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La misma semana en que alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos, donde la justicia de ese país lo requiere por delitos de narcotráfico, la Defensoría alertó sobre un hecho que tiene todo que ver con cómo se está reorganizando el crimen organizado en Colombia con la salida de su principal ficha del narcotráfico. El sistema de alertas tempranas de ese organismo alertó del complejo escenario que enfrenta la población de Titiribí, Antioquia, por la disputa territorial por el microtráfico que avanza entre el Clan del Golfo y el grupo de crimen organizado San Pablo, adscrito al grupo de bandas de la Oficina.
La reciente historia de la mafia en Antioquia tiene como uno de sus hitos, el pacto de San Jerónimo, entre la Oficina y gente de Otoniel. Se trata de un acuerdo de no agresión que se dio entre 2013 y 2014 para parar la ola de violencia que vivía el Valle de Aburrá, y que estaría por desaparecer. “Con la extradición de alias ‘Don Berna’ en mayo de 2008, la hegemonía alcanzada en los territorios que estuvieron bajo su control, se pierde producto de las tensiones surgidas al interior de La Oficina, que llevaron finalmente a su división en dos bandos: las organizaciones adscritas a La Oficina y el Clan. La disputa generó altos índices de violencia en el Valle de Aburrá y en las subregiones del departamento de Antioquia”, señala la Defensoría.
Ese pacto, que hoy se podría desmoronar por lo que pasa en Titiribí, en detalle, tenía como fin de que todos los grupos criminales tuvieran su tajada en el narcotráfico. Esto implicó la redistribución de territorios de control armado. “Es así como las áreas de cultivo estarían controladas por las FARC-EP, la producción de clorhidrato de cocaína por las AGC y parte de rutas de comercialización de narcóticos hacia mercados internacionales sería controladas por la Oficina de Envigado, se presume que en este arreglo habrían tenido influencia organizaciones de crimen organizado internacional interesadas en el flujo de narcóticos a mercados internacionales
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Aunque desde 2017 hubo un reacomodo de los grupos criminales en este municipio, la Defensoría prendió de nuevo las alarmas sobre las acciones que está realizando el Clan del Golfo para expandir su poder en este municipio. En Titiribí existe un alto consumo de sustancias psicoactivas, asociado aparentemente, con los mineros de carbón, el cual deja una importante ganancia a las organizaciones armadas. Esta actividad minera se desarrolla en la parte suroriental del municipio, de ahí que la principal plaza de venta de sustancias psicoactivas se ubique en esta zona, y que hoy es el escenario de disputa de los dos grupos criminales.
“Según diversas fuentes, la estrategia expansiva adelantada por el Clan del Golfo hacia Titiribí podría verse favorecida por el presunto surgimiento de una división al interior del combo de San Pablo, relacionada con la reciente salida de ex cabecilla de un centro de reclusión carcelario, quien al parecer tendría el interés de retomar el control de Titiribí. Para ello, estaría invitando a antiguos miembros a vincularse a su estructura. En conexión con lo descrito, también se obtuvo información sobre la presunta orden de asesinar a la persona que funge actualmente como cabecilla de San Pablo en Titiribí”, dice la alerta temprana.
La violencia armada vivida por los habitantes de Titiribí guarda una estrecha relación con las dinámicas de violencia experimentadas en el Valle de Aburrá y en el Suroeste antioqueño. Hasta finales de los noventa, la guerrilla dominaba la zona, pero partir de ese momento, el municipio empezó a ser controlado por los paramilitares, quienes ingresaron de la mano del Bloque Metro de las Autodefensas, que operaba en el Valle de Aburrá, principalmente. Entre 1998 y 2003, Titiribí experimentó la etapa más compleja de violencia paramilitar. Según cifras del Registro Único de víctimas, 1.418 personas fueron víctimas de desaparición forzada, homicidios y secuestro entre los hechos más recurrentes.
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Fuentes de la Policía ya habían advertido que con la captura de Otoniel, podría haber un aumento de asesinatos en las zonas donde el Clan del Golfo delinquían, y que los sucesores del capo entrarían en una pugna interna. Por ahora, no hay evidencia de ello. Por el contrario, recientes acciones del grupo criminal dan cuenta de que existe una organización cohesionada y con capacidad de afectar varias zonas del país, principalmente el Urabá, sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Prueba de ello, es el paro armado que convocó el Clan una vez Otoniel fue extraditado hacia Estados Unidos que, hasta este domingo dejó, según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 24 homicidios en el territorio nacional.
En cuatro días, según la Fiscalía de la JEP, hubo 309 hechos de violencia que afectaron la población civil. 11 departamentos estuvieron bajo zozobra por cuenta de los hostigamientos, amenazas, cierre de comercio, bloqueo de vías, entre otros escenarios que fomentaron los subalternos de Otoniel. El reporte más reciente también da cuenta que de los 1.103 municipios del país 178 fueron afectados. Además, relacionaron 15 tentativas de homicidio a civiles, 26 bloqueos de vías, 54 cese de actividades de transporte, entre ellos, cierres de terminales, 138 comunidades estuvieron confinadas.
Se generaron 10 afectaciones a medios de comunicación locales, hubo 5 ataques a misiones humanitarias, 2 asesinatos a miembros de la fuerza pública, 22 ataques armados a la fuerza pública y alrededor de 118 bienes de la población civil destruidos. Así las cosas, el panorama con el Clan del Golfo no parece alentador, pese a que el Gobierno dice que quienes fomentaron esas ofensivas criminales son solo reductos del Clan. La Policía, por su parte, tiene en sus cuentas que son alrededor de 3.800 los que hacen parte de la estructura entre hombres en armas y redes de apoyo.
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Por David Escobar Moreno
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