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En el Tribunal Superior de Valledupar hay un expediente en el que se investiga a tres fiscales de Aguachica, Cesar, que habrían estado involucrados en actos de corrupción, quienes habrían metido las manos para entorpecer las investigaciones en varios procesos a cambio de dádivas y altas sumas de dinero. Sin embargo, el caso en contra de los integrantes del ente investigador camina a paso de tortuga y la Corte Suprema de Justicia le jaló las orejas al Tribunal por su demora en el caso, porque desde 2017, cuando fueron imputados, no han sido llamados a juicio.
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De acuerdo con el expediente que reposa en la Sala Penal del Tribunal Superior, los tres imputados son Eduardo José Cabello Baquero, fiscal 21 seccional; Luis Fernando Herrera Carrascal, fiscal 15 seccional; y Rodrigo Pérez Mancini, fiscal segundo local, todos de Aguachica, Cesar. Según los documentos en su contra, los tres “habrían recibido sumas de dinero con el propósito de ejecutar u omitir actos relacionados con los procesos que conocían en razón de sus cargos, lo cual hicieron en coordinación con otros servidores públicos y abogados litigantes. Esa conducta, según la Fiscalía, estructura el delito de concierto para delinquir cuya comisión se les imputó”.
Los papeles de la investigación en contra de los fiscales dan cuenta de los sobornos que, supuestamente, recibieron los tres hombres en los distintos casos que llevaban. El ente investigador encontró que al parecer el fiscal Herrera Carrascal habría recibido $ 15′000.000 y un caballo para entorpecer al menos ocho procesos. Por su parte, según la investigación, a Cabello Baquero le habrían entregado aproximadamente $500 millones por 12 procesos en los que sus manos habrían desviado investigaciones. Por último, el fiscal Pérez Mancini habría recibido $ 6′500.000 por dos casos en los que era investigador.
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En el caso de Herrera, el fiscal, al parecer, en 2017 habría pedido ayuda a un fiscal de Barrancabermeja, Santander, para, supuestamente, favorecer una investigación en la que un congresista de esa región habría tenido intereses. En otro caso que llevó, en 2015, al parecer le pidió a una imputada en un proceso por el delito de transferencia no consentida de activos $15′.000.000 para archivar la investigación en su contra. En ese mismo caso, el hermano de la mujer, al parecer, le habría regalado un caballo como dádiva para ayudarla.
Sobre el fiscal Cabello Baquero, la investigación arrojó que en uno de los casos que manejaba, pidió tres millones de pesos para devolver un vehículo incautado, el cual nunca fue judicializado dentro de la investigación que adelantaba. En otro caso, Cabello habría pedido le habría pedido a un ingeniero $150′000.000 para dilatar un proceso en contra de una mujer que tenía orden de captura, pero que tenía “errores en la fecha y lugar de ocurrencia de los hechos”. Un tercer caso que llevó fue por la muerte de dos niños electrocutados en una poceta de agua. En esa ocasión, recibió ochenta millones de pesos para no vincular un hombre en la investigación.
Finalmente, sobre el fiscal Pérez Mancini, encontraron que devolvió un vehículo que había sido incautado en una investigación, a cambio de $4′.000.000, sin que un juez conociera de la devolución. Un testigo señaló que en una ocasión, el fiscal lo capturó por porte ilegal de armas y él le pagó $2′500.000 para recobrar su libertad. Otro testigo lo señaló de ordenar “allanamientos a establecimientos comerciales de manera indiscriminada, con el fin de presionar a los propietarios para que paguen sumas de dinero”.
A pesar de lo que encontró la Fiscalía en contra de los tres imputados, el Tribunal, según lo que señala la Corte Suprema en su llamado de atención, no permitió que se practicaran algunas pruebas por parte de la defensa de los tres fiscales, las cuales ayudarían a probar su inocencia, según pedían sus abogados. Dentro de lo que se negó a ordenar el Tribunal Superior de Valledupar estaban los estados financieros de los tres fiscales que darían cuenta de que no habría irregularidades en sus finanzas en los tiempos en los que llevaron los casos que supuestamente habrían entorpecido.
De igual manera, se señala en los documentos de la Corte, que el Tribunal Superior también se negó a aceptar los testimonios de al menos seis personas que habrían tenido conocimientos de los presuntos hechos de corrupción. El argumento que usó el Tribunal Superior de Valledupar para negar las pruebas fue que no se pudieron argumentar la necesidad de esas pruebas. Para el magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien fue el ponente de la decisión en la Corte Suprema, dijo que en efecto, las partes debían tener argumentos sólidos, pero que, en este caso, sí los expusieron.
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Con el análisis que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema, le ordenó al Tribunal Superior de Valledupar que revocará la decisión que había tomado de no practicar las pruebas. Pero, la decisión del magistrado Solórzano no iba sola, pues la acompañó resaltando las demoras que el Tribunal le ha dado al caso. Según expresó en el documento la Corte, los tres fiscales fueron imputados en 2017 y en 2018 se tramitó la audiencia de formulación de acusación, las audiencias preparatorias iniciaron dos años después, en marzo de 2022, y en septiembre de ese año fue que el Tribunal se negó a ordenar la práctica de pruebas. Desde esa fecha, el proceso no se ha movido y está en riesgo de prescribirse.
Con las cosas así, la Corte devolvió el proceso a la Sala Penal del Tribunal, pero aclarando que debido “al considerable tiempo que ha transcurrido sin que en esta actuación haya dado inicio el juicio oral, hacen necesario que la Corte haga un llamado de atención al Tribunal en aras de que imprima celeridad a este asunto, dada la cercanía del fenómeno prescriptivo de la acción penal frente a uno de los injustos objeto de acusación”. Pero, hasta el momento, las ordenes de la Corte no se han materializado, pues el último movimiento registrado en el caso fue en noviembre del año pasado, cuando el expediente retornó a Valledupar.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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