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De los cinco grupos armados con los que el presidente Petro anunció un cese al fuego bilateral minutos antes del Año Nuevo, el 31 de diciembre pasado, quedan tres cumpliendo el compromiso. El domingo 19 de marzo el propio presidente Petro anunció la suspensión del cese con las AGC o Clan del Golfo de la misma forma en la que había anunciado el inicio de esa tregua hace 78 días: por Twitter. Esa suspensión, sumada a que la guerrilla del ELN desde el 3 de enero dijo que no había pactado ningún cese con el Gobierno todavía -aunque el tema será objeto de discusión en el próximo ciclo de conversaciones en La Habana-, deja el cese al fuego vigente solo con las dos disidencias de las extintas FARC, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, y con el grupo heredero del paramilitarismo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
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Cese al fuego con el Clan del Golfo: una ilusión de 78 días
La determinación no se tomó a la ligera, ni fue sorpresiva. Durante toda la semana el mismo presidente envió mensajes en los que dio pistas sobre el camino por el que terminó decantándose. Sus declaraciones estuvieron enmarcadas en las acciones violentas que han ocurrido en medio del paro minero en el Bajo Cauca, que no solo mantiene en toque de queda a varios municipios de Antioquia, sino que contribuyó al corte del acueducto en varias zonas, un peaje y varios automotores quemados, y en el desabastecimiento de alimentos. Aunque el Clan del Golfo ha rechazado que sea responsable, el Gobierno asegura tener pruebas para demostrar lo contrario.
Pese a que la difícil situación de orden público alcanzó momentos de tensión durante la semana pasada, lo que realmente terminó rebosando la copa del presidente Petro fue un ataque con fusil a una camioneta del Ejército que se movilizaba por la Troncal de Occidente, en medio de labores de patrullaje a caravanas de camiones y buses de servicio público que, si no fuera por esos acompañamientos de seguridad, no podrían movilizarse. Precisamente, bajo este contexto de orden público, el pasado 19 de marzo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que fueron incinerados cuatro vehículos de carga y dos buses entre Yarumal y Tarazá, en la misma vía donde ocurrió el ataque a la patrulla.
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El Clan del Golfo insiste en que detrás de estos eventos está el ELN y que su organización ha cumplido con el cese al fuego, como muestra de su voluntad por negociar con el Gobierno, en medio de su política de “paz total”. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró en la noche del domingo que tiene pruebas “fehacientes” de que la responsabilidad sí es del grupo descendiente del paramilitarismo. Si bien el contexto del paro minero y de los hechos violentos que han ocurrido llevaron a que el presidente ordenara la reactivación de todas las operaciones militares, lo cierto es que desde enero del año pasado organizaciones sociales han advertido que el Clan del Golfo no cumplió con su palabra.
Una de ellas es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Desde el 31 de diciembre de 2022 la organización les puso la lupa a los hechos de orden público para determinar si los grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, estaban cumpliendo con su palabra de no solo no atacar a la Fuerza Pública, sino de no seguir atentando contra la sociedad civil. En ninguno de los casos, se lee en los reportes, las agrupaciones cumplieron. Para centrarnos en el caso que ocupa la atención de la opinión pública en estos momentos, Indepaz ha registrado 11 hechos violentos que involucran al Clan del Golfo, entre enero y febrero, en los que se habría incumplido y afectado el cese al fuego.
En seis de esos casos los enfrentamientos afectaron a la población civil (afectación al cese de hostilidades), mientras que en cinco los hechos ocurrieron entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo (un incumplimiento directo del cese al fuego). En su investigación, Indepaz aclara que pueden ser más los eventos de orden público en los que se habría violado el cese al fuego, pero estos todavía están en verificación por parte de sus investigadores, y en sus cifras todavía no están contabilizados los hechos ocurridos durante marzo en el marco del paro minero. En otras palabras, las cifras podrían ser mucho mayores y una prueba irrefutable de que, pese a la decisión de Petro, el cese nunca se cumplió. Y mucho menos en la zona que, históricamente, ha sido la retaguardia del Clan del Golfo.
Aunque un sector de la opinión pública celebró la posición del Gobierno, lo cierto es que la lucha violenta con este grupo genera, de nuevo, la incertidumbre sobre los coletazos que esta decisión pueda traer, especialmente sobre la sociedad civil. También quedan dudas acerca de qué pasará con las negociaciones a un sometimiento a la justicia de este grupo, el más grande e importante del país, en momentos en que los acercamientos con el alto comisionado para la Paz eran un hecho. Pese a estos inciertos escenarios, el Clan del Golfo señaló, en un comunicado, que continúa con su “disposición de paz. Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes para superar los impasses que se están presentando”.
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En todo caso, la Fuerza Pública quedó lista para atacar. En la noche del domingo pasado, en una declaración en la que participaron toda la cúpula y los ministros del Interior y Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Fernán Giraldo Bonilla, fue incisivo. En vivo y en directo les dio la orden a sus hombres para que desarrollen “operaciones ofensivas y decisivas contra el Clan del Golfo. Es decir, que en todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado se llevarán operaciones ofensivas, en coordinación con la Policía. Le seguiremos cumpliendo al país, doblegando la capacidad de lucha de este grupo ilegal”. Una declaración de guerra en tiempos en los que la “paz total” sigue dando de qué hablar.
El estado actual del proceso con los demás grupos
La suspensión del cese al fuego con las AGC o Clan del Golfo llegó al cierre de la misma semana en la que el presidente había anunciado el inminente inicio de una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, la disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Mordisco. El lunes 13 de marzo se conoció que la Fiscalía General había accedido a levantar las órdenes de captura a 19 integrantes de esa estructura armada, lo cual destrababa el proceso con ese grupo. El paso a seguir era que más de una decena de mandos medios de la estructura se movilizarían desde Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio y Cauca, así como de cárceles en Jamundí, Popayán, Villavicencio y Bogotá hasta algún punto entre Caquetá y Meta para una “cumbre de mandos”, en la que elegirán a sus representantes en los diálogos oficiales con el gobierno Petro. En los próximos días se conocerán esos nombres, así como los de quienes representarán en esa mesa al Gobierno.
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Poco más de un mes antes, el 8 de febrero de este año, el Gobierno y esa disidencia de las extintas FARC habían anunciado la firma del protocolo de cese al fuego, el único que existe oficialmente con alguno de los grupos incluidos originalmente en el cese bilateral anunciado por el presidente. El documento, firmado por Danilo Rueda, comisionado de Paz, y por Andrey Avendaño, delegado del EMC, creó el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), integrado por representantes del Gobierno, de la Fuerza Pública, del EMC, de la sociedad civil y de la Iglesia. Allí se determinaba también que ni el Gobierno ni el EMC pueden terminar el cese al fuego sin haber discutido el evento causante del rompimiento con su contraparte.
“Lo que sucedió con las AGC (o Clan del Golfo) es un campanazo de alerta a lo que puede suceder con el Estado Mayor Central y específicamente con su Comando Coordinador de Occidente, que es el actor que más ha violado el cese al fuego”, sostiene Leonardo González, del Observatorio de DD. HH. de Indepaz. Y es que el monitoreo de esa organización registró 44 hechos violentos que involucraron al EMC entre enero y febrero; 26 de esas acciones fueron contra la Fuerza Pública (incumplimiento del cese al fuego) y 18 afectaron a la población civil (afectación al cese de hostilidades).
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Sobre los avances en el proceso con la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, se han conocido pocos detalles, más allá de que el comisionado de Paz ha confirmado que con ese grupo también habrá mesa de negociación como la que se instalará con el EMC. De hecho, el fiscal general, Francisco Barbosa, ya confirmó que es viable jurídicamente negociar con esa estructura y que si el presidente solicitara levantar órdenes de captura a algunos de sus miembros, esa entidad respondería afirmativamente. Así le puso fin a la discusión sobre el tratamiento que recibiría este grupo, que en su mayoría firmó el Acuerdo de Paz de 2016, pero se rearmó en 2019.
Aun menos detalles se han conocido sobre los avances que hay a la fecha con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, más allá del hecho de que esa estructura ha cumplido con el cese al fuego bilateral con la Fuerza Pública, en medio de la guerra que mantiene con el Clan del Golfo en esa región del país, entre Magdalena y La Guajira.
Por último, el proceso con el ELN es el más avanzado. El pasado 10 de marzo, al cierre del segundo ciclo de diálogos en México, las partes dieron a conocer la agenda definitiva de negociación que contiene seis puntos: participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado y plan general de ejecución de los acuerdos. Ese mismo día, ambas partes anunciaron avances relativos al cese al fuego bilateral, los que terminarán de afinar en Cuba. Aseguraron que esa tregua tomará como referencia el cese al fuego bilateral temporal y nacional de 101 días que se hizo en 2017 y que las partes han pactado ya “un diseño básico de cese que será temporal con vocación de continuidad, bajo evaluación conjunta, que iniciarán con un cese recíproco de actividades ofensivas, manteniendo las defensivas, con un mecanismo de monitoreo y verificación”.
Se espera que al cierre del tercer ciclo de conversaciones, que se instalará en La Habana en las próximas semanas, haya un anuncio concreto en esta materia.
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