración unilateral del
Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas para generar un documento oficial del Consejo de Seguridad. Protocolos con los que creen independizarse de la opinión del pueblo colombiano.
De modo que en el 2018, unos candidatos presidenciales dirán que el desarrollo constitucional y legal del acuerdo de paz con las Farc está bien y es intocable, y otros dirán que es necesario rectificar sobre la base de un pronunciamiento de la voluntad popular.
Qué rectificar del acuerdo será más importante que la discusión sobre si el acuerdo modificado después del No fue «nuevo» y si la refrendación del Congreso anuló el resultado de la refrendación popular del 2 de octubre. Si bien ahí está el meollo de la ilegitimidad que hace vulnerable el blindaje jurídico, se requerirá ponderación para no proponer rectificaciones sin medida y polarizadoras.
Dependiendo del avance de las conversaciones con el Eln será más o menos evidente que darles lo mismo que a las Farc (o más, vista la amplia agenda), enajenaría el rumbo del país. Será el momento de poner a consideración del electorado un marco de política de Estado para los acuerdos de paz, no sometido al chantaje de la violencia ni a la condición de rehén político, que se legitime de modo inequívoco mediante un referendo con varias preguntas (para no seguir el ejemplo del plebiscito con umbral rebajado). @DanielMeraV
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