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Una serie de contradicciones rodean las condiciones de seguridad brindadas al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece internado en la Fundación Santa Fe en grave estado de salud y bajo pronóstico reservado. El congresista fue víctima de un atentado en la tarde del sábado 7 de junio, durante una concentración política en la localidad de Fontibón (Bogotá). Un evento que, según la Policía y el Gobierno Nacional, no fue planeado, lo que habría influido en cambios en su esquema de seguridad el mismo día del ataque. Esos problemas en el equipo de protección desencadenaron denuncias y señalamientos que tienen al Ejecutivo dando explicaciones, mientras las investigaciones judiciales avanzan.
El primero que tendrá que dar cuentas es Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), contra quien ya fue interpuesta una denuncia por omisión. El abogado Víctor Mosquera, defensor de Uribe Turbay, dio a conocer en la mañana del lunes que el recurso fue radicado ante la Fiscalía, fundamentado en que al menos 23 solicitudes de incrementar el esquema de seguridad fueron gestionadas este año, pero ninguna habría sido contestada. El último requerimiento, según el abogado, habría sido hecho el pasado 5 de junio, solo días antes del ataque. “En 2024, no se tuvo en cuenta que él, desde octubre, ya era precandidato a la Presidencia, y por lo tanto se le debían mejorar sus condiciones de seguridad”, dijo el jurista.
Tras conocerse la denuncia, el presidente Petro se pronunció sobre las medidas de protección al senador Uribe Turbay y mencionó que, en efecto, el día del atentado el esquema de seguridad había tenido modificaciones. “Por mi parte, ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De siete a tres personas. Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, dijo el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X. Sin embargo, las explicaciones entregadas por el director de la UNP y la Policía Nacional, responsables de la seguridad del congresista, indican que no se trató de modificaciones permanentes al esquema.
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Fuentes de la Policía le explicaron a El Espectador que el equipo de protección de Uribe Turbay, compuesto por tres funcionarios de la UNP y cuatro de la Policía, estaba completo y no se había ordenado retirar a los escoltas del esquema. Los cuatro uniformados de la Policía acompañaban a su familia y no a él, pues el evento al que asistió en la localidad de Fontibón no habría sido informado a los funcionarios. Esta tesis también la entregó el propio Rodríguez, de la UNP, quien, además, aseveró que el coordinador del equipo de seguridad es un vicecomisario de la institución. Sin embargo, personas cercanas al senador y precandidato señalaron que el encuentro sí había sido planeado, incluso con una semana de anticipación.
En todo caso, fuentes conocedoras del círculo de protección del precandidato, señalaron que los tres escoltas adscritos a la UNP habrían recogido a Uribe Turbay el sábado 7 de junio sobre las 2:00 de la tarde, para llevarlo a su visita a Fontibón. En ese sentido, se trataría de una situación en la que las personas encargadas de su protección y la de su familia, por cambios en la agenda del precandidato presidencial, tuvieron que dividirse y ejercer sus funciones en lugares distintos de la ciudad. El director de la UNP mencionó a medios de comunicación que su entidad no recibió solicitudes para reforzar el esquema, sino solicitudes de apoyo a sitios donde se movilizaría el precandidato.
El Espectador buscó al director de la Unidad para conocer su versión sobre el asunto del esquema de protección del senador del Centro Democrático. Sin embargo, aseguró que respondería las preguntas de este diario luego de culminar una reunión en el Palacio de Nariño sobre la instalación de la mesa de garantías electorales. Al cierre de esta edición, ese encuentro no había culminado. No obstante, ante los micrófonos de la prensa, Rodríguez señaló que tampoco recibió aviso por parte del equipo del senador sobre el inicio de su precampaña electoral. Y, antes de entrar a la reunión con el presidente Gustavo Petro, concluyó: “Yo renuncio cuando el presidente me lo pida, pero creo que hemos cumplido”.
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Así avanzan las investigaciones judiciales
La seguridad del senador del Centro Democrático no es el único asunto que está bajo la lupa de las autoridades. En la mañana del lunes 9 de junio, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, entregaron detalles de las pesquisas judiciales que han adelantado ambas instituciones. Uno de los temas principales tiene que ver con el arma que le fue incautada al menor de 15 años que habría disparado contra el precandidato, quien recibió un total de tres impactos. Según las labores de investigación de la Policía, se trata de una Glock de nueve milímetros que habría sido comprada legalmente el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos.
La titular del ente investigador fue enfática en que una de las prioridades que tienen más de 180 investigadores de la entidad que asumieron el caso es determinar cómo entró el arma a Colombia y si con ella se habrían cometido ataques similares. Este diario conoció que ese tipo de proyectiles de alto calibre tienen un costo de $13 millones si se compran en Indumil y de al menos $6 millones en el mercado negro, según fuentes de la Policía. Otra línea clave tiene que ver con el supuesto celular que tenía el menor. La jefe del búnker explicó que al momento de la aprehensión no se encontró ningún móvil. “Sin embargo, estamos haciendo un rastreo sobre ese tema, porque en imágenes previas al atentado se le ve un celular”, mencionó.
De hecho, la fiscal Camargo precisó que se logró identificar que el menor capturado habría sido contactado por una red de sicariato, un asunto que también revisan a detalle. En la madrugada de este lunes, una jueza de Control de Garantías legalizó la captura contra el presunto atacante y la audiencia de imputación, donde se le formularán cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, fue aplazada para este martes, pues el joven no se encontraba en óptimas condiciones de salud, luego de una cirugía.
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Según el ente investigador, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) están acondicionando un espacio de reclusión para el adolescente, pues no puede permanecer con otros detenidos por temas de seguridad. Además, la jefa del búnker detalló que se adelantaron dos allanamientos: uno a la residencia del menor y otra a uno de sus familiares, en donde se habría encontrado “evidencia que está siendo objeto de análisis”, según la fiscal.
Mientras el menor permanezca en la Clínica Colombia y al tiempo que avanzan las investigaciones, se mantendrá el despliegue de unidades de la Fuerza Pública en el centro médico y en el barrio en el que vive la familia del menor. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, al término del segundo consejo extraordinario de seguridad, que se desarrolló el pasado domingo. Fuentes de la Policía aclararon a este diario que solo están prestando seguridad. También negaron que en las reuniones de seguridad adelantadas hasta el momento se haya relacionado el crimen y el presunto autor material, con “ollas” de microtráfico que delinquen en la localidad, ni que se esté indagando a los vecinos del barrio al respecto.
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Contrario a eso, el ministro Sánchez dijo luego del consejo de seguridad —en el que también participó la fiscal Camargo— que, tras evaluar la situación, determinaron tres hipótesis detrás del ataque. “No podemos asegurar cuál de ellas tenga mayor peso, pero en este momento no podemos desvirtuar ninguna. Podríamos agruparlas en tres grandes grupos: si fue directamente por ser Miguel Uribe, si fue por ser político y todo lo que va alrededor del Centro Democrático, o si se trata de desestabilizar al gobierno” dijo el jefe de la cartera de Defensa. Estas teorías están en la carpeta de las autoridades que continúan adelantando pesquisas para esclarecer los hechos que tienen a Miguel Uribe Turbay “luchando por su vida”, como ha asegurado su esposa, María Claudia Tarazona, a las afueras del hospital capitalino.
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