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En las noches del martes y del jueves pasados, el gobierno de Gustavo Petro trató de conjurar una crisis antes de que le estalle. En la mañana del jueves, último día del primer debate del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, ante la Secretaría quedó radicada una constancia firmada por los congresistas indígenas en la que advirtieron que en el trámite del plan les están violando el derecho fundamental a la consulta previa e incumpliendo los acuerdos a los que habían llegado durante la formulación de ese documento.
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Dos días antes, en la mañana del martes 21 de marzo, las siete organizaciones indígenas más grandes del país habían emitido un pronunciamiento en el que se declaraban en asamblea permanente. Lo hacían en respuesta al incumplimiento que denunciaban por parte del gobierno Petro sobre acuerdos ya concretados y a la falta de interlocución directa con el primer mandatario. Esa misma noche Petro recibió a los líderes indígenas en Palacio y hacia las 10 publicó una foto de la reunión a puerta cerrada y escribió: “Con la dirigencia de las comunidades indígenas en el Palacio de Nariño”. En la noche del jueves fue el ministro Prada el que se reunió con ellos.
Detrás de los encuentros de emergencia que se dieron martes y jueves viene un compromiso del Gobierno con el movimiento indígena que empezó el 16 de septiembre de 2022. Ese día, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, firmaron la ruta metodológica para la consulta previa del PND 2022-2026, conformada por una fase de preconsulta, una de consulta y una de seguimiento. Luego, el 5 de febrero de 2023, protocolizaron la ruta y se pactaron más de 200 acuerdos, de los cuales 30 se convirtieron en artículos en el proyecto del PND que el Gobierno llevaría al Congreso.
“Cuando nosotros protocolizamos acuerdos en el marco de la consulta previa, esos acuerdos no son modificables después”, le dijo a este diario Édgar Velasco Tumiña, secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (Aiso), delegado en la Mesa Permanente de Concertación Indígena y uno de los asistentes a las reuniones con Petro y su ministro Prada.
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Pero durante los tres días de debate en las comisiones económicas del Congreso, al menos cuatro de los artículos acordados fueron eliminados y otros 17 fueron modificados “de forma y fondo”, según la constancia que radicaron ante esas comisiones, firmada por los congresistas Norman Bañol, Ermes Pete, Javier Alexánder Sánchez, Aída Quilcué y Polivio Rosales.
Entre los artículos que les eliminaron en el debate están el 31, sobre la organización de la gestión catastral y el tema del catastro indígena; y el 160, que le confería al presidente facultades extraordinarias por seis meses para expedir el decreto-ley que regulara las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas. Y también el artículo 290, que planteaba que las entidades estatales incluirían requisitos habilitantes diferenciales en los procesos de licitación pública como medida de acción afirmativa para incentivar la participación de las comunidades étnicas -afros e indígenas-. Según ese artículo, “en los pliegos de condiciones se dispondrán mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población indígena, de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rrom del lugar de ejecución del contrato, en un porcentaje estimado superior al 30 % del personal requerido”.
Ese tema de la contratación estatal con comunidades indígenas fue uno de los asuntos que criticó el fiscal general, Francisco Barbosa, al PND. En declaraciones a medios de comunicación, dijo que el artículo modificaría la ley de transparencia y le daría facultades a cabildos indígenas y negritudes para contratar de forma directa; además, que al ser actores que carecen de experiencia contractual pueden ser fácilmente manipulables por inescrupulosos. “¿Cómo le vamos a decir que contraten si, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la cultura propia de un pueblo indígena”, fueron sus palabras.
Por esas declaraciones, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) emitió un pronunciamiento en el que calificó las declaraciones del fiscal como un acto racista, discriminador y de odio en contra de los pueblos indígenas, y le exigió retractarse y disculparse.
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Entre los artículos modificados, según la constancia del movimiento indígena, está el del Fondo del Buen Vivir, que para ellos perdió autonomía después de las modificaciones, y otros relacionados con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito o la reforma agraria.
En dicho documento se lee: “dejamos constancia de que realizar cambios a los artículos o acuerdos logrados en el marco del derecho fundamental al consentimiento y consulta previa, libre e informada configura un vicio de trámite y pone en riesgo la estabilidad jurídica de la ley del PND”.
“El que acuerda con nosotros es el Gobierno Nacional, y precisamente uno de los acuerdos en el marco de la protocolización es que debe hacer defensa integral ante el Congreso de lo acordado con el movimiento indígena”, enfatiza Velasco Tumiña. Según explica, la consulta previa es vinculante por mandato constitucional también para el Legislativo, no solo para el Ejecutivo.
En la reunión a puerta cerrada del martes en Palacio, los dirigentes indígenas le plantearon a Petro otra de sus exigencias, además de los acuerdos en el PND: tener una participación directa en la “paz total” del presidente, tanto en los diálogos de paz con el ELN como en las conversaciones abiertas con los otros grupos armados, entre ellos las dos facciones de disidencias de las antiguas FARC. En el espacio, el presidente habría coincidido con los dirigentes en que el movimiento indígena debe ser un actor político fundamental en la apuesta de “paz total”.
En la cita también quedaron definidas varias líneas de acción y, según los indígenas, el presidente reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos que se hagan como resultado de la consulta previa. Eso se aterrizó dos días después en la reunión con el ministro Prada. En medio de ese encuentro, el ministro publicó que estaban ratificando “el compromiso mutuo por el cambio social que necesita Colombia”.
Aunque la reunión con Petro y el encuentro con el ministro contuvieron los ánimos esta semana, Velasco Tumiña sostiene: “La protesta es un derecho fundamental; nosotros no nos negaremos ese derecho si nos llegan a incumplir estos acuerdos protocolizados”. Y agregó: “Dejamos muy claro que las reformas estructurales que se están luchando por parte del gobierno de Petro son reformas históricas que el movimiento indígena ha exigido y lo respaldamos totalmente; le estamos diciendo que lo respaldamos, pero que esas reformas se construyen con los pueblos indígenas”.
Por Sebastián Forero Rueda
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