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No es solo la economía, es la falta de confianza en el futuro lo que motiva las estampidas. Según las encuestas, en Colombia el 45 % de las personas quisieran irse del país mientras en Argentina, con inflación veinte veces más grande, esa cifra es del 25 %.
Aunque el pesimismo no ha llegado al 90 % que alcanzó con Iván Duque, siete de cada 10 colombianos creen que las cosas van mal y tienen la sensación de que nada mejora. Ya se supo que Petro no fue Chávez y el temor al autoritarismo de izquierda ha ido mutando al cansancio con el desorden. Pero eso no es menos grave. “Si no se pudo con los de siempre, ni tampoco con los de izquierda, ¿con quién?”, se preguntan quienes, no siendo de derecha, están desencantados.
Entre esos, hay muchos a los que se les llena la copa con la idea de una nueva reforma tributaria. Quienes tienen una opinión calificada sobre el Estado colombiano y sobre cómo funcionan otros, se suman ahora a los que siempre han querido irse.
Mostrar que las cosas se hacen es la mejor manera de pavimentar un mayor cobro de impuestos. Eso quedó demostrado con los aportes voluntarios en Bogotá en los años 90: la gente pagaba porque se veían resultados. Pero sin legitimidad —y con la conciencia de que el Estado nacional aporta poco—, ¿qué justifica para muchos tributar más en Colombia?
Una noticia de estos días demuestra a dónde ha llegado la ausencia estatal. Habitantes de la rivera del Atrato demandaron al Estado para que persiga a las mafias de minería ilegal que contaminan el río. Demandan para que haga lo mínimo que le corresponde hacer a un Estado con impuestos: cuidar la vida.
A ellos se suman otros en el desencanto: los desplazados por las armas; los desvalidos que solo ven una salida en el Darién y los profesionales que no ven los beneficios de que el Estado nacional cobre más impuestos. En Cali, Bogotá o Medellín, hay cobertura educativa casi total y los servicios de salud medianamente funcionan. Pero los beneficios no se perciben en temas que dependen del Estado central. ¿En dónde están las garantías de seguridad y justicia?
En Bogotá, un símbolo del desastre estatal es el Museo de la Memoria: $60.000 millones en la caneca y 15 meses de retraso en un elefante blanco acompañado por un letrero que cínicamente dice: “Aquí se construye territorio”. Afuera del edificio abandonado está el Ala Solar, espectacular escultura donada por Venezuela en 1975 que, a pesar de que Petro la declaró patrimonio, muere en la decadencia.
Los titulares sobre la política tampoco inspiran a contribuir, porque la intención de pagar impuestos va de la mano del “para qué”. ¿Para que la primera dama pague el peluquero? ¿Para que una carretera en Chocó se derrumbe tras 15 años de corrupción? ¿Para que clanes como el de los Torres se beneficien cada vez que alguien paga una multa o saca el pase?
Para que una reforma tributaria adicional a las 22 reformas tributarias aprobadas desde los años 90 tenga sentido se necesita lo básico. La legitimidad se construye con justicia oportuna, seguridad, transparencia e inclusión. Mientras el Estado nacional no funcione, anunciar más impuestos será un motivo más para la mitad de colombianos que hoy quieren expatriarse.
Por Lariza Pizano
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