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Después de tres años de investigación, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría archivó el expediente en contra de la exministra Karen Abudinen, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por el denominado caso Centros Poblados. Un expediente que ocupó todos los titulares de prensa, por la contratación y entrega de un anticipo de $70.000 millones, en 2021, a una unión temporal manejada a la sombra por Emilio Tapia, que presentó documentos falsos al Ministerio y que dejó en obra gris su responsabilidad de entregar 7.000 centros digitales para la niñez rural. Abudinen estaba a la cabeza de su cartera y, de hecho, en medios de comunicación aseguro que, si no cumplía con los centros digitales, tenían que “llevarla al cementerio”. La Procuraduría, no obstante, la llevó al banquillo de los inocentes y estos son los detalles de la decisión.
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La absolución de Abudinen, que significa el archivo definitivo de su investigación, está en un documento de 46 páginas, firmado por los procuradores John Harvey Pinzón, Gloria Yaneth Quintero y Jorge Enrique Sanjuán. En el documento, el órgano de control que verifica la conducta de los funcionarios públicos hizo un recorrido por cada una de las decisiones que se tomaron antes, durante y después de la firma del contrato con Centros Poblados. Como abrebocas, se explica que Abudinen fue nombrada por el presidente Iván Duque en mayo de 2020 y, el 8 de septiembre de ese año, tomó una decisión crucial: firmó un acto administrativo en el que delegó algunas de sus funciones a su entonces secretaria general, Adriana Vanessa Meza. Aunque Abudien era la cabeza de la cartera, a su subalterna le delegó todo lo relacionado con “adelantar, ejecutar y dirigir, las etapas: precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación del Ministerio”.
Abudinen se desprendió de esas funciones en septiembre de 2020, pero, desde inicio de ese año ya se había certificado una fuerte disponibilidad presupuestal, pues el proyecto centros poblados estaba en los planes del Ministerio en 2019. De hecho, en agosto de 2020, ya estaba listo el proyecto del pliego de condiciones que iba a tener la licitación pública, el cual decantó en el acto de apertura del proceso de selección, que fue aprobado vía resolución el 7 de septiembre de 2020 por la secretaria general Meza. Un día después, Abudinen le soltó las funciones. De ahí en adelante, como prueban los documentos, la exministra de las TIC no participó en absolutamente ninguna decisión, hasta la audiencia de adjudicación del proceso, el 7 de diciembre de 2020. Para ese momento, Centros Poblados ya se había presentado como posible contratista, junto a otros nueve oferentes.
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Esto fue lo que dijo Abudinen en esa audiencia: “En atención a todos los hechos que han sucedido en los últimos días, es necesario informar que personalmente ha revisado todo el tiempo los documentos del proceso, tales como estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y todas las demás instancias de este”. Señaló que había ejercido control y vigilancia del proceso, a pesar de haber delegado ello en Meza, y concluyó que era un proceso transparente, en el que muchos se imaginaron que solo se presentarían tres proponentes. Para la Procuraduría, ello demuestra que, para ese momento, su intervención se constituyó como una “prueba inequívoca del ejercicio de control y vigilancia de la ministra, y de que se encontraba informada por sus colaboradores del proceso de contratación”.
La secretaria Meza seleccionó a Centros Poblados como contratista el 9 de diciembre de 2020. En contados días, la unión temporal presentó las garantías bancarias falsas del Banco Itaú, con las que soportó la seriedad de su oferta. Ahí es cuando entra en escena la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, quien aprobó el 30 de diciembre de ese año el documento presentado por el contratista como garantía bancaria. Para el 26 de enero de 2021, el supervisor del contrato, Camilo Alberto Jiménez, avaló el plan de manejo del anticipo de $70.000 millones. Se le dio un tiempo prudencial a Centros Poblados para ejecutar el contrato, pero, como dejó el proyecto en obra gris, se recurrió al banco Itaú. El 16 de junio de 2021, la entidad financiera respondió que no había firmado nada y, un mes después, Adriana Vivas Robles, coordinadora de actuaciones administrativas, declaró la caducidad del acuerdo con los contratistas corruptos.
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Así las cosas, para la Procuraduría “la entonces ministra MinTIC no revisó ni aprobó el documento que fungió como la garantía bancaria que presentó la unión temporal Centros Poblados, para iniciar la ejecución del contrato. En razón a que esta actividad no hacía parte de sus deberes funcionales (…) En este marco, las pruebas permiten a la Sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales”. Al analizar si Abudinen pudo ser responsable por omisión, El Espectador encontró un elemento llamativo. Si bien Meza fue sancionada por la Procuraduría el año pasado, no la encontraron culpable por suscribir el contrato con Centros Poblados, sino por incluir una cláusula irregular en el pliego de condiciones. Según reconocieron los procuradores, si la decisión contra Meza se hubiera decretado responsabilidad sobre lo primero, Abudinen podría haber sido sancionada por omisión.
La Procuraduría, en total, sancionó a tres exfuncionarios del MinTIC y a dos contratistas, por el caso de corrupción. Asimismo, la Fiscalía ha logrado las condenas, bajo aceptación de cargos, de los dos contratistas de centros poblados que participaron en la confección de la garantía bancaria falsa. Tapia, culpable en antaño del carrusel de Bogotá, está en juicio, pues se cree que se apropió de hasta $5.000 millones del jugoso anticipo y que se los gastó en artículos de lujos y viajes. Karen Abudinen, por su parte, ha asegurado que su carrera se vio frenada ante infundadas acusaciones sobre su papel en el escándalo de Centros Poblados. Hasta el momento, tanto la Procuraduría como la Fiscalía le dan la razón. Y podrá volver a ejercer funciones públicas sin algún tipo de restricción de la justicia.
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