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Muy pronto se conocieron los estragos que dejó a su paso Iota, en noviembre de 2020, en San Andrés y Providencia. El huracán destruyó viviendas, hoteles, hospitales, vías y comercios. La población raizal perdió la infraestructura más básica que necesitaba para vivir en esta región insular. Lo que no se conoció tan pronto fueron los costos de su reconstrucción y las empresas seleccionadas para este propósito. El gobierno de Iván Duque inició un plan para restaurar este departamento, que tuvo como valor inicial $40.000 millones, pero que terminó costando al menos $646.000 millones.
Durante ese gobierno, del partido político Centro Democrático, se inyectó más dinero a la reconstrucción de San Andrés y Providencia a través de la firma de cuatro otrosíes, entre 2020 y junio de 2022. El Espectador encontró que al menos cinco millonarios contratos fueron entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd) de manera directa a contratistas cercanas al Centro Democrático o que han tenido negocios en el pasado con sus figuras políticas más visibles.
Esos cinco convenios, que tuvieron un valor total de $24.200 millones, finalizaron sin contratiempos, según la interventoría de las obras. Sin embargo, en general, toda la reconstrucción, ha sido fuertemente cuestionados por la Corte Constitucional. El alto tribunal señaló, en noviembre de 2022, que esa reconstrucción pasó por encima de las comunidades, ya que no fueron consultadas por ninguna entidad del Gobierno sobre las condiciones de las obras.
Lea los otros dos articulos de este especial sobre la Ungrd y San Andrés:
Primera parte: UNGRD compró madera ilegal del Clan del Golfo para reconstruir Providencia
Segunda parte: Empresario procesado por Odebrecht estuvo en la reconstrucción de San Andrés
La empresa que financió el No en el plebiscito
En febrero de 2021, Findeter y la Ungrd suscribieron un contrato por $6.000 millones con un conocido contratista de la Casa de Nariño, muy cercano a las toldas uribistas: Du Brands SAS, representada legalmente por Pedro Javier Charry Sarmiento. En ese momento, el entonces senador Roy Barreras señaló que esa empresa había sido recomendada por el expresidente Álvaro Uribe para este lucrativo contrato. Un asunto que éste negó tajantemente. Lo que sí se pudo comprobar fue que en Du Brands trabajó Emmanuel Echeverri, hijo del gerente de la campaña de Duque, Luis Guillermo Echeverri. Este último, a su vez, es hijo del fallecido empresario Fabio Echeverry Correa, principal consejero de Álvaro Uribe durante sus dos periodos presidenciales.
Antes de hacer parte de la reconstrucción del departamento insular, el nombre de la compañía trascendió públicamente, en 2016, cuando la firma aportó al Centro Democrático para la campaña del No en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las FARC un monto de $330 millones. Incluso, manejó las estrategias digitales de esa campaña y de la correría de Iván Duque por la Presidencia, en 2018.
En mayo de 2020, con Iván Duque ya instalado en la Casa de Nariño, la compañía volvió a ocupar otros titulares de prensa. En ese momento se supo que la Presidencia le entregó un contrato por $3.350 millones para posicionar la imagen del entonces primer mandatario en redes sociales con plata del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República. Dineros que, como su nombre lo indican, tenían que ser destinados a programas contemplados para la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.
En cuanto a su contrato con la Unrgd, de febrero de 2021, la empresa fue contratada para “planear, organizar y administrar” toda la cadena logística de suministros para la reconstrucción del archipiélago hasta febrero de 2023. De acuerdo con cifras públicas, durante el gobierno de Iván Duque, Du Brands recibió contratos por más $62.000 millones, relacionados con otras labores logísticas como, por ejemplo, la organización de los Juegos Intercolegiados de 2022.
El hombre de confianza en la isla del zar de las basuras
Otro de los hombres que aparecen a la sombra de la reconstrucción es William Vélez Sierra, el amigo íntimo y financiador de las campañas de Álvaro Uribe. El octogenario empresario denominado zar de las basuras, por su dominio casi que total en el manejo de residuos en varias zonas del país. Entre ellas, San Andrés, donde desde 2017, a través de una sociedad futura conformada por cinco empresas, cuatro de ellas propiedad de Vélez Sierra, controla ese servicio. La restante, VyV Suministros, ubicada en territorio isleño, es representada legalmente por Fernando Vásquez y comparte instalaciones en San Andrés con Interaseo, la principal empresa de Vélez Sierra para sus negocios de basura.
Desde 2017, Vásquez Escandón se convirtió en el hombre de confianza para el zar de las basuras en San Andrés sobre este contrato. Una fuente al interior de la gobernación, que fue la que adjudicó el contrato de basuras a las empresas de Vélez, le contó a este diario que Fernández Escandón son los ojos de la familia “Vélez Sierra en la isla”. La firma VyV recibió por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dos contratos por un total de $5.900 millones para construir 29 casas en Providencia. Según los documentos de la interventoría y las actas de finalización de contrato, las obras fueron culminadas sin ningún contratiempo en febrero de 2022. El Espectador se contactó con Vásquez Escandón, pero al cierre de esta publicación no había respondido a los mensajes.
El clan político que es socio del esposo de Martha Lucía Ramírez
Si hay una familia que ha ejercido poder en San Andrés y Providencia durante las últimas décadas son los Gallardo Archbold. Ese clan, casi que omnipresente en las actividades claves del departamento, también fue beneficiado con dos contratos por el gobierno de Iván Duque para la reconstrucción de este territorio caribeño. En concreto, el beneficiado fue el arquitecto Mauricio Gallardo Archbold, hermano del excongresista Julio Gallardo Archbold, condenado a cinco años de cárcel por el escándalo del cartel de la Toga e investigado por la Corte Suprema de Justicia por un supuesto incremento patrimonial injustificado que habría tenido entre 2007 y 2020.
Previo a recibir esos dos convenios, que en total valieron $12.300 millones para reconstruir 63 casas en Providencia, Mauricio Gallardo Archbold concretó un millonario negocio inmobiliario con Álvaro Rincón, el esposo de Martha Lucía Ramírez, quien fue la vicepresidenta durante el gobierno de Iván Duque. Entre 2010 y 2016, la empresa familiar, Gallardo & Cia, consolidó una fiducia junto con Hitos Urbanos, la constructora de Rincón.
Esa millonaria alianza comercial terminó en la construcción del un controvertido complejo inmobiliario de lujo. Se trata del hotel Grand Sirenis, construido en un predio de la familia Gallardo Archbold y que en los últimos años ha estado bajo la lupa de las autoridades por posibles irregularidades durante su planeación y construcción. En junio de 2023, el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó tumbar seis pisos (dos de cada torre) del hotel, ya que exceden el límite permitido por la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que solo permite construcciones de seis pisos en esa zona de San Andrés. El Espectador se contactó con Mauricio Gallardo, pero hasta el momento no hubo respuesta.
El oficial (r) de inteligencia
El consorcio que eligió la Unrgd para reconstruir el centro administrativo y las estaciones de policía y de bomberos en el archipiélago es representado legalmente por un oficial retirado de la Policía que se movía en asuntos de inteligencia y contrainteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se trata de Ronald Hayden Coy Ortiz, el capitán de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional que se encargó de la cadena de custodia del computador del exjefe guerrillero de las FARC, Luis Édgar Devia Silva, o Raúl Reyes, quien murió durante un controversial bombardeo de las autoridades colombianas en territorio ecuatoriano, en marzo de 2008. Ese año, Coy se volvió pieza clave en el caso de la Farcpolítica, el expediente de la Fiscalía que investigaba a políticos por posibles nexos con ese grupo ilegal.
Ante la Fiscalía, el entonces investigador antiterrorista de la Dijín contradijo al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien había señalado públicamente que en el computador de Reyes aparecían correos del jefe guerrillero con políticos como Piedad Córdoba. Coy señaló que solo se encontraron cartas en Word y que no había prueba alguna de que hubieran sido recibidas por la recientemente fallecida política antioqueña. El capitán retirado de la Policía también aparece relacionado con el cuestionado testigo de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en el denominado caso de los testaferros de las FARC: Fernando Bahamón Céspedes.
Este hombre, que estuvo vinculado al mundo del crimen organizado, se volvió informante de Coy en los años 90, con el Grupo de Apoyo y Alianzas Estratégicas de la Policía. Desde entonces, Bahamón se volvió testigo contra congresistas que tuvieron supuestos nexos con la guerrilla y los paramilitares. Volviendo al contrato que le entregó directamente la Unrgd a Coy para la reconstrucción de San Andrés, además de ser el representante legal del mencionado consorcio, su empresa, Jico Construcciones, tiene el 37 % del control de la misma. Los documentos del contrato, que tuvo un valor de $20.000 millones, señalan que la obra terminó en julio de 2023 sin mayores contratiempos. Este diario se contactó con Coy pero hasta el momento no hubo respuesta.
El llamado de la Corte Constitucional
Aunque los informes de supervisión y auditoría de la reconstrucción de San Andrés y Providencia señalan que las obras han concluido satisfactoriamente, el presidente Petro y Carlos Carillo, actual director de la Ungrd, han hecho fuertes críticas sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia. A esas voces también se sumó la Corte Constitucional, en un fallo de tutela de noviembre de 2022
De acuerdo con el alto tribunal, el gobierno de Iván Duque incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas e infraestructura esencial y que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal su derecho a la consulta previa. Además, le ordenó a la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Ungrd, el Ministerio de Vivienda, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina reparar los perjuicios en los que habían incurrido, y les solicitó retomar la reconstrucción con base en los requerimientos de la población raizal y bajo el principio de “reconstruir mejor”, lo cual permitirá a los habitantes de las islas adaptarse a los efectos del cambio climático.
En respuesta a un derecho de petición, la Unrgd, esta vez en la era Petro, le contestó a este diario que su labor en San Andrés está lejos de acabar, pues hay una obra clave por adjudicar y que fue ordenada en la sentencia de 2022 de la Corte Constitucional. Se trata de una licitación pública por un contrato de $40.000 millones con el fin de que alguna empresa se haga cargo de la logística para la evacuación y disposición de los residuos sólidos y escombros de cuatro puntos de acopio de San Andrés y Providencia. La adjudicación de ese contrato, dice la Unidad, no se ha adelantado porque justo quieren evitar un nuevo “halón de orejas” del alto tribunal por no haber consultado con las comunidades el plan y ejecución de las obras.
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Por David Escobar Moreno
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