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El nuevo puente Chirajara, el que construyó Coviandes para reemplazar el que se desplomó en enero de 2018, ya está listo. Pero, como informó este diario, no se podrá habilitar porque no tiene conexión con el resto de la vía debido al daño en otras dos infraestructuras (un túnel y un puente). Por esas afectaciones, los usuarios hoy tampoco pueden disfrutar de cinco kilómetros de doble calzada, incluyendo cinco túneles y algunos viaductos.
La noticia no es alentadora para los viajeros de la vía al Llano, que ha sido protagonistas de incontables desgracias. La última fue el choque y explosión de un carrotanque en el túnel de Quebrada Blanca.
Lo más preocupante es que los trabajos que permitirán que Chirajara entre en servicio no han arrancado y no tienen fecha de inicio. Lo único claro es que falta tiempo para que los colombianos puedan transitar por los 421 metros del puente: los análisis que hasta ahora se han hecho, según fuentes consultadas por este diario, muestran que reconstruir la parte afectada del túnel que está dañado, la solución para el puente que se desplomó y las obras de mitigación necesarias en el kilómetro 58 se tardarían, como mínimo, dos años.
¿Quién debe pagar las obras? Esa es la pregunta del millón. Y, ante la falta de una respuesta contundente, la puesta en servicio de Chirajara se ve cada vez más lejos.
Para entender el meollo del asunto hay que aproximarse, aunque sea brevemente, a las marañas legales. El Espectador conoció que la Agencia Nacional de Infraestructura pidió que se anule un laudo de noviembre de 2023 en el que, por lo menos para Coviandes, quedaba claro que la Nación era la que debía buscar los recursos para las obras dañadas.
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Érase una vez un laudo
Un laudo arbitral de noviembre de 2023 resolvió varias controversias contractuales entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandes.
Inicialmente, la concesión solicitó que se anularan dos resoluciones (una 2019 y otra de 2021) con las que la Agencia le impuso sanciones por incumplir el contrato de concesión, en particular, porque Chirajara no se entregó en la fecha establecida. El tribunal le dio la razón al privado y argumentó que para el momento en el que se expidieron las resoluciones ya existía un contrato de transacción en el que se estableció un nuevo plazo de entrega.
En el proceso, la ANI contrademandó (demanda de reconversión). Entre otras cosas, la entidad dijo que problemas en los estudios, diseños y construcción del túnel 13 (que hoy es uno de los obstáculos para que Chirajara se ponga en servicio) causaron la inestabilidad y los derrumbes en el sonado kilómetro 58, un punto complejo de la vía que los usuarios recordarán por los cierres, en particular los de 2019.
La Agencia sostuvo, a su vez, que la inestabilidad en ese punto afectó el túnel 13 en 200 metros (en total tiene 700) y el puente Quebrada Seca (que conecta el túnel 13 y el túnel 14). En pocas palabras, que Coviandes era el responsable de esos daños y debía asumirlos. Al respecto, el privado defendió que los daños se deben a problemas de estabilidad en ese punto y al derrumbe en la ladera.
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El tribunal analizó los argumentos y estudios de terceros que entregaron las dos partes y concluyó que la inestabilidad en el kilómetro 58 se debe a varias causas (geológicas, geotécnicas, sísmicas), principalmente a la hidrológica y que esa inestabilidad fue la que causó los daños en el túnel y en el puente. En resumen, que Coviandes no es el responsable.
Sin embargo, los árbitros concluyeron que, como el túnel 13 y el puente no se pueden poner en funcionamiento y, por ende, no se cumpliría con el objeto del contrato, la Agencia no está obligada a recibir las obras en su estado actual. Hace dos semanas, William Camargo, ministro de Transporte, dijo a este diario que ese punto, en el que el tribunal les dio la razón, “confunde” a la cartera y advirtió que se “apegarían a los mecanismos de defensa legales”.
Chirajara sigue en el “nudo”
La Agencia Nacional de Infraestructura interpuso un recurso extraordinario de anulación que tendrá que resolver el Consejo de Estado. También solicitó que se suspendan los efectos de la decisión hasta que se resuelva.
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La entidad sostiene, entre otras cosas, que el tribunal no tenía competencia para resolver las pretensiones de anulación de las dos resoluciones. La Agencia argumenta que en el contrato de transacción de noviembre de 2018 Coviandes renunció a “presentar cualquier reclamación” derivada de la no entrega oportuna del viaducto Chirajara y que, justamente, los actos administrativos se derivaron de ese hecho.
También señala que no se falló en derecho. La entidad dice que nunca se amplió el plazo contractual para la construcción del puente, aunque en el contrato de transacción se establecieron condiciones para la entrega del nuevo Chirajara, que al final fue de voladizos sucesivos y no atirantado. Además, según la ANI, en el contrato de transacción se aclaró que el proceso administrativo sancionatorio por la no entrega del puente a tiempo podía seguir su curso.
Finalmente, la Agencia argumentó que el laudo contiene disposiciones contradictorias, en particular, al afirmar que Coviandes no tiene responsabilidad en los deslizamientos del kilómetro 58, pero que para entregar las obras estas deben estar funcionales, que no es el caso del túnel 13 y el puente Quebrada Seca.
Un abogado experto en infraestructura, que pidió no ser citado en este artículo, explicó que el recurso de anulación no funciona como otra instancia judicial para revisar la situación de fondo (como en los procesos ordinarios), sino que se interpone por presuntos vicios procesales. Si se concluye que sí hay vicios, el Consejo de Estado debe dictar una nueva sentencia.
Actualmente, una decisión de ese tipo, dice el experto, puede demorarse entre ocho meses y un año y medio. En caso de que no avancen los trabajos hasta que haya una respuesta, la habilitación de Chirajara podría demorarse años, considerando el tiempo que puede tomar la ejecución de las obras.
No se puede predecir en qué quedará el laudo, pero vale poner sobre la mesa lo que dijo en su momento Néstor Anyelo Martínez, presidente delegado de la veeduría de la vía al Llano: mientras se resuelven los pleitos, la comunidad paga los platos rotos.
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