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Israel vivió una fuerte huelga general: la gran central sindical, la Histadrut (Organización General de Trabajadores de Israel), provocó la paralización del principal aeropuerto del país. “Tenemos la misión de detener este proceso legislativo, y lo haremos”, dijo Arnon Bar-David, jefe de la organización, en un mensaje difundido por televisión. Hasta que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no anuncie el freno a la reforma judicial, que debía de someterse a votación en los primeros días de esta semana, el paro no cesará.
De hecho, en recientes declaraciones, el mandatario dijo que retrasará el proyecto de ley de la reforma judicial hasta la próxima sesión del Parlamento. “Me estoy tomando un tiempo para el diálogo”, advirtió, además de denunciar lo que dice que es una “minoría extremista lista para dividir nuestra nación”. “No estoy listo para dividir al país en pedazos. Revolveré cada piedra para encontrar una solución”, agregó.
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Previo a su intervención, el Colegio Médico anunció su participación en las manifestaciones y aseguró que tomará lugar una “huelga total en el sistema sanitario”, que afectará a los hospitales públicos. Los puertos de Haifa y Ashdod, el personal de las embajadas en el exterior, los principales bancos, la eléctrica nacional, grandes cadenas de hoteles, moda y alimentación, y el Ayuntamiento de Tel Aviv, cuyo alcalde, Ron Huldai, pertenece al opositor Partido Laborista, también se unieron al paro.
Esta crisis interna del país se debe al intento del Gobierno por llevar a término la reforma judicial que propone, que le daría el control en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y que le permitiría al Parlamento anular sus sentencias, lo que se ha traducido en multitudinarias marchas a lo largo de varias semanas y en el despido del ministro de Defensa, Yoav Galant, el primer jefe de una cartera en distanciarse de los esfuerzos de Netanyahu.
“Toda la nación está profundamente preocupada. Nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra sociedad están amenazadas”, dijo el presidente israelí, Isaac Herzog. “En nombre de la unidad del pueblo de Israel […], los llamo a detener inmediatamente el proceso legislativo”, añadió, en un esfuerzo por dirigirse al gabinete de Netanyahu y a sus aliados parlamentarios, a quienes instó, junto a los demás miembros del Kneset, la instancia unicameral del Legislativo, “a poner a los ciudadanos del país por encima de todo, y actuar con valentía y responsabilidad sin más demora. Este no es un momento político, es un momento para el liderazgo y la responsabilidad”, concluyó el funcionario.
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La oposición también mostró su inconformismo. Yair Lapid, ex primer ministro israelí, aseguró: “Nuestra casa está en peligro […]. Es casi demasiado tarde, pero aún no”. Ahora bien, esta no es la primera vez que se manifiesta ante el revuelo provocado por la reforma judicial. El fin de semana, a través de Twitter, advirtió: “Netanyahu puede cesar a Galant, pero no puede cesar la realidad ni al pueblo de Israel, que se enfrenta a las locuras de esta coalición”. Esto, a propósito del despido del hasta hace poco ministro de Defensa, luego de que pidiera un retraso en la votación de la reforma por, según argumentó, asuntos de seguridad nacional. “La brecha dentro de nuestra sociedad se está ampliando y penetrando en las Fuerzas de Defensa de Israel”, dijo Galant en un discurso televisado sobre la reforma judicial el fin de semana. “Este es un peligro claro, inmediato y tangible para la seguridad del Estado. No seré parte de esto”, concluyó.
La extensa huelga tomó lugar después de las multitudinarias manifestaciones que vivió Tel Aviv el domingo. Tras lo sucedido, los medios locales reportaron que Netanyahu se reunió con su ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que ha amenazado con dimitir. Y es que, si en las calles no la ha tenido fácil, dentro de sus filas de la colación, la más derechista en las siete décadas de historia del país, las tensiones no se han hecho esperar. Si se llegara a paralizar la reforma, se pondría en riesgo la alianza de Netanyahu con los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos, sus aliados de gobierno. De hecho, uno de los que ejerció presión fue el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien le advirtió al primer ministro que la reforma debe seguir adelante, pues “corregirá el sistema judicial y mejorará la democracia”.
Entretanto, Poder Judío, partido de extrema derecha y de coalición, dijo que Netanyahu retrasaría el proyecto de ley de reforma judicial, según lo expresó la colectividad a través de un comunicado. El escrito dice que la legislación se llevaría a la próxima sesión del Parlamento israelí, que tiene lugar después de la festividad judía de la Pascua, para “aprobar la reforma a través del diálogo”. El jefe de este partido, Ben-Gvir, es visto como el mayor defensor del proyecto de ley de la reforma judicial y con su más reciente postura, siendo un aliado de Netanyahu, eliminó un importante obstáculo para el mandatario.
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