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Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso el estudio sobre la posible apertura de investigación no solo a la campaña sino también a Petro, su abogado dijo que si el Consejo Nacional Electoral opta por abrirla en contra del presidente, no la acatará. Sugerir que solo se deben obedecer las sentencias de los jueces cuando nos son favorables es un mal mensaje; el deber de todo ciudadano, comenzando por el primer mandatario y su abogado, es respetar las decisiones judiciales y cumplirlas, sin perjuicio de controvertirlas por las vías legales, como ya hizo el propio jefe del ejecutivo cuando fue destituido como alcalde.
Antes de resolver el tema de si existe o no mérito para vincular al presidente a ese proceso, el CNE debería aprovechar este aplazamiento para solucionar un tema previo que es el de su competencia para hacer esas indagaciones. Como ya señalé en el blog del departamento de derecho penal del Externado, creo que el planteamiento a través del cual el Consejo de Estado le entregó ese asunto es equivocado, porque no siendo el superior jerárquico de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no tenía facultad legal para dirimir ese conflicto de jurisdicciones. Frente a esa situación, lo que debería hacer el CNE es reconocer que se equivocó al enviarle el expediente al Consejo de Estado y proceder a remitirlo a la Corte Constitucional para que sea ella la que se pronuncie al respecto; algo que, dicho sea de paso, también podría hacer la Comisión de Investigación mediante un escrito en el que planteara la colisión y le solicitara resolverla.
Si el CNE procediera de esta forma, no solo ahorraría tiempo, sino que, además, evitaría el riesgo de avanzar en un proceso que meses o años después pueda ser invalidado a través de un fallo de tutela en el que se afirme que, desde el comienzo, carecía de facultades para investigar al presidente. Por otra parte, la Corte Constitucional tendría la oportunidad de pronunciarse de manera clara y definitiva sobre dos cuestiones jurídicas de mucha trascendencia que han generado enorme polémica. Una, la más reciente, tiene que ver con determinar quién es la autoridad encargada de dirimir un conflicto de jurisdicciones entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La otra tiene que ver con el fondo del asunto, corresponde a un debate que viene de tiempo atrás y que hace algunos años fue planteado por un fiscal general de la Nación: el de la integralidad del fuero presidencial. La disyuntiva es si está circunscrito a los casos penales, o si se extiende a toda clase de investigaciones judiciales y administrativas. El dilema no es de poca monta porque tiene que ver con el origen de esta figura que nació para evitar que la voluntad popular manifestada en la elección de un presidente pudiera ser fácilmente desconocida por autoridades administrativas o judiciales; por eso es importante dilucidar si, como piensan algunos, el fuero solo debe servir como filtro político en pesquisas penales o si debe extenderse a otros ámbitos que también puedan llevar a retirar de su cargo al presidente.
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