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En menos de 48 horas, la cabeza de la empresa más poderosa de Colombia quedó cercada por decisiones que no solo sacudieron a Ecopetrol, sino que abrieron una grieta en el corazón mismo del poder político. El lunes 6 de abril, en medio de presiones crecientes para removerlo, la junta directiva optó por una salida que evitaba un choque frontal: enviar a su presidente, Ricardo Roa Barragán, a vacaciones y a una licencia no remunerada hasta el 27 de mayo de 2026. Una fórmula que, más que resolver la crisis, buscó ganar tiempo frente a una tormenta judicial que lo persigue desde su llegada en abril de 2023 y que se intensificó cuando la Fiscalía anunció su vinculación a investigaciones penales, entre ellas una por presunto tráfico de influencias.
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Pero el margen de maniobra duró poco. Dos días después de su salida temporal, la Fiscalía intentó dar el siguiente paso: imputarle cargos por violación de topes electorales. La diligencia, sin embargo, no pudo realizarse porque Roa no asistió. Aun así, el mensaje es claro. Según el ente investigador, como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, habría tenido un rol central en ocultar el verdadero flujo de recursos que financió esa candidatura. Con ello, la crisis dejó de ser solo corporativa para instalarse de lleno en el terreno judicial. Estos dos hechos son apenas la superficie de un entramado mucho más complejo que hoy tiene a Ecopetrol en una de sus horas más críticas.
Detrás de esta situación aparecen denuncias sobre contratación irregular; alertas por riesgos reputacionales; fracturas en la junta difectiva; guerras internacionales; presiones y amenazas a testigos claves; decisiones estratégicas sin respaldo técnico; y señales de injerencia desde Palacio. Con base en documentos, contratos, audiencias, informes internos, testimonios, documentos reservados y publicaciones periodísticas, El Espectador reconstruyó esta historia en seis episodios que explican en buena medida cómo y por qué la principal empresa del país pasó de ser un símbolo de estabilidad a un escenario de disputa, incertidumbre, juego político y tensiones del poder en juego.
Episodio 1: Las alertas desde el día 0
Antes de que Ricardo Roa fuera anunciado como presidente de Ecopetrol, las alertas ya estaban encendidas dentro de la propia compañía. No fue una sorpresa ni un riesgo imprevisto: la junta directiva conocía, con nombre propio y documentos en mano, el tipo de tormenta reputacional que podía desatar su llegada. En marzo de 2023, un mes antes de su nombramiento oficial, el máximo órgano de la petrolera pidió un informe interno en el que sistematizó los antecedentes que rodeaban a Roa. Allí quedaron consignadas las publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022, así como de la apertura de una indagación preliminar por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Es decir, Ecopetrol sabía desde antes de nombrarlo que su futuro presidente llegaba bajo la lupa de las autoridades y eso podía afectar su reputación. Pero quizás lo más grave de ese informe es que no solo describía riesgos, sino que, de alguna manera, los anticipaba. De los tres escenarios de riesgo contemplados en ese informe, dos se terminaron materializando con el paso del tiempo. El primero advertía una “percepción negativa del mercado por el nombramiento del presidente de la compañía, al tratarse de una persona constantemente mencionada en medios de comunicación, donde se le vincula con posibles hechos de corrupción”. El segundo iba más allá: preveía eventuales “condenas o sanciones” en contra de Roa.
Ese escenario dejó de ser hipotético en noviembre de 2025, cuando el CNE sancionó a la campaña de Petro por exceder los topes de financiación y compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Roa. Además de las alertas sobre la financiación de la campaña, el informe también recogió apartes de la hoja de vida de Roa que habían sido cuestionados públicamente. Por ejemplo, su papel como gerente de una compañía del empresario William Vélez, la Empresa de Energía de Honduras. Desde 2016 manejó la distribución eléctrica en ese país y fue intervenida por las autoridades del mismo en 2019 por presuntos incumplimientos en el servicio, justamente cuando Roa fue su gerente.
Pese a ese contexto, el 23 de abril de 2023 la junta directiva lo eligió como presidente y llegó con un propósito claro encomendado por Petro: acelerar la transición energética y frenar la exploración petrolera. Roa asumió el cargo tras un año dorado para Ecopetrol, con las utilidades más altas de su historia: COP 33,4 billones, un crecimiento 100 % frente a 2021. El panorama empezó a cambiar en 2023, cuando las utilidades cayeron a COP 19,1 billones. La principal razón, según argumentó Roa, fue la normalización de las condiciones de mercado post pandemia y la caída en el precio del petróleo Brent, que pasó de USD 99 por barril en 2022 a USD 82 por barril en 2023. Pero el punto de partida ya estaba marcado por una advertencia interna que, con el tiempo, terminaría pesando tanto como los resultados financieros de la compañía.
Episodio 2: El lujoso apartamento
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, en reemplazo de Felipe Bayón. Para entonces, no tenía investigaciones formales en su contra. Pero su historia con la petrolera empezó a cruzarse con intereses privados incluso antes de asumir el cargo. El 7 de diciembre de 2022, cuatro meses antes de su nombramiento, Roa cerró la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, según consta en la Notaría 34. El inmueble pertenecía a Princeton International Holding, una empresa controlada por el empresario Serafino Iacono, viejo conocido del sector petrolero por su paso por Pacific Rubiales. Ese negocio, que en su momento pasó inadvertido, hoy es una de las piezas centrales del expediente penal que llevó a la Fiscalía a imputarle el delito de tráfico de influencias.
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Detrás de esa operación, revelada por El Tiempo, aparece otro nombre clave: el coronel retirado Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales. A través de su empresa Innova Mercadeo, el exoficial realizó seis pagos entre 2023 y 2024 por cerca de COP 1.800 millones para adquirir el apartamento, cuyo valor comercial superaba los COP 2.700 millones. Para la Fiscalía, esa diferencia no fue una simple ganga inmobiliaria, sino la antesala de un acuerdo: a cambio, desde el corazón de Ecopetrol se habría movido un contrato en La Guajira a favor de Gaxxi S. A., otra compañía vinculada a Mancera. Es decir, la operación inmobiliaria no sería un hecho aislado, sino parte de un entramado en el que se cruzaron intereses privados y decisiones públicas.
Vélez reaparece en este episodio por una razón crucial: además de su vínculo con la cuestionada remodelación del apartamento, terminó convertido en contratista clave de la petrolera. En noviembre de 2024 El Tiempo contó que Ecopetrol adquirió las plantas Termomorichal I y II por USD 42 millones, activos en los que el mayor accionista era el propio Vélez. El problema es que, cuando en 2016 la petrolera firmó el contrato para que la empresa de Vélez operara esas plantas, se estableció que al finalizar ese acuerdo Ecopetrol no tendría que pagar un solo peso para recuperarlas. Aun así, terminó desembolsando esa millonaria suma. Frente a este giro, Roa aseguró que se declaró impedido por su relación previa con Vélez y que la decisión fue adoptada por la junta directiva.
Episodio 3: Los cabos sueltos en el Invías
Mientras Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo, afinaban los detalles para adquirir un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, en paralelo se movían fichas clave en el Gobierno que terminarían conectándose con ese mismo círculo. En diciembre de 2022, con el respaldo del propio Roa, fue designado Juan Alfonso Latorre como director del Instituto Nacional de Vías (Invías). Ya en el cargo, Latorre firmó el 23 de enero de 2023 un contrato para vincular como asesor a Caicedo, es decir, a la pareja de Roa, dentro de la Dirección Técnica y de Reestructuración del Invías. El jefe de esa dependencia, sin embargo, aseguró públicamente que no conocía a Caicedo.
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La red de relaciones se amplió pocos meses después; en abril de 2023, el Invías contrató como asesor jurídico a Carlos Vargas, un abogado con conexiones directas con el entorno político del presidente Gustavo Petro. Su hermano, Santiago Vargas, es un empresario que ha sido uno de los principales financiadores de Colombia Humana. Según La Silla Vacía, empresas a su nombre aportaron el 67 % de las donaciones que recibió el partido en 2023. Carlos Vargas reconoció, además, que tanto él como su hermano mantienen una relación cercana con Gustavo Bolívar, uno de los principales aliados políticos de Petro. Pero los vínculos no terminan allí y vuelven a cruzarse con el círculo íntimo de Roa.
Santiago Vargas es padre de Tatiana, María Andrea y María Alejandra Vargas. La primera, Tatiana Vargas, creó en noviembre de 2023 y en Estados Unidos la empresa WindSurf Energy, junto con Julián Caicedo. Su hermana, María Andrea Vargas, llegó a Ecopetrol tras la designación de Roa como presidente, bajo un contrato de profesional junior de gestión. Sin embargo, cuando La Silla Vacía verificó esa vinculación en 2024, un funcionario aseguró que, en la práctica, María Andrea Vargas se desempeñaba como asistente directa de Roa. Además, las tres figuraban como accionistas de la empresa Actividades de Capital que, según varias denuncias periodísticas, pagó, durante varios meses de 2023, la seguridad social de Julián Caicedo.
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Sobre el protagonismo de Caicedo en esta película, los vínculos van más allá. Al menos dos testigos le han contado a la justicia, bajo la gravedad del juramento, que la pareja de Roa tiene una gran influencia en las decisiones de la petrolera y que, incluso, sugiere nombres y empresas para beneficiarlas con jugosos contratos. Para este punto de la historia, Ecopetrol seguía mostrando deterioro en sus resultados financieros. En 2024 las utilidades cayeron 21,7 % frente a 2023. Roa aseguró que se trataba del tercer mejor año de la empresa. La empresa defendió sus resultados operativos, con datos sólidos en producción de petróleo y atribuyó la baja a factores externos, con un brent en USD 80 y una menor tasa de cambio, que pasó de COP 4.325 en 2023 a COP 4.071.
Lea los tres capítulos restantes de esta historia en la edición impresa del próximo lunes o en este link.
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