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El Gobierno del presidente Gustavo Petro está jugado por sacar adelante algunos proyectos en el Congreso, pese a que en esa institución cada vez el ambiente se le vuelve más adverso a sus propósitos y la oposición a sus políticas públicas es creciente. Pero la Casa de Nariño tiene unos propósitos que son del corazón del progresismo y que no quiere dejar perder en medio de esa marea de pugnacidad que crece entre las ramas Ejecutiva y Legislativa.
Por un lado, de acuerdo con información oficial, está la intención de sacar adelante un proyecto de ley estatuaria que regula la protesta social. Y no es un tema menor, pues el propio Petro ha dicho en varias oportunidades que la movilización callejera es fundamental para la defensa de su administración y que, por lo mismo, su instrucción a las Fuerzas Militares y de Policía es “no levantar las armas contra el pueblo”.
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El jefe de Estado mantiene en los escenarios internos y extranjeros la narrativa en torno a un supuesto intento de frenar su mandato, por lo que constantemente llama a las manifestaciones para que, según él, el establecimiento y la institucionalidad que ahora combate en un tono casi que de campaña vean que mantiene apoyo popular. Y ahí entra en juego la iniciativa que está pendiente de primer debate en la Cámara.
El proyecto –que tiene firmas de varios partidos como las de Andrés Jiménez (Conservador), Eduard Sarmiente (Polo) y, entre otros, Piedad Correal (Liberal)– busca que episodios similares a los del estallido social de 2021, cuando manifestantes perdieron ojos por acción de la Policía y cientos de civiles ajenos a las protestas vieron destruidas sus viviendas por vándalos, no se repitan imponiendo derechos y deberes específicos para ambas partes.
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En efecto, el articulado –que debe aprobarse antes del 20 de junio de 2025 y tiene control previo de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia si pasa su trámite en el Congreso– establece medidas como el uso de la Fuerza Pública para acabar con focos violentos en esas protestas, pero bajo un enfoque específico de derechos humanos y con la condición de evacuar primero todas las vías de diálogo posibles. Además, los uniformados solo podrían actuar en donde se den esos episodios y no en el grueso de las manifestaciones.
Esto se traduce en que, por ejemplo, el antiguo Esmad (ahora llamado Undmo) no podrá dispersar toda una protesta, como pasa actualmente, sino solo frenar los focos violentos que se desaten en esas manifestaciones.
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En el artículo cuatro del proyecto se establece –entre otras cosas– el “principio de focalización”, el cual fija que “en el marco de la reunión, manifestación y protesta social pública y pacífica, las autoridades deberán identificar e individualizar a aquellos ciudadanos que realicen actos de violencia y pongan en peligro la vida e integridad de los manifestantes y de quienes no participan en la manifestación pública y pacífica. Una vez identificados, la autoridad deberá controlar los focos de violencia, interviniendo exclusivamente en estos actos, de manera tal que se garantice la continuidad del ejercicio del derecho fundamental a la reunión, manifestación y protesta social pública y pacífica”.
Dentro de esta iniciativa, cuyo respaldo de la Casa de Nariño fue confirmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se dejan definiciones como a quiénes se puede considerar como víctimas de hechos violentos en una protesta, ya sea por acciones de los manifestantes o de los agentes del Estado. Y se agrega la siguiente claridad: “También se consideran víctimas el cónyuge o compañero permanente y los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de quien sufrió el daño o los integrantes de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales a los que pertenece o pertenecía”.
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Otro de los asuntos que pone este proyecto es que “se recomienda a los organizadores o movimientos sociales” informar por dónde transitarán en sus manifestaciones y con quiénes, con el fin de también garantizar su seguridad. Además, se deja claro que los servicios básicos y fundamentales, como la salud y la educación, deben respetarse por quienes protesten y ser garantizados por el Estado.
Incluso, según la iniciativa que la Casa de Nariño quiere sacar adelante y que se incluye dentro del paquete de acciones que denominó “plan de choque” para implementar el acuerdo de paz con las extintas FARC y cuyo contenido completo de seis puntos –conocidos en su integridad por El Espectador– se hará público el próximo 3 de octubre, se impone un deber de los manifestantes.
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En el artículo nueve quedó especificado que “es un deber ciudadano de los organizadores, convocantes, asistentes y participantes en la reunión, manifestación y protesta social, pública y pacífica, propiciar que el lugar en el que se realizó la actividad quede en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su uso”. Incluso, se establecen sanciones por incumplir este acápite.
Y aunque el proyecto tiene muchos otros temas de fondo, incluyendo el que deja claro que el derecho a la protesta no puede ni debe ser cercenado, estos son los asuntos que en el Legislativo generan preocupación porque podrían terminar siendo usados con fines políticos en el marco del interés electoral que tiene Petro para reelegir al progresismo en el 2026 y en cuya estrategia las calles son fundamentales. En todo caso, el debate hasta ahora comienza.
Esto último pasa con el otro proyecto al cual Petro y su Gobierno quieren darle vida en el Legislativo, pese a los reveses constantes que han venido teniendo y a los choques cada vez más subidos de tono, en especial por el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador). El mandatario lo acusó de darle “una puñalada trapera” por el estancamiento de las iniciativas oficialistas.
Pero, en plata blanca, lo que quiere el Ejecutivo es que el Capitolio apruebe un proyecto que establece un tratamiento diferencial en materia penal para los pequeños cultivadores de coca. Esta iniciativa –impulsada por Diógenes Quintero (Citrep de Catatumbo), Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y, entre otros, Jorge Eliécer Tamayo (La U)– deja en claro que los beneficios solo aplicarían cuando las personas estén inscritas en algunos de los programas de sustitución del Gobierno.
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En una parte del articulado se establece una modificación al artículo 375 del Código Penal (Ley 599 del 2000) para quien cultive, conserve o financie plantaciones “de las que se puedan producir cocaína, marihuana, morfina y heroína, o cualquiera otra droga que produzca dependencia”, en áreas previamente determinadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, incurriría en una pena que va desde los 8 hasta los 18 años de cárcel.
Pero, de inmediato, se aclara que habrá un beneficio: “Podrán solicitar a la Fiscalía por única vez la extinción de la acción penal”. Además, se especifica que los jueces deben priorizar este tipo de revisiones “cuando hayan sido presentadas por madres cabeza de familia”.
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Otro de los asuntos, entre las varias medidas que establece, es que si hay bienes que se hayan enajenado a los pequeños cultivadores o a terceros de buena fe serán retornados a sus dueños y, de paso, se impone una salvaguarda: “La enajenación de los bienes a terceros de buena fe en los términos de este artículo y para los fines de la presente ley no generará responsabilidad extracontractual del Estado”.
No obstante, si pasa este proyecto de ley ordinaria, se requiere una reglamentación final que también debe tramitarse en el Congreso y que –según algunas fuentes oficiales– el Ejecutivo y algunos legisladores ya se encuentran adelantando.
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Además, lo cual es clave, esta iniciativa va en la misma línea del presidente Petro en cuanto a priorizar las interdicciones y perseguir los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico, dejando de atacar a los campesinos que terminan involucrados en estos hechos. Incluso, hace dos semanas el propio mandatario dijo que la marihuana ya debería ser legal.
Lo que ahora está por verse es si estas dos iniciativas, que se suman a la reforma política que Cristo radicó el pasado martes, logran respaldo en el Capitolio, pues el jefe de Estado mantiene su muralla retórica contra el Congreso y ni siquiera el acuerdo nacional ha logrado despegar. El ministro del Interior dice que sí se puede, pero algunos legisladores acuden al pragmatismo político para responderle que no.
Este es el proyecto con el que se busca regular la protesta social:
Consulte aquí la iniciativa de tratamiento diferencial para pequeños cocaleros:
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