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Un niño, de 15 años, enfrenta un proceso en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por el intento de homicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Varios videos muestran cuando, sin titubeos, accionó el arma a escasos metros de la víctima. Pero su caso no es único: como él, otros siete han sido capturados este año en Bogotá, dato que, sin duda, reabre el debate sobre la instrumentalización de menores y plantea ¿qué hay detrás de un niño que asesina a sueldo? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y la sociedad?
Los hechos del pasado 7 de junio en un parque del barrio Modelia, localidad de Fontibón, traen a la memoria magnicidios a manos de jóvenes verdugos. El 21 de noviembre de 2009, este diario documentó el resucitado expediente en la Fiscalía por el asesinato del candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa. El homicida fue Andrés Arturo Gutiérrez Maya, de 16 años, trabajador de una fábrica que hacía tizas para tacos de billar en Medellín. Sin saber de quien se trataba y con una recompensa de 300 mil pesos, el 22 de marzo de 1990 disparó contra el candidato cuatro veces con una ametralladora Mini Ingram 380, en el aeropuerto El Dorado.
Gutiérrez Maya fue aprehendido y luego de recuperarse por una herida de bala, permaneció en la escuela de trabajo El Redentor, donde estuvo hasta noviembre de 1991. Dos meses después, fue asesinado junto a su padre en el barrio El Poblado, Medellín. La mente detrás de todo este crimen era Pablo Escobar. Así se supo gracias a interceptaciones telefónicas del DAS.
Aunque en el caso del menor que atacó el fin de semana al senador Uribe Turbay, por ahora, se desconocen los autores intelectuales, lo que sí está claro es que 35 años después se repite la historia en la que los grupos armados se aprovechan para convertir en grandes victimarios a jóvenes marcados por un contexto de abandono, exclusión y marginalidad, que, en muchas ocasiones, se inician en el mundo criminal con delitos menores hasta escalar a hechos de gran impacto.
Esto es más grave si se tiene en cuenta que en el 32 % de las bandas delincuenciales activas en el país son familiares. Es decir, padres, tíos o abuelos enseñan a delinquir a sus hijos, sobrinos o nietos. Así lo explica Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central: “¿Cómo inicia esa suerte de formación en el proceso delincuencial? Con lo que se ha denominado hurto hormiga, que son robos en tiendas de barrio, o los mandan a hacer cosquilleo en el transporte público”.
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En la capital, especialmente en nueve localidades -Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos- menores están en riesgo de vinculación, uso y utilización por parte de organizaciones criminales, principalmente para fines de expendio de drogas y armas ilegales, explotación sexual comercial y explotación laboral. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la última Alerta Temprana del 21 de febrero de 2024. Cuenta de ello, emitieron una recomendación a las Secretarías de Integración Social, Educación, Seguridad, IDIPRON, Policía de Bogotá e ICBF, para que de manera articulada, construyan con las niñas, niños y adolescentes, junto a organizaciones sociales, docentes y demás, estrategias para la prevención de este uso y reclutamiento.
Pues bien, un año después, la Defensoría publicó un informe de seguimiento y señaló que se fortaleció la coordinación institucional y se realizaron jornadas pedagógicas y programas de sensibilización dirigidos a las familias, los educadores y la comunidad en general. Sin embargo, destacaron que “es necesario mantener esfuerzos en la sensibilización de las comunidades sobre la importancia de la prevención temprana y la denuncia de estos delitos”.
Una presa fácil
“En una niñez pobre, el lugar donde se nace es de vital importancia (…) La esquina y el crimen nos mostraban la manera como se salía de pobre y como se llegaba a ser alguien. Porque a falta de guarderías y jardines infantiles, la calle era el sitio donde se pasaba la mayor parte de tiempo en la infancia, supliendo con ardor la sed de aprendizaje y aventura propia de la edad”, este es un fragmento del libro ‘La Cuadra Times’, del escritor y ganador de esa novela, Gilmer Mesa.
Este filósofo y literato vivió en carne propia los embates de la Medellín de los años 90, creciendo en el barrio Aranjuez. Allí fue testigo, incluso, de la muerte de su hermano, víctima de una violencia que al principio se mostró como una oportunidad. Por ello, conoce de cerca cómo estructuralmente persisten los motivos para que jóvenes ingresen a bandas delincuenciales.
“Están acostumbrados a un desprecio histórico, no solo por la condición de adolescente, sino también por la condición de marginalidad en que han estado ellos y sus familias. Y los grupos, como un canto de sirena, se aprovechan de ese concepto de ‘no futuro’ y les ofrecen un oficio, dinero o reconocimiento inmediato, pero que al final les están cortando su propio futuro”, dice Mesa.
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Según un estudio del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2015), los factores de riesgo asociados a una conducta punible de adolescentes y jóvenes, van desde percibir a la sociedad como injusta, desigual y carente de oportunidades, en especial, vinculadas a las oportunidades laborales; una “cultura fácil” donde se toleran las conductas transgresoras y se obtienen más beneficios en tiempos más cortos; la relación estrecha entre su vivienda y un entorno con comportamientos delictivos; una familia violenta o sin supervisión; pensamientos negativos en cuánto a su salud mental; hasta consumo de sustancias psicoactivas.
Si bien utilizar a un menor es un delito, con penas hasta de 20 años de prisión, los niños y adolescentes que cometen ilícitos también asumen las consecuencias. Pero en este caso no punitiva, sino restaurativa y pedagógica, reconociendo que, a pesar de sus acciones, son víctimas también de ese contexto en el que una familia y un Estado los abandonó. Así lo establece la Ley 1098 de 2006.
“Un joven que coge una arma obviamente tiene una responsabilidad, pero no es tan sencillo. A ellos se les restablecen sus derechos, porque se supone que les fueron quitados y merecen una segunda oportunidad. Además, al final, la ganancia para una sociedad es un joven que no vuelva a la delincuencia”, sentencia Mathew Charles, director de la Fundación Mi Historia y docente investigador en el reclutamiento de menores, de la U. Rosario.
¿El Estado es responsable?
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), entra como una de las instituciones que tiene como misionalidad la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en fragilidad o vulnerabilidad social. Con corte a noviembre de 2024, atendieron a 1.075 niños y 774 niñas en riesgo de habitar la calle. Asimismo, identificaron 209 niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley o en prevención de la reincidencia; donde 36 niñas y niños los atendieron bajo esta identificación de riesgo y 173 eran adolescentes (104 son hombres y 69 mujeres).
Para Mathew Charles, esto debió tomarse como una alarma para quienes manejaban estos programas y preguntarse, “¿qué vamos a hacer para asegurar que vuelva?”. El cuestionamiento lo complementa Alejandro Ruiz, docente de Derecho de la Infancia en la Universidad Nacional, quien junto a Charles destacan que el Estado tiene responsabilidad en la protección de los menores, aún más si sus derechos fueron vulnerados. “No hay una responsabilidad penal, pero sí al no aplicar debidamente el artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño. El Estado debió brindar esos servicios para que el chico no estuviera como habitante de calle, así como el fortalecimiento familiar, incluso con subsidios económicos, para no dejar que se expusiera a situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, desplazamiento o migración”, sentencia Ruiz.
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No todos los menores pobres empuñan un arma y no es el objetivo justificar a quien lo hace, pero sí debemos preguntarnos ¿por qué lo hizo? y ¿en qué fallamos como sociedad? Porque antes de ser llamado homicida era un niño. Y pasó con Andrés Gutiérrez, con el joven del caso de Miguel Uribe y con otros que, de seguro, hay detrás. Los programas sociales están, pero esto es la muestra de que continúa un abandono estatal y, al final, las bandas delincuenciales aprovechan esa ausencia para terminar dando la orden de quitar la vida.
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Por María Angélica García Puerto
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