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Una serie de 24 ataques y acciones terroristas perpetradas entre las 4:43 y las 11:30 de la mañana del pasado martes, activaron de nuevo las alarmas sobre la crisis de seguridad que atraviesan los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
La situación llegó al punto que el presidente Gustavo Petro, luego de llamados insistentes de las autoridades regionales para que le ponga atención al suroccidente del país, hizo un pequeño ajuste en su agenda de promoción de la consulta popular por decretazo, para atender la situación de seguridad. Una reunión en la que, entre otras temas, se evaluó la conexión entre esos atentados y dos personajes claves de las disidencias en la región: alias “Mayimbú” y alias “Cholinga”.
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Así lo lograron corroboraron las autoridades, tras analizar lo que estaba detrás de los recientes ataques que ocurrieron en Cauca y Valle del Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, señalaron que una de las razones de la arremetida violenta es el tercer aniversario de la muerte de Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, quien fue líder del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc.
Pero, además, el mismo día de los ataques en el suroccidente del país, las Fuerzas Militares reportaron la muerte en operaciones de Wilmar Pazú Rivera, uno de los hombres más buscados por los delitos de secuestro y extorsión.
Alias “Mayimbú” y los ataques en Cauca y Valle
La relación de los ataques con el aniversario de la muerte de Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, ha sido señalada públicamente por las autoridades. Incluso la Fiscalía ordenó investigar las razones y responsables de los atentados, partiendo de la premisa de que él “era máximo cabecilla de la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, por lo cual este grupo habría dispuesto y ejecutado los actos terroristas”.
Este hombre, nacido en Toribío (Cauca) y censado como miembro del Resguardo Indígena Páez, de Corinto, tenía 31 años a su muerte, de los cuales pasó 12 en las filas de las antiguas Farc y luego en una de las facciones disidentes del Acuerdo de Paz de 2016.
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El historial criminal de “Mayimbú” es sangriento. Fue señalado por su presunta responsabilidad en el asesinato del gobernador indígena Edwin Dagua Ipia, en diciembre de 2018. También como el determinador del asesinato de una ciudadana argentina que lideraba un proyecto de turismo comunitario en la región, en hechos ocurridos el 23 de mayo de ese año, cerca a la zona urbana de Caloto.
Además, sería el hombre detrás de las amenazas a Karina García Sierra, una candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en septiembre de 2019, junto al de su madre y los de cuatro líderes de la región que trabajaban con ella, abandonados en una camioneta.
En dos oportunidades fue capturado. Primero, el 4 de enero de 2011, en Santander de Quilichao (Cauca), pero se escapó antes de ser procesado. Luego, en 2014, fue capturado de nuevo y en 2016 lo condenaron por secuestro agravado. A finales de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio pista a “Mayimbú”, quien salió en libertad condicional y se unió a las disidencias comandadas por alias “Gentil Duarte”.
Era uno de los hombres más poderosos de esa organización ilegal y lideraba su expansión en el suroccidente del país. El 13 de junio de 2022, hombres de inteligencia militar lo sorprendieron en la vereda Chirriadero (Suárez), cuando estaba en una celebración que terminó en un combate.
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El rastro de “Cholinga” en el suroccidente del país
Al tiempo que se registraba la escalada de ataques en Cauca y Valle del Cauca, las Fuerzas Militares anunciaron la muerte de Wilmar Pazú Rivera, alias “Cholinga”, otra de las fichas claves de ese grupo armado en la región. Fuentes de oficiales le dijeron a El Espectador que otra de las razones que podría estar detrás de los atentados es que las disidencias de las Farc pudieron acceder a información relacionada con los operativos adelantados para dar con el paradero de “Cholinga”.
Por esa razón, habrían intentado evitarlos a través de acciones armadas. Sin embargo, su plan no funcionó, pues las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía, dieron con él en el municipio de Páez (Cauca) y murió en combate ese mismo 10 de junio.
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Alias “Cholinga” fue hasta 2020 el principal líder de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias, con injerencia en los municipios de Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla, Santander de Quilichao y Toribío. “Sería el encargado de liderar la comercialización de estupefacientes con narcos nacionales y extranjeros”, informaron las Fuerzas Militares. También amenazaba y extorsionaba a comerciantes, transportadores, cafeteros y líderes comunales en Huila y Tolima.
Además, es señalado de haber dado la orden de instalar una motocicleta bomba en La Plata (Huila), el pasado 17 de abril, que causó la muerte de los hermanos, Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, de 19 y 17 años, y que dejó a otras 24 personas heridas.
En medio de esa escalada violenta, que dejó cinco civiles y dos policías muertos y 27 personas heridas, y con las muertes de “Mayimbú” y “Cholinga” como trasfondo, las disidencias de las Farc emitieron una misiva. En ella justificaron sus ataques y le enviaron una amenaza directa a la ciudadanía: no estar cerca de estaciones de Policía o el Ejército porque son esos lugares los blancos de su arremetida. Justamente los sitios que deberían transmitir más seguridad.
En todo caso, no es asunto nuevo que las disidencias manejan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en la región. Especialmente por temas como la salida de droga desde Buenaventura, la frontera con Ecuador y el enclave cocalero del cañón del Micay.
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Las medidas de las autoridades frente a los atentados en Cauca y Valle
Ante el complejo panorama en la región, las autoridades de los departamentos del suroccidente pidieron la realización de un consejo de seguridad. En el encuentro participaron los integrantes de la cúpula militar, quienes, según supo este diario, estarán durante tres días en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, para verificar la situación de orden público en el Pacífico colombiano.
También asistieron el alcalde de Cali, Alejandro Éder, los gobernadores Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca); Octavio Guzmán (Cauca) y Luis Alfonso Escobar (Nariño). La reunión estaba citada para las 11:00 de la mañana. Sin embargo, solo hasta las 3:00 de la tarde, llegó el presidente Petro al lugar de la reunión.
El alcalde de Cali tomó la vocería tras la reunión, pues el presidente Petro se trasladó a plazoleta de San Francisco, a la concentración de su campaña por la consulta popular. Señaló que instalarán un bloque de búsqueda permanente, para desarticular grupos ilegales; fortalecerán 12 corredores antiterroristas, para lo cual ya llegaron 100 nuevos agentes y 14 tenientes coroneles de la Policía a Cali.
Finalmente, entre octubre y noviembre habrá fortalecimiento del pie de fuerza en el norte del Cauca, y de las capacidades de inteligencia en la región. “Es fundamental que se fortalezca la presencia de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, en zona rural de Jamundí, para lograr la consolidación territorial. Los terroristas que atacaron a Cali, están ahí sentados”, concluyó el alcalde Éder.
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Además de las medidas definidas en el consejo de seguridad, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali ofrecieron recompensas de hasta $300 millones, por información que permita dar con los responsables de las 24 acciones terroristas del 10 de junio. La Fiscalía anunció que abrió siete noticias criminales, con el objetivo de investigar lo sucedido.
“Equipos de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) están en terreno recolectando pruebas y haciendo inspecciones y entrevistas, aunque en algunos sitios no han podido ingresar por seguridad”, señaló el ente investigador. Acciones, todas, para esclarecer los ataques que ya ocurrieron y prevenir que la situación se siga agravando.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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