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Antioquia ha vivido una escalada de hechos violentos durante las últimas semanas. Explosiones, atentados, atracos y homicidios han sido divulgados por diversos medios de comunicación durante las últimas semanas en ese departamento, uno de los más afectados por el plan pistola que declaró el Clan del Golfo. ¿Qué implicaciones ha tenido esto en el departamento?
En entrevista con El Espectador, Max Yuri Gil, investigador de la Universidad de Antioquia y excoordinador de la Comisión de la Verdad en ese departamento y el Eje Cafetero, analiza la intensificación de la violencia en la zona, por parte de diferentes actores: Clan del Golfo o Agc, disidencias de las Farc, Eln y grupos de crimen organizado; que tratan de ser repelidos por la Fuerza Pública.
“Hay una conjunción de cosas: en Antioquia históricamente se ha presentado una concentración de dinámicas y actores de violencia como guerrilla, paramilitares y también un alto nivel de concentración de Fuerza Pública. Eso tiene que ver con el despliegue de proyectos políticos insurgentes y proyectos paramilitares”, dice Max Yuri Gil.
A ese caótico panorama en el orden público se suman el narcotráfico, el control estratégico de la tierra en el marco de disputa de rentas, la minería –legal e ilegal–, junto a los proyectos energéticos, la agroindustria y otros.
Desde que se anunció el plan pistola a nivel nacional por parte del Clan del Golfo, en lo que va de 2022 ha habido múltiples víctimas, siendo los integrantes de la Fuerza Pública los principales blancos.
Luis Fernando Trejos, docente de la Universidad del Norte, dijo en una entrevista, con El País de España que una posible hipótesis para el reencauchamiento del plan pistola –para nada nuevo en Colombia, pues otros grupos armados lo han llevado a cabo en el pasado– podría explicarse, en parte, por la entrada del gobierno de Gustavo Petro, quien este domingo 7 de agosto se posesionará como presidente de Colombia. En este caso, el Clan del Golfo estaría intentando mostrar un reposicionamiento de cara a la llegada de un nuevo mandatario a la Casa de Nariño.
En medio de ese despliegue, la Policía de Antioquia le contó a El Espectador que 12 de sus integrantes han sido asesinados y 18 han resultado heridos en lo que va corrido de 2022. El envío de más unidades para apoyar a diversas unidades, como la Brigada XVII en Antioquia, han sido algunos mecanismos empleados para intentar menguar los ataques y posicionar un escenario más seguro. En ese proceso se ha aumentado la infraestructura de respuesta: el 3 de agosto, el ministro de Interior, Daniel Palacios, estuvo presente en la entrega de 138 motos a la Policía de ese departamento para “mejorar la movilidad y la capacidad de reacción”.
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Sin embargo, los homicidios de los uniformados han generado múltiples sensaciones en la ciudadanía. Max Yuri Gil analiza que ciertos sectores de la sociedad ven con desaprobación a la Fuerza Pública por problemáticas como las ejecuciones extrajudiciales, la represión del Esmad y el papel que los uniformados han jugado en el estallido social. “La crisis de legitimidad que tiene la Fuerza Pública ayuda a que lo que sucede en el plan pistola sea supuestamente aceptable, pero debe recordarse que estos hechos también son repudiables”, afirma Gil.
De otra parte, no es nuevo que Colombia sufra una práctica sistemática conocida como el fenómeno de la eliminación del adversario: unos muertos resultan “más aceptables que otros” por el hecho del actor armado al que pertenecen. “Un ejemplo podría ser el bombardeo del Ejército a un campamento del Eln en el Chocó, en el que murieron cuatro menores de edad, y el presidente Duque dijo que ‘la operación se hizo contra campamentos terroristas dónde no había civiles (…) Ahí se está enfrentando a un blanco legítimo’. El caso es que toda vida se debe proteger y esa matriz también aplica para la Fuerza Pública”, explica Gil.
Tríada de actores armados
Clan del Golfo o Agc, Eln y las disidencias de las Farc son algunos de los grupos armados ilegales que hoy tienen mayor incidencia en Antioquia. Tras la negociación con las Farc en 2016, entre el 80 % y el 90 % de sus integrantes que estaban en ese departamento se desmovilizaron. El resto permaneció en las armas y conforman las llamadas disidencias, o la Segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez –de quien no se sabe si está vivo o muerto–.
En el norte de Antioquia, por ejemplo, hay una concentración significativa de disidencias, con los bloques 18 y 36 como principales actores. Por su parte, el Clan del Golfo también ha gestado su expansión en el departamento, incluso desde mucho antes del Acuerdo de Paz en 2016. Su incidencia, según Gil, está en el suroeste, occidente, norte y nordeste antioqueño, junto al Bajo Cauca y el Área Metropolitana.
El Eln desarrolla un proceso de crecimiento en el Urabá, como frentes tradicionales que se mueven, por ejemplo, desde el sur de Bolívar hacia municipios del nordeste antioqueño como Remedios, Segovia y Vegachí.
“En un departamento con una historia como la de Antioquia, la dinámica de enfrentamientos entre esos actores está protagonizada por el Eln y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca y el nordeste; el enfrentamiento en territorios del norte de Antioquia entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc; Clan del Golfo versus la oficina en el Valle de Aburrá y en el suroeste antioqueño es la distribución de las dinámicas de violencia a grandes rasgos”.
¿Se debe negociar o no?
En cuanto a las negociaciones para el cese al fuego con los grupos armados ilegales, Max Yuri dice que “hay quienes consideran que las disidencias tienen unos agravantes incluso mayores que las Farc, y que hay otras personas que dicen que, mal o bien, cabe entablar nuevamente una negociación con ellos”.
Respecto al Eln el investigador afirma que es urgente entablar un diálogo, aunque este pueda resultar más complejo que el caso de las Farc en el 2016. “Su estructura es más horizontal. Además, el gobierno saliente ha construido una figura del Eln como la de estructura narcotraficante que no tiene estructura política y que es llamada terrorista. Eso va a complicar las negociaciones, porque la ciudadanía tiene cuatro años de estar escuchando eso”, continúa Gil.
“Frente a las estructuras de criminalidad organizada, como el Clan del Golfo o la Oficina de Envigado, no hay una agenda política ni de inversión social, sino una agenda más centrada en el intercambio: a cambio de verdad, reparación a las víctimas, y no repetición en negocios del narcotráfico, se dan beneficios judiciales. Por lo general, la política de guerra con esas estructuras sigue fracasando: hoy extraditamos a Otoniel, pero mañana surge otro como él”, concluye Gil.
