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El Rosal es un municipio en el corazón de Cundinamarca, a casi 20 kilómetros de Bogotá. Con 87 kilómetros cuadrados y una población que apenas supera los 17 mil habitantes, es uno de los centros poblados más jóvenes del departamento, el cual cumplirá 25 años, en septiembre. A pesar de su juventud administrativa, no es ajeno a las denuncias por presuntos malos manejos en obras públicas.
Al llegar a la estación de gasolina del pueblo, girar a la izquierda y transitar unos minutos se puede apreciar una estructura de dos pisos, en la que debía estar operando hace dos años la nueva sede del colegio departamental José María Obando. No obstante, hoy sigue vacía. Por una historia de malos manejos y abandono, los estudiantes no han podido disfrutar las aulas, por las que los gobiernos nacional y departamental pagaron hace años.
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Este megacolegio (teniendo en cuenta el tamaño del municipio) se empezó a construir como parte de un convenio que firmaron en 2017 el Ministerio de Educación y la Gobernación de Cundinamarca, que apuntaba a la construcción de 44 colegios en los municipios con más necesidades de cupos escolares e infraestructura educativa.
En la sede de El Rosal se invirtieron cerca de $9.163 millones y en los planos se diseñó con 25 salones para primaria, cinco para preescolar, dos laboratorios y uno más de tecnología, además de un cuarto para ciencias y otras unidades similares. A medida que avanzaba la obra, tanto el departamento como la alcaldía del municipio anunciaban la “próxima inauguración del megacolegio”. Sin embargo, a la fecha, siguen sin cumplir.
El contratista entregó la infraestructura básica en 2019 al municipio, que era el encargado de las obras complementarías para ponerlo a punto de operación. En ese momento, tras las elecciones regionales, hubo cambio de alcalde y asumió Gustavo Campos Acero. En medio del agite político y el cambio de administración, al parecer, nadie se dio a la tarea de revisar el estado de la obra. Y menos, luego de la llegada de la pandemia del Covid-19 y la instauración de las clases virtuales, que dejaron al megacolegio fuera de las prioridades.
Fue meses después cuando afloraron las fallas. El edificio tenía hundimiento del suelo de la plazoleta de comidas, inundaciones, levantamiento de los enchapes de los pasillos, problemas con la conexión de gas y afectaciones de la red de suministro eléctrico.
Estos problemas han sido resueltos poco a poco por la constructora contratada y el Instituto de Concesiones de Cundinamarca (ICCU). No obstante, el problema de la conexión que proveería la energía al complejo educativo no ha sido solucionado. El pasado 13 de septiembre de 2021, la Alcaldía suscribió un contrato por $99 millones para la hacer la red eléctrica, para lo cual el contratista tenía un plazo de mes y medio, pero no ha resuelto el problema de fondo.
Molestia general
Ante el cúmulo de irregularidades, el pasado 7 de febrero la comunidad educativa, cansada de las promesas rotas, realizó un plantón frente a la Alcaldía Municipal. En él participaron casi 100 personas, que pidieron que los dejaran ver el avance de los trabajos y soluciones ante una situación que mantiene a más de 1.000 estudiantes en condiciones de hacinamiento, en la vieja sede de la institución.
Ese día, ante los fuertes reclamos, dejaron ingresar a la comunidad, a los docentes y a los padres de familia al colegio. Lo que encontraron los dejó preocupados e incrédulos de que puedan entregar la obra en los próximos meses, como prometieron recientemente. Ante esto, hoy cuestionan con más motivos el manejo que la Alcaldía le ha dado a la obra, desde que quedó bajo su responsabilidad.
Adicional a todo el cúmulo de problemas, lo que más ha molestado al pueblo es que, mientras los niños siguen sin disfrutar su colegio nuevo, al sitio le han dado otros usos. Por ejemplo, durante las protestas que se vivieron en el país durante 2021, de las cuales El Rosal no fue ajeno, el edificio se usó como guarnición militar.
Así lo advirtió la comunidad, cuando vieron cómo a las instalaciones del colegio empezaron a llegar soldados. “El 25 de mayo tomé las primeras fotos de los militares en el colegio. Después tomé otras en junio, permaneciendo en el sitio. Les prestaron el colegio para que usaran los baños y las duchas”, aseguró Claudia Gómez, maestra de la institución y lideresa en el municipio.
Frente a esta denuncia, el alcalde municipal Gustavo Campos Acero aclaró que las instalaciones se prestaron en su momento por las condiciones de seguridad en el sector. Además, trató de restarle importancia al asunto diciendo que en ningún momento se ubicó armamento, que pusiera a la comunidad en peligro. En una respuesta a un derecho de petición, complementó: “La institución educativa no había sido legalmente formalizada, en el entendido de que la obra no ha terminado (…). Al día de hoy, no se ha proyectado como institución educativa para el ingreso de estudiantes”.
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A pesar de las explicaciones, de acuerdo con expertos en seguridad, esta justificación no solo es insuficiente, sino una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que, según diferentes convenciones y tratados que ha suscrito el país, está prohibido el uso de instituciones educativas para uso militar e, incluso, a menos de 500 metros de los colegios no puede haber Fuerza Pública. No obstante, la defensa del alcalde, en resumen, es que ese edificio todavía no es colegio.
Para completar los cuestionables manejos a esta infraestructura, el año pasado la usaron como perrera municipal, hecho que fue admitido por el mismo alcalde. “Sobre los perros, estos no son ningún problema. El día que se les entregue el colegio lo van a tener en las mejores condiciones”, aseveró durante el plantón de febrero.
Sin embargo, la comunidad señaló que después de la visita a las instalaciones, evidenciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra el edificio. “Encontramos las heces de los perros, algunos pisos levantados, humedades y una cantidad importante de irregularidades allí adentro”, dijo Juan Camilo Cardenal, maestro que ha hecho seguimiento al proceso del colegio en El Rosal.
Los retrasos en la entrega
Según reportó la Contraloría General, Cundinamarca es el tercer departamento del país con más obras inconclusas, con 109 en total, que suman entre todas inversiones cercanas a los $280.000 millones, que están en riesgo o perdidas. En ese sentido, los docentes del municipio interpusieron quejas ante el ente de control, debido a la situación del megacolegio, que permanece cerrado, lo que podría configurarse como un detrimento patrimonial. La explicación de la administración es básica: el retraso se debió a las condiciones de la pandemia y a que cuando les entregaron formalmente las instalaciones, desconocían su estado real.
Explicación que no convence a la comunidad educativa: “La Secretaría de Planeación nos dijo que en la revisión encontraron que no se podía suministrar el servicio de energía, pues pensaron que se podía conectar directamente al sistema, pero debían hacerlo desde un transformador, que queda en la esquina. Y yo les dije, ¿ustedes se demoraron dos años para darse cuenta de eso?”, señaló la maestra Claudia Gómez.
Ante los requerimientos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, las obras han avanzado lentamente y el único acabado que queda pendiente es la red eléctrica del colegio, que es responsabilidad de la Alcaldía. Sobre la entrega, aún no se tiene una fecha estipulada. Se espera que esta se defina en una reunión el próximo 24 de mayo.
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La docente Claudia Gómez, quien ha liderado con otros profesores el proceso para reclamar el cumplimiento de la obra, aseguró que ha sido víctima de amenazas, ante las cuales ya interpuso una denuncia en la Fiscalía.
Desde la Alcaldía de El Rosal aseveran que, a pesar de todo lo que ha pasado, han estado comprometidos con el proceso del colegio y que la entrega se realizará este año, algo que está por verse. Mientras cumplen, los estudiantes del colegio permanecen hacinados en salones con casi 41 niños por salón y donde deben caminar a otras instalaciones para acceder a la alimentación escolar. Resolver el asunto es algo urgente.
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Por Fernán Fortich
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