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La paz en Colombia, entendida no solo como el fin del conflicto armado, implicará la superación de los altos niveles de desconfianza que la corrupción ha generado entre actores públicos, privados y sociales en todo el país. Y para esto será necesario alcanzar mayores niveles de transparencia que favorezcan una mejor inversión de los recursos públicos y, por lo tanto, unas condiciones de calidad de vida y equidad que contribuyan a la estabilidad política, económica y social de los ciudadanos.
Es una de las principales conclusiones del Tercer Informe presentado por la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción (CNCLCC), presentado hoy y en el que se hace un balance de los avances, recomendaciones y retos de políticas, programas y medidas adoptadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos durante el cuatrienio 2010-2014 para combatir la corrupción, todo ello en la perspectiva de su segundo mandato.
El informe reitera la importancia de la transparencia para el éxito de un eventual escenario de posconflicto, por lo que considera necesario definir mecanismos de control y seguimiento a los recursos nacionales e internacionales que se destinen para la implementación de las políticas y los programas que se desprendan tras la firma de un eventual acuerdos de paz con las Farc, que se estiman entre el 18% y el 20% del Presupuesto Nacional como mínimo en los próximos 20 años.
Para Elisabeth Ungar, Secretaria Técnica de la Comisión Ciudadana, se debe mejorar la vigilancia en la ejecución de recursos económicos para un eventual escenario de posconflicto. "El país debe garantizar la transparencia en el funcionamiento de la justicia, vencer la impunidad asociada a actos de corrupción, y fortalecer los canales de denuncia de tal manera que la corrupción no impida lograr la transformación que el país requiere para alcanzar la paz".
En este sentido, el estudio sugiere que el país requiere mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Sistema Judicial y los órganos de control, sin lo cual la corrupción seguirá avanzando mucho más rápido que la capacidad del Estado para prevenirla y sancionarla. Y en este sentido, considera prioritario establecer un plan de acción, por ejemplo, orientado a minimizar los riesgos de corrupción en la financiación de las campañas para las elecciones territoriales de 2015 y en general, durante el proceso electoral del nivel territorial del próximo año.
Del mismo modo, advierte que es necesario lograr finalmente una regulación al ‘lobby’ en el Congreso para asegurar que este se realice en un contexto de máxima publicidad y transparencia; generar normas que fortalezcan de manera decidida la rendición de cuentas en el Ejecutivo, el Sistema Judicial, la Rama Legislativa y los órganos de control estatales; y hacer más transparente el uso de recursos públicos y privados de los partidos y movimientos políticos, tanto para su funcionamiento como para las campañas electorales, en particular mediante una implementación adecuada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.
La Comisión Ciudadana también recomienda promover cada vez más la corresponsabilidad del sector privado en la prevención y lucha contra la corrupción, mediante acciones tanto de autorregulación, como a través de medidas de sanción, y dar continuidad a los compromisos internacionales que apoyan esfuerzos de transparencia y lucha contra la corrupción en el país, como la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, la Alianza para Gobierno Abierto y el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Y es que si bien en los primeros cuatro años del gobierno Santos hubo avances y se impulsaron herramientas importantes como el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción contenida en el Documento CONPES 167, aún falta mucho por hacer y todavía es fortalecerlas y ponerlas en marcha para alcanzar resultados contundentes, especialmente en sectores como salud, educación, minería, agua potable y saneamiento básico, y en ámbitos propensos a la corrupción, como la contratación pública o el manejo de las nóminas de servidores públicos
En particular, la Comisión considera que la lucha contra la corrupción debe ser uno de los asuntos centrales de la agenda de gobierno no solo porque es necesario darle continuidad a lo realizado hasta ahora, sino también, porque la transparencia es indispensable para el éxito de las metas que se ha trazado en materia de educación, equidad y paz. "Y el inicio de un nuevo gobierno genera una oportunidad única para que el Gobierno nacional visibilice de manera clara y amplia cuáles fueron los compromisos asumidos con distintos sectores políticos para la reelección del presidente Santos y bajo qué figuras se materializarán", señala el documento.
La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción (CNCLC) es la instancia creada por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, con el propósito fundamental de contribuir desde la sociedad civil a hacer seguimiento a las políticas, programas y acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno para la prevención, control y sanción de la corrupción. Sus miembros son designados por el presidente de la República por un periodo de cuatro años.
Actualmente está compuesta por Julián Domínguez, presidente de Confecámaras; Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia; Álvaro Echeverri, director del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Católica; Tulio Ángel, presidente de la Asomedios; Fredy Vega, presidente del Consejo Nacional de Planeación; Miriam Luz Triana, secretaria de la Confederación General del Trabajo; y Héctor José Pardo, presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa de Conciencia y de Culto.