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Luego de semanas de debates caldeados, ires y venires en el Congreso e intentos de conciliación que no llegaron a nada, el Presupuesto General de la Nación para 2025 tendrá que ser expedido por decreto.
Esto, luego de que el debate de este martes terminara disolviéndose por falta de quórum en una sesión que, desde antes de que empezara incluso, se antojaba difícil, por no decir imposible.
El Presupuesto quedó detenido en el Congreso al no lograr una aprobación en su primer debate en las comisiones económicas de Cámara y Senado. En especial, el gran escollo político se concentró en esta última cámara durante todo el proceso.
La fractura política alrededor del Presupuesto no se dio solamente en el debate de este martes, sino que prácticamente acompañó toda la corta vida legislativa del proyecto.
Vale recordar que la discusión alrededor del monto, que era el primer hito del proyecto, no pudo llegar a buen término, pues a la larga no hubo una aprobación unánime de las cuatro comisiones económicas, y el Gobierno decidió seguir adelante con el trámite, argumentando que el monto tampoco había sido negado de forma unánime.
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De acuerdo con las normas (tanto la Constitución, como la Ley de Presupuesto), lo que sigue en este punto es la aprobación de la iniciativa vía decreto presidencial. Tanto el monto, como la repartición de los recursos, seguirán la ruta trazada por el proyecto radicado ante el Congreso, y no la ponencia que se puso a consideración del Congreso este martes.
Y es en este punto en donde la discusión vuelve a complicarse, porque los recursos del próximo año están atados no solo al Presupuesto, sino a la Ley de Financiamiento.
Como ha sucedido en otros momentos de la historia, el Presupuesto que llevó el Gobierno al Congreso está desfinanciado en $12 billones, por lo que fue presentada (por separado) una Ley de Financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria, pero más acotada a financiar el Presupuesto.
El “cuadre de caja” de 2025 se hace en una suerte de dos actos, que van unidos, pero son separados (en trámites y tiempos de aprobación): el Presupuesto tiene un monto de $523 billones, de los cuales $12 billones llegarían por vía de la Ley de Financiamiento.
Como el Congreso no aprobó el Presupuesto, el Gobierno puede expedirlo vía decreto, con el monto original de $523 billones. Pero de esos recursos hay $12 billones que “quedan colgando un poco en la cuerda floja” de la voluntad y de las intenciones políticas del Congreso.
Y si algo quedó claro en las tres sesiones de debates del Presupuesto, es que la Ley de Financiamiento no pareciera tener el apoyo suficiente entre los congresistas, especialmente en las comisiones económicas del Senado. Prácticamente todas las proposiciones para aprobar el Presupuesto pasaban por eliminar esta suerte de reforma tributaria.
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Aquí vale aclarar que el camino de decretar el Presupuesto no es una ruta que haya transitado el país en su historia reciente. Esta suerte de innovación legislativa y de trámite abre el espacio para varias preguntas.
Una clave es: si el monto es de $523 billones, ¿por qué no se incorporan esos recursos vía decreto, y ya está? Porque los $12 billones llegarían, en una porción, a través de modificaciones de impuestos (como la renta para empresas y el IVA para los juegos de azar en línea, por ejemplo) y los cambios tributarios no pueden hacerse de un “plumazo presidencial”.
La otra parte de la respuesta tiene que ver con los cambios en la regla fiscal que buscaba hacer el Gobierno (adelantar un año su cumplimiento), una movida que le liberaba espacio para endeudarse más y, justamente, no volarse los topes de la regla. Y esta modificación también debe pasar por manos del Congreso.
Ahora bien, ¿qué tan importantes son los recursos que están atados a la Ley de Financiamiento? Vitales, por varias razones.
Primero, no es plata de bolsillo. Esos $12 billones equivalen a arrancar de raíz toda la inversión que se proyecta el próximo año para los sectores de Igualdad y Equidad y Salud, por ejemplo. Sería apenas tener $1 billón en inversión para Transporte.
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Sirve mirarlo de esta forma: de los 31 sectores grandes en los que se dividen los recursos del Presupuesto (cada uno tiene por debajo un número de entidades y proyectos), las inversiones de 17 de estos para 2025 apenas suman $7,3 billones.
En palabras de algunos de los congresistas que intervinieron en el debate del martes, estos recursos permiten implementar la agenda del Gobierno que, más allá de los fines y maniobras políticas, lleva a cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
El destino de la Ley de Financiamiento será vital para la repartición de los recursos del Estado para el próximo año porque, si bien el monto es de $523 billones, $12 billones son recursos contingentes a que se apruebe ese proyecto.
De acuerdo con William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, el decreto que emitirá el Gobierno (lo puede hacer después del 20 de octubre) “tiene que salir como fue presentado para primer debate. Es como si el Congreso no tuviera incidencia, porque igual saldrá con el monto inicial. El asunto es que quedaría en la práctica en $511 billones, si no aprueban la Ley de Financiamiento, porque esas medidas no se pueden sacar por decreto”.
Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por su parte, argumenta que el decreto ni siquiera podría emitirse por $523 billones, sino por $511 billones, ya que los $12 billones que provendrían de la Ley de Financiamiento no tienen respaldo, lo cual iría en contra de lo que establece la ley.
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