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– ¿Entonces es cierto, doña Luz? Me enteré de que volvieron hoy a trabajar y quería venir a ver qué había pasado. Me alegra mucho y solo pasaba a felicitarlos. Acá todos sabemos quiénes son ustedes y cómo les toca. ¡Qué dejen trabajar, carajo!
– Así es, gracias a Dios. Muchas gracias. Volvimos con más ganas, de donde nunca nos debieron sacar.
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La conversación se dio en la mañana de este martes 24 de septiembre, en el puente peatonal que da acceso y salida a la estación Prado de Transmilenio, en la Autopista Norte con calle 128. Los protagonistas fueron una residente del sector y Luz Stella León, una vendedora informal, a propósito del regreso a la zona, de un grupo de 22 vendedores informales, tras el fallo de un juez de la República, que reconoció su derecho al trabajo. El proceso se dio luego de que fueran desalojados, por orden de la alcaldía local, que priorizó el sector como una “zona segura” y los obligó hace 42 días a retirarse porque, supuestamente, incidían en la seguridad del sector.
El desalojo
El pasado 14 de agosto, 22 vendedores informales, que se ubican en sector occidental de la estación de Transmilenio Prado, en la localidad de Suba, fueron desalojados por orden de la alcaldía local, luego de que el sector fuera declarado una “zona segura”, que debía ser recuperada.
“Ese día llegaron más de 40 policías a decirnos que nos teníamos que ir, porque la alcaldía había dado la orden. Incluso llegaron con volquetas para llevarse los carros y las chazas de las personas que desde hace años trabajamos acá. No nos dijeron mayor cosa, solo que estaban haciendo cumplir la ley. Llegaron en una actitud agresiva y amenazante. Nosotros no nos dejamos quitar los carros y por eso a varios compañeros les aplicaron comparendos”.
“Al otro día, cuando intentamos regresar, todo estaba militarizado y así duramos más de 40 días, en condiciones complicadas, porque el sustento de todos los vendedores informales de acá y sus respectivas familias depende de ese trabajo. No hay trabajo y tampoco nos dejan rebuscárnosla, entonces, ¿qué pretenden que hagamos?”, le contó, a El Espectador, Luz Stella León, quien trabaja en la zona desde hace12 años.
En el 2014 un juez ordenó recuperar el espacio por una acción de cumplimiento instaurada por un centro comercial cercano al punto del desalojo. La orden no se hizo efectiva hasta que el 26 de julio de este año se abrió un incidente de desacato contra el general Daniel Guadrón, comandante de la Policía de Bogotá, por incumplir la orden del 2014. Y fue entonces cuando se procedió con el desalojo de Luz Stella y sus 21 compañeros, según le confirmó la alcaldía local de Suba.
Cabe recordar que la orden de recuperar el espacio público se realizó en el marco de una resolución del Distrito, que faculta a las alcaldías locales para decretar zonas de seguridad en puntos específicos, donde la inseguridad es un problema latente. Y, a través de esa resolución, se ordenó el desalojo con el objetivo de mejorar la seguridad del sector.
Sin embargo “los vendedores informales no son un foco de inseguridad. Los vendedores son aquellas personas que trabajan de manera autónoma y buscan su sustento. Es más, buscan mitigar unas de las causas de la inseguridad, como lo son el desempleo y la pobreza. Pero vemos cómo, a través de esta resolución, no solo se viola el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la confianza legítima, reconocidos por la Corte Constitucional en diferentes sentencias, sino también la política pública distrital de vendedores informales, que dice que para quitar cualquier vendedor hay que generar una estrategia de negociación y de oferta igual o mejor, para poder ser retirados del espacio público. Y en este caso esa oferta no existe”, señala Alejandro Rivera, experto en economía popular y exdirector del Instituto Para la Economía Social, IPES.
Una segunda cuarentena
Lo cierto es que el desalojo dejó sin posibilidad de trabajo a las 22 personas que integran el grupo de vendedores desalojados. A Carlos Ferney Amézquita, vendedor de plantas ornamentales y arreglos florales, quien lleva 13 años en el sector, la decisión lo dejó en jaque. “Vivo en Bosa, a diario llego a este sector desde las 6:00 a.m. para montar mi puesto y vender mis plantas. Para nosotros, una semana sin trabajo es durísima, porque dependemos del diario. Ahora imagínese más de 40 días relegados, prácticamente escondiéndonos para poder trabajar. Eso no es justo”, dice.
Y agrega: “Además, tampoco nos dan soluciones. Nos dicen que nos tenemos que ir y ya, sin una reubicación, sin una oferta alternativa… nada. Puede que para mucha gente estemos exagerando, pero la prohibición de trabajar esos días, en mi caso, significó elegir entre si almorzaba o cenaba, porque no había para más. También tengo problemas para pagar el arriendo y con mi trabajo diario eso no pasaba. Lo viví como una segunda cuarentena”, señala Amézquita.
El caso de Luz Stella, quien interpuso la tutela, no dista mucho del caso de Carlos. “Yo vivo en Bosa y a diario salgo a trabajar todos los días a las 5:00 de la mañana y me devuelvo a las 6:00 de la tarde. Como otras compañeras vendedoras, soy madre cabeza de hogar y de mi trabajo dependen mis dos hijos. A raíz del desalojo nuestra situación cambio mucho, pero nunca dejamos de trabajar. A mí me tocó arrancar con mis flores a caminar entre barrios en donde nunca me habían visto y no vendí prácticamente nada”.
“Me perdí una de las fechas claves para nosotros como lo es Amor y Amistad, porque las autoridades no nos permiten trabajar, alegando la recuperación de una zona insegura. Que nos demuestren el primer hecho de inseguridad en todos estos años que haya sido causado por un vendedor. Inseguridad hay, seguramente, pero no es generada por nosotros. Otra cosa es que exista gente a la que le moleste ver vendedores y estigmatice nuestro trabajo con hechos de inseguridad”, asegura.
Con esa inconformidad en mente, Luz, como representante de los vendedores afectados, tomó la decisión de empezar con el proceso de la tutela por medio de la cual un juez le terminó dando la razón. Ella y sus compañeros pertenecen a ‘Asovenambest’, la Asociación de vendedores informales y estacionarios, creada en el 2010 como respuesta a líos similares a los que trata esta página, y la cual actualmente tiene presencia en 14 de las 20 localidades de la ciudad.
“Como los vendedores pertenecen a la asociación nos llamaron para apoyarlos. Fueron desalojados arbitrariamente sacándolos sin brindar una alternativa de reubicación o reorganización en el sector, como dice la norma. Vinieron para cumplir una orden de recuperación de la zona alegando problemas de seguridad. Llegaron con camiones en un tipo de operativo que no veíamos hace años, saltándose, y de nuevo, no respetaron la sentencia C-211,que habla de la legítima confianza y señala que los venteros informales no son objeto ni de decomiso, ni de comparendos ni de obstrucción de bienes, máxime si están organizados”, señala Rodrigo Leal, representante de la asociación.
¿Qué dice el Distrito?
Si bien el IPES no se pronunció oficialmente al respecto, ante la consulta de este medio, señalaron que su competencia es, justamente, proteger el ejercicio del empleo informal, y en ese sentido, están promoviendo la oferta institucional para ofrecer mejores condiciones de las actuales y buscar estrategia de reubicación en otro punto. No obstante, ante la evidencia, todo parece indicar que dichas condiciones no están dadas y, en ese sentido, tanto Luz como sus colegas, seguirán en el punto donde permanecen hace más de una década.
Por su lado, la alcaldía de Suba señaló que, “tras las acciones desarrolladas una vez se publicó el incidente de desacato por el Tribunal de Cundinamarca, en cumplimiento de la orden judicial de 2014, en la que nosotros como alcaldía no estamos vinculados, sino solamente la Policía, en aras garantizar los derechos fundamentales de los vendedores informales, acompañamos la diligencia de desalojo”, comentó, en diálogo con El Espectador, Alejandro Figueroa, abogado de la alcaldía local de Suba.
Sin embargo, es preciso señalar que según el grupo de vendedores informales desalojados consultados por El Espectador, las entidades encargadas de velar por sus derechos “no hicieron nada para que nos dejaran de tratar de forma amenazante ni para que no nos inmovilizaran ni decomisaran nuestros carros o nuestras chazas”.
Lo cierto es que el juez falló en primera instancia, decisión que la alcaldía de Suba impugnó. “Cabe aclarar que es una tutela solamente para ella, no para la totalidad de vendedores informales, máxime cuando están ubicados en zonas de protección especial, por ejemplo, en cercanías de estaciones de policía, alcaldías o estaciones de Transmilenio. Nosotros tomamos la decisión de impugnar el fallo en el entendido de que nosotros no somos competentes, y en este caso, quien da la oferta institucional y la entidad encargada de este particular es el IPES”.
En primera instancia, nosotros como alcaldía ya impugnamos, porque nosotros no somos competentes, quien da la oferta institucional y la entidad encargada en este particular es el IPES. Si en segunda instancia el juez ratifica el fallo de primera instancia, tenemos una opción aunque no sea nuestra competencia, de mejorar sus condiciones de la señora Luz Stella ofreciéndole que se vincule como gestora de convivencia en nuestro fondo de desarrollo local”.
Entre tanto, los vendedores y los clientes habituales que extrañaron su presencia celebran la decisión. “Para nosotros esto es un triunfo y un precedente, para que se respeten nuestros derechos y para que, como se dice vulgarmente, se la dejen de montar a las personas más vulnerables. A mi sí me gustaría que el alcalde Carlos Fernando Galán venga y haga el recorrido que hizo en campaña, cuando vino a buscar votos y prometer mejores condiciones para nosotros. Sería bueno que venga y vea cómo funciona esto por acá y se dé cuenta de todo el daño que una decisión así puede causar”.
“Y lo decimos, porque hay otras zonas, como Mazurén, en donde ya están levantando vendedores de maneras arbitrarias. Con este precedente podríamos incluso proceder con una tutelatón, porque como dicen que el fallo solo favorece a la señora Luz Stella, entonces a los demás nos tocará presentar tutelas para que nos garanticen los derechos. Así nos toque uno por uno, pero hay que hacer valer nuestros derechos”, señaló Carlos Amézquita, vendedor de flores del sector.
Finalmente, Rodrigo Leal, representante legal de la Asociación de vendedores ambulantes y estacionarios, señaló que demandarán por las perdidas económicas que la decisión causó en los y las afetadas.
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