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Tras un mes de mutismo entre las partes interesadas, parece que el proyecto de resolución que apunta a fijar nuevos lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá comenzará una nueva etapa de concertación. Con la orden del Tribunal de Cundinamarca de reiniciar el proceso de formulación de los lineamientos, el Distrito y el Ministerio de Ambiente parecen estar listos para instalar nuevas mesas de diálogo.
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Si bien la cartera de Ambiente interpuso una tutela para anular la decisión del Tribunal, la instrucción desde la entraña del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es la de acelerar el trámite sin importar el resultado de la tutela. “La resolución va, concertada, pero va”, dijo el jefe de Estado el miércoles, en el Consejo de Ministros televisado.
Por su parte, el Distrito emitió un comunicado, que no contó con la presencia de medios de comunicación, a pesar de haberlos citado inicialmente. En su salida al público, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, y la de Planeación, Úrsula Ablanque, anunciaron una reunión en el Ministerio que, en efecto, se llevó a cabo este viernes. Las representantes de la Alcaldía llevaron como eje central de su agenda la propuesta de una nueva metodología para elaborar los lineamientos desde cero, como lo estipuló el Tribunal el 14 de marzo. No obstante, la previa de la reunión dejo ver que el trámite será un proceso lento que no estará exento de choques y requerirá mucha paciencia.
Para empezar, la cita a la que asistieron Soto y Ablanque no contó con la presencia de la ministra de Ambiente, Lena Estrada. Justo a esa hora, la funcionaria presidía una rueda de prensa, en la que compartió el último balance de deforestación. Sin embargo, durante ese mismo espacio, aprovechó para decir que había “actores externos, con intereses económicos, que estarían dilatando el proceso” relacionado con los nuevos lineamientos ambientales de la sabana. Asimismo, dejo en claro que la concertación será larga, pero que se hará en las diversas unidades territoriales de la región.
Mientras esto ocurría, las secretarias del Distrito dialogaban con el encargado de ordenamiento territorial del Ministerio. Al final, compartieron un balance positivo de la jornada. “Tuvimos una reunión muy amable y productiva con el director de Ordenamiento Territorial, ante el cual la administración presentó una propuesta metodológica que nos ayude a construir coordinadamente estos lineamientos ambientales. Esperamos que sea la primera de varias reuniones para construirlos conjuntamente”, dijo Adriana Soto.
Empero, lejos del optimismo del Distrito, crecen reparos de expertos, activistas y funcionarios cercanos al proyecto de resolución original. Para ellos, la iniciativa del Distrito es una forma de imponer sus lineamientos sobre la situación del territorio sabanero, que ya construyó el Ministerio de Ambiente y el cual motivó la demanda que obligó a reiniciar todo el proceso.
Los argumentos de las partes
Para visualizar, al menos, una parte de lo que será el debate se debe regresar al origen que motivó la demanda ante el Tribunal de Cundinamarca y el fallo posterior. El 3 de marzo, luego de 30 mesas de trabajo, en las cuales no se sabe exactamente cuál fue la participación de actores como la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y las administraciones de los municipios de la región, el Ministerio publicó un proyecto de resolución sobre las nuevas directrices ambientales que se impondrían en la región. La idea era que los interesados hicieran comentarios al borrador, antes de su expedición. Esto tomó por sorpresa al gobierno distrital, en cabeza de Carlos Fernando Galán, quien, al conocer en detalle el documento, se quejó por la falta de concertación, así como por sus ambigüedades normativas y técnicas.
Un día después de la publicación, el mandatario distrital convocó a una rueda de prensa en la que anunció los posibles efectos de los lineamientos sobre proyectos claves de infraestructura para Bogotá y la sabana, como la ampliación de la autopista Norte y la construcción de la PTAR Canoas. Asimismo, dijo que unas 300 viviendas ya construidas en zonas que la resolución asignaba como territorio de humedales podrían ser removidas debido a la nueva norma. A esto se sumó otra arista: la crítica de algunos expertos sobre las posibles inexactitudes geográficas del mapa que fijaba las zonas de protección, donde se incluían sectores ya construidos, lo cual podría afectar la interpretación del decreto.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Ambiente se defendió. Por un lado, aclaró que la resolución no tendría efectos retroactivos sobre Planes de Ordenamiento, planes parciales u obras que contaran con licencia ambiental y ya estuvieran en construcción. Y sobre los mapas, Andrés Ramírez, coordinador del Equipo Sabana de Bogotá del Minambiente, indicó que se hizo así porque se puede apreciar “la existencia de una geoforma susceptible a la inundación”. Es decir, al ser zonas residenciales asentadas sobre antiguos humedales, corren el riesgo de inundarse. Por consiguiente, las acciones de la resolución respecto a estos suelos apuntarían a la mitigación del riesgo y la protección de los cauces, mas no a la reconstrucción de los municipios.
Luego de este rifirrafe entre Distrito y nación llegó la orden del Tribunal, la cual tiene a las partes buscando caminos para definir el futuro de los lineamientos. De entrada, lo primero es conocer si el Ministerio acepta o no la metodología que le propuso el Distrito. A partir de ahí, el paso a seguir será discutir el tema de las escalas, la definición de zonas intocables y de conservación, así como los eventuales trámites de licenciamiento ambiental.
Los posibles choques
El hecho de que la secretaria de Ambiente hoy diga que comparte la visión sobre el futuro de la sabana parece contradictoria, dadas las discusiones previas a la demanda que radicó el Distrito contra el proyecto de resolución original, la cual obligó a empezar todo de cero. Y llama más la atención que, al menos, en esta primera reunión con el Ministerio no se mencionaron las diferencias sobre la escala de los mapas ni la posible afectación a las viviendas de Bogotá ya construidas, como se hizo al principio. Frente a esto, Alejandro Cabrera, abogado especialista en derecho medioambiental, dice que el tono conciliador en esta etapa será clave, pero no podrá resolver el conflicto venidero.
“Ya se ha aclarado que los efectos de la resolución no son retroactivos, y puede que el Distrito haya reculado en sus primeras afirmaciones, pero lo más álgido de la discusión, sin duda, será el tema de las licencias ambientales de los proyectos que todavía no las tienen y de qué forma los lineamientos podrían cambiar el trámite e, incluso, endurecerlo”, explica. En este sentido, saltan a la vista dos proyectos claves, sobre todo para Bogotá: la ampliación de la autopista Norte y las líneas Chivor y Sogamoso, para ampliar la capacidad eléctrica de la capital. Ambos proyectos siguen estancados por falta de licencia ambiental. En caso de que no obtenerla antes de la resolución, lo más probable es que deban tramitarla bajo la nueva regla.
Otro aspecto que tocará fibras sensibles será el de la formulación de nuevos planes parciales para urbanizar. En efecto, la resolución reducirá al mínimo los permisos de expansión, tanto para Bogotá como para los municipios aledaños, lo cual tocará el bolsillo al gremio de la construcción. Aquí, la apuesta por una densificación, que pueda proveer de soluciones de vivienda en suelos ya consolidados, será fundamental para desatascar el debate. Del mismo modo, el experto resalta que los aspectos más fáciles de esgrimir recaen en la escala de la cartografía; la inversión en reforestación y conservación ambiental —todos los gobiernos tienen acciones encaminadas a este propósito en sus agendas—, y los planes de mitigación para emergencias asociadas al cambio climático, como los incendios forestales y las inundaciones.
El viernes comenzó la recta final de este proceso. La nación y las administraciones locales deberán demostrar que pueden llegar a un acuerdo en menos de un año, cuando termina el gobierno actual. Aunque el objetivo del Ministerio de Ambiente es expedir la resolución a toda costa, en especial por la erosión ecosistémica de la sabana, no hay nada más engorroso que una mala concertación. Sobre todo cuando, sea cual sea el final, serán las autoridades locales las encargadas de aplicar las nuevas reglas, que apuntan a frenar el deterioro de este territorio de praderas, bruma y humedales.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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