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En menos de 24 horas, los procesos judiciales en contra de tres exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro pusieron a los otrora hombres cercanos al jefe de Estado a solo un paso de ser llamados a juicio. La Fiscalía General de la Nación radicó los escritos de acusación en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exjefe de la cartera de Interior, Luis Fernando Velasco; y el excanciller, Álvaro Leyva Durán, envueltos en dos de los escándalos de corrupción más sonados del gobierno actual. En las próximas semanas, los exfuncionarios deberán ir ante la Sala Especial de Primera de Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual se oficializará el llamado a juicio contra ellos.
La primera acusación que radicó la Fiscalía fue el miércoles 8 de abril, contra los exministros Bonilla y Velasco. Ambos están siendo investigados dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La segunda fue al día siguiente, el jueves 9 de abril, cuando fue radicado el escrito de acusación en contra de Leyva Durán, investigado como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, dentro del sonado caso del contrato para la producción de pasaportes colombianos.
Por partida doble, los casos en contra de los exministros del gobierno Petro comprometen recursos públicos. El expediente de la Ungrd ha salpicado a altos funcionarios y congresistas por un entramado que, según lo que han revelado las investigaciones, habría comprado la venia del Congreso para los proyectos del Ejecutivo, a cambio de contratos y coimas. Por otro lado, el caso de los pasaportes indaga si el excanciller Leyva Durán hizo o no movidas irregulares para trabar la asignación de un millonario contrato a la firma Thomas Greg and Sons para garantizar el funcionamiento del sistema de pasaportes del país. En los dos casos, los exfuncionarios del Gobierno Nacional han negado su responsabilidad y ninguno ha aceptado cargos.
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Bonilla, Velasco y el entramado de la Ungrd
Los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son hasta ahora los exfuncionarios de más alto nivel del gobierno Petro vinculados al proceso penal por el desfalco a la Ungrd. Según la Fiscalía, ambos habrían hecho parte de una “organización delincuencial” cuyo objetivo era comprar al Congreso de la República para destrabar algunos de los proyectos claves del gobierno Petro, como la reforma pensional, la reforma a la salud y algunas operaciones de créditos internacionales. En esa empresa ilegal, dice la Fiscalía, los exfuncionarios habrían ofrecido la entrega de contratos por más de COP 612.000 millones de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La acusación radicada por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia y conocida por El Espectador señala que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Bonilla y Velasco “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias”. Fue en el marco de ese “pacto criminal” que habrían acordado con congresistas el pago de coimas y el direccionamiento de contratos, en una operación de la que también hicieron parte Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y ya condenados por su participación en el mismo entramado de corrupción.
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“La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González se desempeñaron como ministros de despacho, esto es, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por COP 571.701 millones y cinco proyectos en la Ungrd por COP 40.536 millones para un total de COP 612.237 millones, de los cuales se concertaron siete proyectos”, reza la acusación.
La Fiscalía argumenta que los exministros hicieron parte de un entramado ilegal en el cual cada uno de ellos tenía funciones claramente definidas. “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, dice la acusación. Detalla además que Velasco le habría ordenado a Olmedo López asistir a un debate de la Comisión Séptima del Senado “con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías”.
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El documento revela que los congresistas que habrían comprado debían “ponerse a disposición” de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, una ficha clave del Gobierno para evitar que se hundiera la reforma pensional. En ese marco, dice el ente investigador, el 13 de junio de 2023 López y Peralta se encontraron en el Congreso para, al parecer, acordar la entrega de contratos a otros parlamentarios como Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), también salpicada en el escándalo de corrupción. En esa sesión se habría fraguado la entrega de cuatro proyectos: uno en Puerto Concordia (Meta), otro en Aguazul (Casanare), uno más en Mistrató (Risaralda) y otro en La Guajira. Todos superaban los COP 12.395 millones.
Capítulo aparte merece el caso del Invías, que salió a la luz pública en la imputación contra los exministros en diciembre de 2025. Según la Fiscalía, Velasco y Bonilla “coordinaron la gestión de proyectos” que eran de interés para congresistas de la Comisión Primera del Senado y que, al parecer, eran representados por el congresista Julio Elías Chagüi Flórez. Según el ente investigador, fue María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave del expediente, quien se reunió con Chagüi para coordinar la asignación de tres proyectos en Córdoba, en los municipios de Lorica, Los Córdobas y Tierralta. Los jugosos contratos sumaban COP 15.700 millones.
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Según la Fiscalía, el saqueo al erario público habría sido, en total, de COP 612.000 millones: COP 571.000 millones en proyectos del Invías y COP 40.000 millones en contratos de la Ungrd, que habrían ido a parar a manos de congresistas de las comisiones mencionadas y también de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC). Bonilla y Velasco han negado desde el inicio su responsabilidad en estos hechos. Incluso, el propio presidente Petro ha dicho en redes sociales que es “arbitrario” que exfuncionarios de su gobierno, de tan alto nivel, estén implicados en un caso de corrupción de ese talante. Un expediente que, incluso, tiene tras las rejas a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
El mismo 7 de abril, cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de los exministros Bonilla y Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá le otorgó la libertad por vencimiento de términos al exjefe de la cartera de Hacienda, argumentando que el ente investigador se había excedido en los plazos para radicar la acusación. Incluso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó iniciar una actuación disciplinaria para investigar a los fiscales del caso y las circunstancias que rodearon la orden de poner en libertad al exfuncionario. El próximo 29 de abril, a partir de las 8:15 de la mañana, los exfuncionarios del gobierno Petro tendrán que atender la audiencia de acusación en su contra.
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Leyva y el escándalo de los pasaportes
Otro exfuncionario del gobierno Petro que esta semana recibió la noticia de que será llamado a juicio es el excanciller Álvaro Leyva Durán, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. Su caso está relacionado con el escándalo de los pasaportes, por una invitación pública que ganó la firma Thomas Greg and Sons pero que, según la Fiscalía, el exfuncionario habría torcido por medio de tres órdenes administrativas. El expediente no solo lo tiene a poco de sentarse en el banquillo de los acusados sino que también le mereció ya una sanción de destitución e inhabilidad por diez años, emitida por la Procuraduría General de la Nación en noviembre de 2024.
El 9 de diciembre de 2025, el exministro Leyva Durán fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Para la Fiscalía, el excanciller habría emitido tres actos administrativos para “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación” al frente de la Cancillería y desviar el proceso de contratación para la producción y distribución de pasaportes colombianos. En septiembre de 2023, el jefe del Palacio de San Carlos declaró desierta una licitación para un jugoso contrato de COP 559.000 millones, que buscaba asegurar el funcionamiento del sistema de pasaportes hasta julio de 2026. Esto, pese a que a la convocatoria sí se presentaron oferentes y que un comité había recomendado entregarle el contrato a Thomas Greg and Sons.
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Según Leyva, funcionarios a su cargo habrían hecho movidas irregulares para que la mencionada empresa se quedara con el contrato. En respuesta a eso, sostiene el exfuncionario, él buscó “garantizar la pluralidad” declarando desierta la primera licitación y ordenando rehacer el proceso. Para la Fiscalía, Leyva Durán tenía pleno conocimiento de que la oferta presentada por la Thomas Greg and Sons cumplía con todos los requisitos. Además, su equipo de trabajo le había aconsejado seguir adelante con la asignación del contrato, pero Leyva Surán hizo caso omiso. “Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”, señaló el ente investigador sobre la actuación de Leyva.
La imputación contra Leyva Durán señala que, además de haber emitido una orden arbitraria, el exfuncionario no pudo sustentar de forma suficiente las razones por las que declaró desierta la licitación. “La resolución debía contar con una argumentación suficiente, misma que se echa de menos en la resolución. Su arbitraria determinación provino de un acto puro y subjetivo de autoridad que declaró desierta la licitación. Se hizo con absoluta voluntad y conocimiento”, indicó la Fiscalía. Esa orden del excanciller fue respondida por parte de Thomas Greg and Sons con un recurso de reposición que fue rechazado el 14 de septiembre de 2023 desde el despacho de Leyva Durán sin mayor explicación.
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La Fiscalía sostiene que haber rechazado ese recurso, sin argumentos claros y solo un día después de haber declarado desierta la licitación, da cuenta de que Leyva Durán “actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder”. Y, como si fuera poco, el mismo día en el que la Cancillería rechazó el recurso de reposición de Thomas Greg and Sons, desde el despacho de Leyva Durán se emitió una tercera orden administrativa decretando la urgencia manifiesta. Una decisión que no solo dejó de plano por fuera de la licitación a la empresa, sino que le dio a la Cancillería las facultades necesarias para solucionar el problema del sistema de pasaportes por medio de una contratación directa.
“Con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni de los beneficiados para ese momento”, señaló la Fiscalía. El excanciller se ha defendido diciendo que todo se trata de “una persecución atroz” del gobierno Petro, por sus revelaciones públicas sobre un problema del jefe de Estado con las drogas. Incluso, luego de ser notificado de que el 23 de abril, a las 3:00 de la tarde, será acusado, el excanciller emitió un pronunciamiento en el que se reafirmó en su postura. “Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución que yo mismo ayudé a redactar y, por buscar la igualdad, obré con dolo. El mundo al revés”, escribió el exministro. Pero eso lo determinará la justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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