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El Gobierno del presidente Gustavo Petro no desiste en su idea de realizarle una cirugía al sistema político y, por segunda vez, quiere intentarlo a través de un Congreso que cada vez le es más difícil de manejar y donde pocos consensos ha logrado en los últimos meses. Aunque ahora, con mayor pragmatismo, propone una reforma constitucional que en plata blanca tiene tres ejes fundamentales.
Por un lado, sin ser el punto que más polémica suscitó en el Capitolio –pero sí siendo uno de los que más vigilancia tendría por parte de los legisladores–, la Casa de Nariño quiere se acabe la financiación privada con todas las campañas a cargos de elección popular.
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Lo que se busca es reformar el artículo 108 de la Constitución de 1991 para que, de aprobarse este acto legislativo, sea el Estado el encargado de entregar y garantizar los recursos necesarios para todas las contiendas electorales.
“Las campañas para la elección popular de cargos y corporaciones públicas serán financiadas completamente con recursos estatales, mediante anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá, al menos, la propaganda electoral y la franquicia postal, de conformidad con la ley”, es el apartado que se le quiere incluir a la Carta Política.
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Y aunque esto es algo de lo que se viene hablando hace décadas, e incluso hizo parte de lo que se pactó en La Habana con las extintas FARC para que dejaran las armas, el tema no ha tenido respaldo legislativo. No obstante, con la fórmula que propone el Ejecutivo, hay sectores oficialistas que sienten que esta vez sí podría tener posibilidades.
En efecto, en el texto que radicó este martes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quedó establecido que la distribución de los recursos que se cobijen bajo el rubro de anticipos se hará en un 50 % en partes iguales “entre todas las organizaciones políticas con candidatos debidamente inscritos”.
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Luego se ponen unos topes cuando se trate de una elección para una corporación pública, como Congreso, asambleas o concejos. Se dará un 30 % en proporción al número de curules que hayan obtenido en la misma elección en el proceso inmediatamente anterior; un 10 % proporcionalmente al número de mujeres inscritas como candidatas en cada lista; y un 10 % proporcionalmente al número de jóvenes inscritos como candidatos en cada lista.
“Tratándose de elección de presidente de la República, gobernador o alcalde, el 50 % se distribuirá en proporción al número de curules obtenidas en el Congreso, asamblea o concejo respectivo en la elección inmediatamente anterior”, se especificó en el articulado.
Pero esto generó alertas, pues si la norma entrara en vigor para las elecciones del 2026 habría ya unos partidos con “ventaja” en la entrega de esos recursos. Y uno sería, por supuesto, el Pacto Histórico de Petro, que solo para Senado logró 2,8 millones de votos y 20 curules, seguido del Partido Conservador, que para la misma corporación logró 2,2 millones de sufragios y alcanzó 15 puestos. Eso, según la reforma política, les daría ventaja.
En todo caso, se dejan otras medidas como la creación de un registro de proveedores electorales para que todo aquel que brinde un servicio a una campaña pueda ser identificado y –entre otras cosas– se autoriza al Consejo Nacional Electoral (CNE) para “limitar el monto total de los gastos de las campañas electorales”.
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En este aspecto se conecta otro punto que ha despertado mayor atención en el debate público. Se trata del relacionado con los ajustes que la administración Petro le quiere hacer al CNE justo cuando esa instancia está investigando si la campaña presidencial del actual jefe de Estado violó o no los topes electorales de financiación en 2022; la ponencia que está en estudio concluyó que sí y planteó la formulación de cargos administrativos.
Lo que quiere la Casa de Nariño es que los nueve integrantes del CNE cumplan ciertos requisitos similares a los de los magistrados de las altas cortes y, de paso, que sea precisamente en el Palacio de Justicia donde sean elegidos. Eso sí, se hace la salvedad de que seguirán siendo los partidos políticos los que presenten a los candidatos y así las cortes Suprema, Constitucional y el Consejo de Estado podrá avalar de a tres.
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El periodo se les amplía a sus integrantes a seis años y se imponen salvaguardas como que quien haya estado en los últimos siete años como cuadro directivo de un partido político o haya aspirado u ocupado un cargo de elección popular no podrá aspirar a estar en el CNE. Además, se deja el impedimento de dos años posteriores a cumplir el periodo para “ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular”.
“Si no cambiamos el sistema político en Colombia, no vamos a ser eficaces en la lucha contra la corrupción”, enfatizó el ministro Cristo al defender el articulado completo de esta reforma política.
Y el tercer punto clave está en la implementación de listas cerradas para los cargos de elección popular, algo en lo que Cristo y otros sectores políticos han venido insistiendo desde hace años.
“La obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueadas entrará a regir a partir de las elecciones territoriales del año 2027″, quedó establecido en el texto. Eso sí, se dejó claro que serían conformadas a través de la paridad y la alternancia, y que todo se debe acompañar de la profundización de la democracia interna de los partidos para evitar que se den casos de favoritismos.
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“Es un compromiso del acuerdo de paz de 2016. El Gobierno está empeñado en que todo lo pactado en el acuerdo se cumpla”, precisó Cristo en referencia a por qué, por segunda vez, se insistió en una cirugía al sistema político. Y, de paso, recordó: “Este acuerdo permitió una apertura democrática que llevó a que se eligiera el primer gobierno de izquierda en el país”.
Pero a este nuevo intento de reforma el sistema político le queda un largo trecho. Si bien entró por la Cámara, donde el Gobierno mantiene margen de maniobra y cuyo presidente, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), se comprometió a dar todas las garantías para el debate, la iniciativa tiene que surtir ocho discusiones antes del 20 de junio de 2025 para que quede en vigencia.
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Pero el Senado sigue siendo el mayor escollo, pues allí poco le caminan el Ejecutivo –algo que se volvió a ver este martes con el fracaso del debate del presupuesto general de la Nación– y los espacios de negociación son cada vez más cerrados. Además, el presidente Petro tiene una confrontación directa con el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda (Partido Conservador), a quien ya señaló públicamente de haberle dado “una puñalada trapera” por varios proyectos caídos del Ejecutivo en el Capitolio.
Además, la relación enrarecida entre Casa de Nariño y Congreso tuvo un ingrediente más este martes que impacta en el trámite de la agenda legislativa. Aunque el Gobierno calificó como “equivocación” el intento de pasar $3 billones de la Registraduría al Ministerio de Hacienda para que desde allí se controlaran los gastos electorales no cayó bien en el Capitolio, pues lo vieron como un intento de Petro de interferir indebidamente en las elecciones de 2026.
Por ahora, lo claro es que Cristo se la quiere jugar por esta reforma constitucional que toca aspectos claves del sistema político, por lo que su principal reto será construir consensos con los partidos en momentos en que la muralla retórica del jefe de Estado contra el Congreso cada vez sube más su altura.
Este es el texto completo de la reforma política:
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