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Ni Raymond Chandler ni Dennis Lehane pudieron imaginar una novela policíaca con tantos giros y enredos como la que se está escribiendo sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La investigación sobre este magnicidio ha incluido asesinos a sueldo que vienen del extranjero, armas proporcionadas por terceros y complots en los que habrían participado quienes se suponía debían defender la vida del exmandatario, y aún no se sabe quién dio la orden. El otro componente de la trama han sido las demandas, trabas y persecuciones a los detectives para dejar en una eterna incógnita la identidad del cerebro de la operación.
Y ahora la resolución del caso parece más lejana que antes con la introducción de un nuevo sospechoso: el actual primer ministro del país, Ariel Henry. El martes, el fiscal general de Haití, Bel-Ford Claude, le envió una carta al juez que lleva el caso de Moïse, Garry Orélien, para que se incluya en la investigación a Henry por su presunta participación en el asesinato del presidente. El fiscal Bel-Ford Claude también envió una carta a la Dirección de Inmigración y Emigración de Haití para solicitar que se le impida la salida del país al primer ministro mientras es investigado. Por todo esto, Henry decidió destituir al fiscal en horas de la tarde, una ofensiva que aumenta la desconfianza sobre el líder haitiano en el país.
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Claude sostiene que Henry, quien fue apoyado por la comunidad internacional para asumir el cargo de primer ministro, mantuvo dos conversaciones con Félix Badio, exdirector de la Unidad Anticorrupción y uno de los presuntos sospechosos de haber participado en el asesinato de Moïse. Las llamadas citadas por el fiscal se realizaron el pasado 7 de julio a las 4:03 a.m., solo unas horas después de que Moïse recibiera doce impactos de bala en su residencia en Puerto Príncipe.
Estas conversaciones duraron un total de siete minutos y, gracias a la geolocalización del teléfono de Badio, se encontró que uno de los interlocutores estaba cerca de la residencia del presidente, el otro estaba en el Hotel Montana en Puerto Príncipe.
“Ariel Henry debe dimitir inmediatamente y ponerse a disposición de la justicia”, escribió Renan Hedouville, cabeza de la Oficina para la Protección del Ciudadano, equivalente a una Defensoría del Pueblo.
Las revelaciones han multiplicado los pedidos para que Henry dimita, aunque el funcionario sostiene hasta hoy que nunca habló con Badio. El primer ministro apunta a que esta es una “distracción” para que no termine con su trabajo y que busca torpedear los acuerdos conseguidos para gobernar Haití que acababa de lograr.
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El sábado pasado, en la residencia oficial del primer ministro, Henry anunció un acuerdo político con los partidos de oposición para lograr una “gobernanza pacífica y eficaz”. El documento firmado busca establecer un gobierno de transición, encabezado por Henry, hasta que se realicen unas nuevas elecciones presidenciales a más tardar a finales de este año.
También se presentó una hoja de ruta con tareas inmediatas, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad nacional para “el apaciguamiento de todo el territorio”, y asegurar avances en las investigaciones sobre delitos de sangre, como el asesinato de Moïse, y financieros, como el expediente de PetroCaribe, la investigación por la desaparición de US$3.800 millones de fondos que el país recibió por el programa de asistencia venezolano creado por Hugo Chávez. Por otro lado, también se estableció una Asamblea Constituyente conformada por 33 miembros designados por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como antesala a los comicios presidenciales.
Todas estas son medidas que buscan remediar la situación en Haití, país que lleva más de un año y medio sin actividad en su Parlamento y cerca de dos meses sin presidente, en medio de una profunda crisis económica y social. Sin embargo, la investigación a Henry podría desestabilizar el acuerdo. Para Robert Fatton, de la Universidad de Virginia y experto en política haitiana, es claro que, luego de dos meses, la pelea por el poder en Haití aún no termina. Hay dos facciones en el gobierno: una que apoya al nuevo primer ministro y otra que se mantiene apoyando al difunto Moïse.
“Tenemos una situación muy confusa, una lucha de poder en este momento. No está claro hacia dónde vamos y ni qué piensa la comunidad internacional sobre todo esto”, dijo Fatton, consultado por la agencia AP.
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Las tragedias se le han acumulado a Haití en los últimos meses. El país acaba de ser sacudido por un terremoto que ha dejado más de dos mil muertos y cerca de 700.000 damnificados, la situación económica es delicada y las bandas criminales continúan proliferando en el país, sembrando el terror con secuestros y asesinatos a diario.
Por un lado, este escenario genera que pocos estén emocionados con la idea de unas nuevas elecciones. Según Peter Mulrean, quien fue embajador de Estados Unidos en Haití durante la administración de Barack Obama, resulta tentador pensar que nuevas elecciones aclararán la situación y restablecerán la estabilidad; sin embargo, la experiencia nos enseña todo lo contrario”.
“Lo que Haití necesita es hacer un balance de lo que está roto y arreglarlo. El declive de la democracia haitiana se ha acelerado recientemente, pero se está gestando desde hace mucho tiempo, y cada serie de elecciones representa un ciclo negativo que debilita aun más sus cimientos y la confianza de la gente”, escribió el diplomático en el portal Just Security.
Pero, más importante, todo el caos en el que se ha sumido el país ha servido para poner la investigación por el magnicidio de Moïse en un segundo plano, lo cual ayuda a que el crimen continúe en la impunidad. Ahora Henry, con el despido del fiscal Claude y acosado por la revelación de estas llamadas, le echa más tierra a la pesquisa.
La destitución del fiscal se sumaría a la larga lista de trabas que ha tenido el caso; tras cumplirse el mes del asesinato de Moïse, los haitianos aún seguían buscando un juez de instrucción a quien confiar la investigación, pues al menos tres rechazaron el expediente. Y cuando finalmente se designó a Mathieu Chanlatte al frente de la indagación, el juez renunció en menos de una semana alegando razones personales.
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“Nos desvinculamos de este caso por razones personales y ordenamos su devolución al decano de este tribunal”, dijo Chanlatte en una carta dirigida al tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe. La rapidez con la que el magistrado abandonó este caso, epicentro de la atención nacional, no sorprende a algunos profesionales de la justicia, que no ocultan el peligro de la misión.
“Yo dije que sería difícil para el juez Chanlatte: sigue teniendo el mismo coche, y no tiene otros agentes de seguridad adscritos a su servicio”, dijo a la AFP el juez Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Haití, en un momento en que el país está asolado por la violencia de grupos armados. “Las bandas armadas están en las inmediaciones del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, por lo que es muy difícil que cualquier magistrado pueda llevar a cabo este caso”, añadió Morin.
La responsabilidad recae ahora sobre el juez Garry Orélien, quien deberá apoyarse en el nuevo fiscal del caso, Frantz Louise, para esclarecer el episodio de las llamadas de Henry. Orélien llamó a Martine Moïse, esposa del mandatario asesinado, a comparecer ante el tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe en una audiencia prevista para el 20 de septiembre, según información recibida por el diario. La viuda del primer ministro siempre ha insistido en que un grupo de oligarcas estuvo detrás de toda la operación. Si las llamadas de Henry resultan ciertas, sus denuncias comienzan a cobrar sentido.
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