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La existencia de Israel como un Estado pacífico depende de la creación de un Estado palestino independiente.
La resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado mes de diciembre, sostiene que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalem Oriental no tienen validez legal y violan el derecho internacional.
La resolución reafirma la inadmisibilidad de la adquisición de un territorio por la fuerza, obliga a Israel a cumplir con las obligaciones que le competen como potencia ocupante y condena todas las medidas para alterar la composición demográfica palestina, incluyendo el desplazamiento de civiles, la demolición de viviendas, la confiscación de tierras y el traslado de colonos israelíes para construir o expandir nuevos asentamientos.
Como varios medios de opinión lo han señalado en los últimos días, la decisión de la administración Obama de no emplear su derecho a veto (que permitió la adopción de la resolución) fue calificada por la Likud y algunos senadores republicanos como una traición de los EE.UU. a Israel. Otras posturas más extremas han reavivado una pretendida amenaza antisemita que se escondería en la aprobación de la resolución, para confundir a la opinión internacional y restarle legitimidad a quienes hemos apoyado una solución negociada del conflicto israelí-palestino dentro y fuera de las organizaciones internacionales.
Cualquiera que haya prestado un poco de atención a la evolución de la política de Washington en el Medio Oriente sabe que el presidente Obama y John Kerry son partidarios de preservar a Israel como un Estado judío y democrático sólido. A pesar de todas las ambivalencias que acompañan la política de las potencias en esta región, sobre este punto particular no hay dudas. Tres meses antes de que se votara la resolución, el propio Obama gestionó un paquete de ayuda militar de 38 millones de dólares que se entregará a Tel Aviv en los próximos diez años. Las divergencias que explican por qué los EE.UU. no respaldaron a Israel en esta ocasión son de otra índole.
En la visión geoestratégica de Obama, Kerry, y de buena parte de la diplomacia profesional estadounidense, la existencia de Israel como un Estado pacífico depende de la creación de un Estado palestino independiente, o dicho con los términos empleados en la resolución, de la aplicabilidad de la “solución biestatal”. El problema, como Kerry lo ha venido mencionando con razón desde hace algunas semanas, es que al respaldar la creación de nuevos asentamientos y la densificación de los que ya existen, Benjamín Netanyahu favorece una política de anexión territorial en Cisjordania, que hace imposible la solución biestatal, y que por lo tanto se opone a los objetivos que la actual administración se había fijado desde sus inicios. Hasta aquí no hay ninguna traición, sino simplemente una postura coherente con los acuerdos de Oslo de 1993, que contemplan que el futuro de Israel y de Palestina debe resultar de una negociación pacífica y no de la imposición política o militar de una de las partes.
Los ataques de Netanyahu contra Obama no se basan en una disputa personal. Obedecen a la necesidad del primer ministro de contar con el apoyo incondicional de la extrema derecha israelí, cada vez más radical y favorable a la creación de un sólo Estado gobernado única y exclusivamente por israelitas. Al abandonar la posibilidad de crear un Estado palestino, Netanyahu renunciará a dotar a Israel de fronteras pacíficas y seguras.