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Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe era baleado en el barrio Modelia de Bogotá por un menor de edad, en otro punto de la región se avanzaba paralelamente en soluciones para el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. En Ecuador, por orden del presidente Daniel Noboa, se creó un comité para erradicar el enrolamiento de adolescentes en grupos delictivos, una estrategia que encabezará el ministro de Inclusión Económica y Social, Hárold Burbano, quien habló con El Espectador sobre lo que viene para el país.
¿Cuál es el panorama del reclutamiento de menores en Ecuador?
Durante 2024 hicimos un diagnóstico general de cómo, desde el punto de vista social, se debe abordar el conflicto armado no internacional o esta situación de guerra interna con las bandas que estamos viviendo. Identificamos que, al igual que en todos los países que han vivido un conflicto, las zonas económicamente más deprimidas son las que tienen mayor afectación. Pero además, en ese contexto, las familias en donde tienen niños, niñas o adolescentes —especialmente entre ocho y 18 años— son las más vulnerables para ser reclutados por las bandas de delincuencia organizada. Durante 2024 tuvimos 3.000 adolescentes en conflicto con la ley penal.
¿Cómo es el modus operandi para reclutarlos? En Marsella, Francia, se hace mucho por internet…
Tenemos identificadas algunas fuentes del reclutamiento. Lo que te puedo contar es que el reclutamiento es casi directo. No se utilizan redes sociales, no se utilizan medios tecnológicos. Es un reclutamiento a través de coerción: coerción directa o coerción indirecta, en espacios públicos y también en hogares donde las bandas de delincuencia organizada tienen control efectivo del territorio. Esto es algo que, obviamente, se va a cubrir. La idea es que el bloque de seguridad ingrese a estas zonas, pueda realizar sus actividades y que el control efectivo del territorio lo tome el eje social.
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La comisión creada va a coordinarse con muchos ministerios de por medio. ¿Cómo piensan operar?
Bueno, nosotros ya tenemos una experiencia fuerte de cerca de 18 meses trabajando en conjunto. La planificación del primer mandato del presidente Daniel Noboa consistía en trabajar por bloques. Por eso te hablo del bloque de seguridad y del bloque social. El presidente dispuso, desde la lógica de la planificación, que trabajemos en conjunto. Por ejemplo, al ser el ministro de Inclusión Económica y Social, presido el gabinete sectorial social. Este es un ente colegiado de ocho ministerios y tres secretarías de gestión con rango de ministerio. Hacemos gestión, toma de decisiones y, además, seguimiento de la política pública.
Está un primer universo sobre el cual vamos a trabajar, que son los adolescentes ya identificados que estuvieron en el marco del conflicto y que tuvieron un problema con la ley penal. Un segundo universo se refiere, básicamente, a niños y niñas que ya por operaciones de seguridad e inteligencia se han identificado como parte de grupos de delincuencia organizada, pese a que no hayan tenido conflicto con la ley penal. Y un tercer anillo de actuación es sobre hogares que tienen a estos niños en su seno y que se encuentran en los tres deciles de pobreza más bajos.
Además de esa coordinación interna, pues tiene que haber una coordinación hacia el exterior también. ¿Tienen contemplado contacto con Brasil, con Colombia, debido a esos puntos críticos como la Amazonia y por los retos que presenta la movilidad humana?
Bueno, para problemas estructurales y regionales, soluciones estructurales y regionales, ¿no? En ese sentido, claro que tenemos también —y hemos logrado— algunas articulaciones a través de la misma Cancillería con diferentes países que comparten la misma situación. Las decisiones que se han tomado, a través de Cancillería —como pedir visados de tránsito— son acciones ya concretas y puntuales que se dan en el marco de esta coordinación interestatal, que ayudará a mejorar la situación interna del país.
Hay un tema que me llama la atención, y es el de las armas, porque hay muchas circulando desde el norte del continente hacia el sur. ¿Cómo piensan hacer para controlar el flujo de estas armas? El arma con la que le dispararon a Miguel Uribe, por ejemplo, fue comprada en Arizona (EE. UU.)…
Sí, dentro del trabajo del mismo bloque de seguridad, de todo este proceso de diagnóstico que se hizo del conflicto armado interno, se ha tomado en cuenta el tema de la forma en la que se insuman los grupos de delincuencia organizada desde lo externo. Los insumos vienen básicamente de países que son cercanos, por eso se quiere cubrir esencialmente el tráfico de estos insumos provenientes de países cercanos a nuestra realidad. Esas son decisiones que se irán tomando a mediano y largo plazo a través de las mismas entidades competentes.
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¿Se plantean castigos más duros para las personas que estén reclutando a estos menores? Es algo que ha generado mucha discusión en Colombia.
Justo el martes, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional presentó un proyecto de ley en donde se dan justamente estas medidas que tú propones. En los próximos días este proyecto empezará a entrar al debate, tanto interno dentro de la Asamblea como también a debate público. El presidente ha sido bastante claro en que tienen que fortalecerse las penas para aquellas personas que recluten a niños, niñas y adolescentes para los grupos de delincuencia organizada. Y también, obviamente, cuando niños y niñas participen en el conflicto o en actos que son reprochables con la ley, se debe respetar el debido proceso, pero tienen que ser juzgados conforme lo establece la ley interna.
¿Eso quiere decir que también se reforzarían los castigos a los menores? ¿Serían tratados como los adultos?
Creo que es el mismo debate regional que estamos teniendo en diferentes países en conflicto. Ahora se ha puesto sobre la mesa de qué forma se llevarán estas garantías del debido proceso para los menores imputables. No se está discutiendo, por ejemplo, la edad de imputabilidad —que en el Ecuador es de 14 años—, y finalmente lo que se está promoviendo es la posibilidad de que estas garantías del debido proceso sean similares a aquellas que se dan para los procesos de las personas adultas. Ese es el debate. Lo que ha hecho la bancada oficialista es ponerlo sobre la mesa.
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