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Los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero, que deberán empezar el 11 de noviembre del presente año, tienen todos los ojos encima. El antecedente de 2015, el desfalco en Tolima y Chocó, ha intensificado la fiscalización y el control a las justas, que según la Contraloría General de la República corren el riesgo de no poder utilizar más del 60 % de los escenarios deportivos, ya que solo nueve de las 23 obras que debían hacerse para las competencias avanzan conforme el cronograma propuesto.
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Con una inversión de $258.910 millones, pérdidas de $66.000 millones y un fallo con “responsabilidad fiscal por una suma indexada de $33.758 millones”, de acuerdo con la Contraloría, los Juegos Nacionales de 2015 son uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte colombiano, con pistas atléticas, piscinas, estadios y complejos deportivos de los que hoy, siete años después, solo existen lotes abandonados, estructuras en obra negra y miles de deportistas perjudicados.
De ahí que la alerta por los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 parezca tan alarmante, pues a cinco meses de que empiecen las competencias la Contraloría avisó que el 39 % de las obras no serán entregadas definitivamente dentro de los plazos establecidos, el 22 % tiene riesgo de no llegar tampoco y solo el 39 % restante está en los límites que corresponden.
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Estos Juegos, que se realizarán en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío —con subsedes en el Valle del Cauca y Bogotá—, tuvieron una inversión de $300.181 millones, luego de que en junio de 2019, el expresidente Iván Duque y el exministro del Deporte Ernesto Lucena confirmaron a estas regiones como sedes del evento deportivo más importante del país.
Las pérdidas, por ahora, son imposibles de calcular, pero el riesgo de que se repitan episodios del pasado ha llevado, incluso, a la conclusión de que los Juegos Nacionales deberían cambiar de fecha para que se cumpla la entrega de lo prometido. Una versión desmentida por el Ministerio del Deporte y la dirección de la competencia. De hecho, en el último comité extraordinario, la organización confirmó que los Juegos Nacionales se harán a toda costa a partir del 11 de noviembre.
¿En qué van los Juegos 2023?
“No somos ajenos a las dificultades que tienen los Juegos”, le dijo a El Espectador Baltazar Medina, director de las justas y expresidente del Comité Olímpico Colombiano.
“Es evidente que los tiempos son muy cortos. Hay obras que están apenas iniciando su construcción, pero tienen un cronograma que, al cálculo de los contratistas, daría para la entrega sobre la fecha de la inauguración. Nosotros creemos en los que saben y, con base en eso, afirmamos que los Juegos se hacen sí o sí”, especificó.
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En el XVI comité de seguimiento, que se hizo el pasado miércoles en una reunión liderada por la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, en Manizales, se realizó un balance del avance de las obras, se estableció el cronograma de competencias y se aprobaron algunos cambios de escenarios, pero en las sedes originales.
“Damos seguridad de que los Juegos Nacionales se quedan en el Eje Cafetero. Nuestro ‘plan B’ fue sustentado y la infraestructura, de alguna manera, ya está lista para que las justas se realicen en la región. Los Juegos no son solamente infraestructura, sino también eventos que mueven la economía y la parte académica, lo que puede profundizar el legado que estos eventos les dejan a las regiones”, aseguró Rodríguez.
El Ministerio del Deporte, ante la preocupación latente que han generado las alertas de los entes de control, fue enfático en enviar un parte de tranquilidad para los deportistas, entrenadores, ligas y federaciones del país, y les garantizó que podrán celebrar los Juegos Nacionales y Paranacionales en el Eje Cafetero al finalizar este año.
Según explicó Baltazar Medina, “los Juegos Nacionales son el evento preparatorio más importante del ciclo olímpico a nivel local. Son el principal factor y motor del desarrollo deportivo del país. No hacerlos sería perder una inversión muy grande de cada departamento en la preparación de sus atletas y frustrar el sueño de muchos deportistas”.
Fuego cruzado: el plan de acción de los Juegos
Según la dirección del evento, los porcentajes alertados por la Contraloría no corresponden al estado actual de las obras. “Algo que tenemos que hacer para mejorar la buena imagen de los Juegos es justamente despejar todas las dudas. En ese sentido, los informes de la Contraloría y la Procuraduría, aparte de que están cumpliendo la función legal que les corresponde, son un gran apoyo porque nos mantienen atentos, porque dificultan el accionar de los corruptos y, además, nos generan una presión necesaria para que las personas que están bajo la responsabilidad de entregar las obras a tiempo lo hagan”, explicó Medina.
Sin embargo, la falta de concordancia en los datos de las alertas de los entes de control con los de la organización preocupa. Por un lado, la Contraloría dice que son nueve las obras que ya están descartadas para llegar a la inauguración en noviembre, mientras que Medina señala que en realidad solo se han descartado dos. Una en Pereira, que es un coliseo multipropósito en el que se iba a desarrollar el fútbol de salón; y la otra, el complejo acuático de Manizales, con problemas en las licencias de construcción que hacen imposible su finalización para los Juegos Nacionales, más allá de que el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, asegurara que el escenario estará listo en 2025, para el Mundial de Actividades Subacuáticas y los Juegos Nacionales de la Juventud.
Por otro lado, el director de los Juegos también aclaró que, a diferencia de las cinco obras que la Contraloría dice que están en riesgo de no entregarse, en realidad se tienen dudas en cuatro: otro coliseo multipropósito en Armenia, que ya empezó su construcción, pero que va colgado en el cronograma; otro complejo acuático, también en Armenia, que está atrasado porque el contratista está haciendo una piscina con la prestigiosa firma italiana Myrtha Pools, lo que demoraría la entrega de la construcción; un patinódromo en Caldas, que tiene dificultades en la adecuación de las tribunas, y finalmente la bolera en Armenia, que tiene riesgo de incumplir los plazos.
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Preocupación en las potencias deportivas
En medio de los problemas para cumplir los cronogramas, una disputa de poderes entre los departamentos que son potencias deportivas a nivel nacional también ha marcado la crisis de los Juegos.
La semana pasada Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), envió una carta a la ministra del Deporte explicando la preocupación de Bogotá por la incertidumbre que generan las denuncias de la Contraloría.
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Según Durán, las alertas de los entes de control suponen una preocupación extra ante los posibles cambios de sedes por el incumplimiento en la entrega de los escenarios, pues en materia presupuestal y logística “los servicios de hoteles, alimentación y transporte, que se necesitan para la participación de las delegaciones, deben adquirirse previamente. Ante la falta de confirmación por parte de la organización, se genera el riesgo de perder cupos de hospedaje y transporte para nuestros deportistas, así como el de incurrir en sobrecostos derivados de las fechas de solicitud de reserva”.
Una preocupación que ya había sido alertada en el debate de control político que se les hizo a los Juegos en el Congreso el pasado 10 de mayo, y en el que varios representantes manifestaron la preocupación de los departamentos por la falta de intervención y respuestas del Ministerio.
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Ante las críticas, la ministra contestó que no se trataba únicamente de un asunto presupuestal, pues aunque su cartera se encarga de asegurar los recursos, son los entes departamentales los encargados de la ejecución y el cuidado de las obras: “En los territorios tenemos mucha infraestructura que está dejada. En las regiones debe haber una responsabilidad que no nos compete solamente a nosotros como Ministerio. Tenemos que generar programas para el aprovechamiento de esos escenarios”.
En ese contexto, además del seguimiento a graves casos como los Juegos Nacionales de 2015, otro buen ejemplo puede ser la Unidad Deportiva El Salitre en Bogotá, cuyo contrato de readecuación fue firmado por $13.000 millones en 2017 para entregar la obra en 2018. Hoy en día, cinco años después, todavía sigue en reconstrucción.
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Y mientras el Distrito Capital le transmitió su preocupación al Ministerio por la realización de las justas, desde el Valle del Cauca, la gerente de Indervalle, Dayra Faisury Dorado, en contraposición, le dijo a este medio que el balance de seguimiento es “positivo”, a pesar de que las alertas de la Contraloría también tienen bajo la lupa a su departamento por la demora en la adecuación de escenarios para estas justas. De hecho, la funcionaria resaltó el trabajo de su región para ayudar a solventar la crisis y potenciar las sedes del Eje Cafetero.
Misma postura adoptada desde Antioquia, otra de las potencias nacionales a nivel deportivo, cuyo Inder encabeza Carlos Ignacio Uribe. Según el gerente de esta entidad, el respaldo para que los Juegos Nacionales se lleven a cabo en el Eje Cafetero es total.
“Hemos pasado por momentos complejos como la pandemia, el estallido social y una de las olas invernales más fuertes. Entonces, a cinco meses del certamen, salir a decir que se van a buscar sedes distintas o alternas no es respetuoso con los municipios ni con los departamentos organizadores. Ellos están preparados y tienen la capacidad para poder resolver los problemas que tengan que resolver”, aseguró Uribe en conversación con El Espectador.
El deporte como política de Estado
Entre todos los actores involucrados existe preocupación de que se repita la crisis de 2015. “Nosotros estamos esperando que cumplan. Cada uno de los municipios está haciendo un esfuerzo grande para tener listos los escenarios deportivos. No es algo exclusivo de estos Juegos Nacionales, históricamente hemos tenido problemas en el tema de infraestructura”, aseguró Carlos Ignacio Uribe.
Si bien el nuevo Gobierno recibió la “papa caliente” de los Juegos Nacionales, la alarma está puesta en que el deporte no es visto como un asunto de Estado. Más allá del ministro o presidente de turno, el desfalco y el incumplimiento de las obras son un drama repetido de las últimas décadas.
Este es un contraste evidente con el desarrollo de los deportistas, porque entrados los 2000 Colombia vivió un apogeo en los logros deportivos de alto rendimiento. Mientras en el siglo XX Múnich 1974 marcó el pico de atletas que fueron a unos Olímpicos, con 59 deportistas en ocho disciplinas, a Río 2016 fueron 147 deportistas en 23 disciplinas. A eso se suma que de los 34 podios olímpicos que tiene Colombia, 28 se lograron desde Sídney 2000, cuando la exministra del Deporte María Isabel Urrutia —ahora investigada por los contratos que firmó en su breve paso por la cartera— consiguió la primera medalla de oro para el país.
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Mientras el deporte no sea una política integral del Estado, que no dependa del esfuerzo individual de deportistas o federaciones, el riesgo de episodios de desfalco y delitos con responsabilidad fiscal es latente. No hay que olvidar que mientras Colombia celebraba en 2016 logros olímpicos inéditos, un año antes en Chocó y Tolima cientos de deportistas de todas las regiones compitieron en escenarios repletos de goteras, escasez de implementos deportivos y precariedad en sus instalaciones. Y eso pasó en los pocos escenarios que se construyeron. Un drama que ahora en 2023 no se siente tan lejano.
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