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César Restrepo lleva casi 25 años trabajando y hablando de seguridad. Su último cargo fue como director de seguridad ciudadana en Probogotá y desde allí fue crítico de la estrategia y de varias propuestas de la pasada administración. Y, sin estar buscándolo, porque, según él, ya se había retirado definitivamente del servicio público, el alcalde Carlos Fernando Galán lo invitó a integrar su gabinete. Ahora recae sobre su espalda el peso de darle una vuelta a la política contra el crimen en la ciudad. Esta es su visión.
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Fue crítico de la política de seguridad de Claudia López. ¿Qué encontró?
Una gestión desarticulada, actores dispersos y una visión de seguridad fragmentada. Ante esto, lo que se viene haciendo es reunir a los actores, para integrar diferentes visiones y crear un modelo que permita transformar las condiciones de seguridad. Nuestro principio de gestión es que no vamos a administrar inseguridad, sino a construir seguridad.
¿Cuáles fue el vacío más latente?
Si bien todas las instituciones trabajaron, no hubo un eje articulador entre la Secretaría, la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Ahora el eje de articulador es el alcalde, quien ha dicho que debemos transformar las condiciones que hacen que el delito tenga ventajas sobre los ciudadanos y, a partir de ahí, generar el volumen de acciones, para que el resto de la administración converja en la transformación de la ciudad.
Según las cifras, ¿que dejó 2023?
La ciudad tiene retos grandes en homicidio, extorsión, economías ilícitas y hurto, que dinamizan las condiciones de inseguridad. Desarrollamos una estrategia contra estos delitos núcleo, para atacar sus centros de gravedad.
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¿Cómo se desarrollará la estrategia?
Por ejemplo, buscamos las zonas de mayor incidencia de hurto y la idea es cerrarles el espacio. Además, identificar los núcleos dinamizadores del delito, como sitios de receptación. Con este delito puedo explicar nuestra línea de trabajo: atender lo urgente, para transformar lo estructural.
Uno de los problemas en la ciudad es el déficit de policías. La exalcaldesa Claudia López planteó una policía local. ¿Seguirá esa línea?
No, no creemos en eso. Colombia tiene unas condiciones de seguridad y una estructura que no está lista para un modelo descentralizado de policía. Lo que hay que generar es un modelo contributivo al esfuerzo nacional, con condiciones que respondan a las realidades y necesidades de la ciudad.
¿Y las becas para formar policías?
Tampoco. Esos programas no son viables ni funcionales. El problema del pie de fuerza es de costos, no de formación. Ese modelo de las becas que impulsó la pasada administración tenía que terminar como terminó. Se apoyó una formación de policías, que luego se asignaron según las necesidades de la seguridad nacional. Acá la discusión es el costo de un servidor policial. Nosotros pensamos es en un modelo que integre esfuerzos Nación-Distrito, con un compromiso de que el número de fuerza de la ciudad sea inmodificable.
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¿El déficit de uniformados es general?
Precisamente, la idea es que el esfuerzo de financiación que hace la ciudad se mantenga a cambio de que se mantenga el esfuerzo histórico que hace la Nación.
Pagarán por cada policía adicional…
Es invertir en el mejoramiento de la seguridad.
Bogotá está azotada por bandas estructuradas. ¿Cuál es el panorama?
Esas bandas han sido golpeadas. El tema es que quedan agentes que crean una nueva generación. De ahí que sea clave transformar la dinámica del territorio, para quitarle el espacio para reagruparse. En los esfuerzos contra Los Camilos, Los Maracuchos o El Tren de Aragua no lograron recuperar el territorio. Ahora, con la Policía y de la Brigada 13, apuntaremos a debilitarlos y evitar que se reordenen.
¿Cuál es su lectura del tema de los migrantes y la violencia en la ciudad?
Hay que entender la visión sobre ciertos actores vulnerables y qué papel juegan. Por ejemplo, la migración no regularizada genera riesgos, ya que el sistema no los puede incorporar y, al no estar integrados, son víctimas de instrumentalización. Entonces, defender a aquellos que no tienen ese pasado de violencia, pero están en alto grado de vulnerabilidad, significa un esfuerzo clave para ciudad.
¿Cómo lograrlo?
Necesitamos que tengan una identidad, que puedan referenciarse como parte de la ciudad y así, no solo los salvamos de las garras de los criminales, sino que los hacemos sujetos de derechos y responsabilidades. Creo que el abordaje de ese tema antes no fue preciso y como ciudad debemos reflexionar que la integración de cualquier población es una inversión que generará seguridad en un futuro corto.
¿Cómo vincular al ciudadano, que hoy no cree en las autoridades?
Esa desconfianza es producto de la instrumentalización de la Policía como herramienta para la pelea política. La primera acción de este Gobierno es que la fuerza pública no puede ser instrumentalizada en el diálogo político, porque su misión es estar al servicio de los ciudadanos. Superada esa instrumentalización, debe existir un aporte de todas las instituciones para volver a conectar con el ciudadano y tener un diálogo bidireccional.
¿Con eso será suficiente?
Nuestro propósito es que en el menor tiempo posible la ciudadanía entienda que, si bien es difícil luchar contra el crimen, somos sus principales aliados. ¿Y qué haremos? Un esfuerzo las 24 horas por responder a sus necesidades colectivas y luego a las particulares.
¿Ya empezaron ese acercamiento?
Nos empezamos a reunir con las comunidades, para generar planes de mejora en seguridad y operatividad y cerrarles espacios a los criminales. La confianza se construye a partir de que los convoquemos y reflexionemos sobre cómo mejoramos. Mi gran reto es que eso se convierta en un plan, no a un año, sino que en meses se tengan resultados tangibles, que nos permitan observar qué nos falta entender y qué logramos solucionar.
El hacinamiento es otro lío que debe enfrentar. ¿Qué hará?
La orden del alcalde es resolver en el menor tiempo posible algunas de esas situaciones. Me reuní con el viceministro de Justicia para hablar del desenglobe del predio de La Picota, para comenzar la construcción de la Cárcel Distrital 2 y, de paso, identificar opciones para generar infraestructuras que pueden recibir personas privadas de la libertad, hacinadas, en instalaciones donde no deberían estar.
¿Cómo lograr que jueces y fiscales estén en sintonía con sus planes?
Para mí es una felicidad señalar que la Fiscalía Seccional se ha mostrado dispuesta a colaborar con la seguridad de la ciudad y ya tenemos identificadas unas rutas para armonizar los procesos entre la Policía y Fiscalía, para disminuir errores en la aplicación de la ley. Estas no son cosas que puedan cambiarse de un día para otro, pero será un proceso de integración, para que las debilidades se puedan transformar.
¿Cómo vislumbra la relación con la Policía y su nuevo comandante?
La relación con el comandante de la Policía Metropolitana, el general Waldrón; el general Morales, de la Brigada 13 del Ejército, y la directora seccional de Fiscalía es inmejorable. Desde el 2 de enero estamos en una conversación enfocada en mejorar las condiciones de la ciudad, que permitan que los bogotanos tengan una mejor calidad de vida.
¿En su estrategia el Ejército tendrá un papel más protagónico?
Hay diferentes visiones de la gestión de la seguridad. Hay personas que creen que el Ejército no debería intervenir. En mis 25 años de trabajo, puedo asegurar que el Ejército es socio clave, por el tipo de problemática en este país. Pensar una seguridad sin las Fuerzas Militares es pensar en una seguridad incompleta. Claramente, hay roles y misiones que se deben respetar. Algo importante: la contribución del Ejército al esfuerzo principal de los policías nos permite multiplicar la capacidad.
¿Cuál sería su rol?
La seguridad de esta ciudad depende de la protección de un área que los bogotanos no ven día a día. Sumapaz, por ejemplo, hoy lo protege la Brigada 13, que no solo tiene las capacidades, que la gente podría denominar de combate contra grupos armados, sino unas relacionadas con la atención de desastres y la protección del capital natural, como los cerros. Adicionalmente, el conflicto de tierreros en la zona rural urbana del sur tiene actores criminales de un profundo impacto sobre comunidades muy vulnerables y ahí la presencia del Ejército puede contribuir. También, si entendemos que, más allá de los límites distritales, hay amenazas que se aproximan, el Ejército se vuelve socio fundamental. No integrar al Ejército es el error por el cual la seguridad urbana no avanza.
Bogotá se ha convertido en ciudad de acopio de grandes cantidades de drogas y armas. ¿Qué plan tienen para contrarrestar este fenómeno?
Nuestro núcleo de preocupación está conformado por cuatro elementos: homicidio, hurto, extorsión y economías ilícitas, pues hay unos mercados de microtráfico que están desplegados a lo largo de la ciudad. Pero ¿esos mercados de dónde se alimentan? Desde la periferia. Por eso el Ejército es socio clave, porque tiene la visión más allá de la ciudad, en términos de ese tipo de criminalidad. El diálogo integrado entre fuerza militar y policía es nuestra apuesta para bloquear esos puntos de acceso. Hay otra cosa importante y es un modelo que tiene que avanzar: la seguridad de la región metropolitana.
¿Le apuesta a la región metropolitana?
En todos los temas: transporte, movilidad, abastecimiento, logístico… La región metropolitana Bogotá Cundinamarca representa una visión moderna, que trata de superar una visión que desconoce que Bogotá no puede vivir sin su entorno y que su entorno requiere de Bogotá. Se debe avanzar en ese sentido en seguridad. Eso significa poder poner las barreras para el acceso de economías ilícitas más afuera de lo bordes, donde están hoy en día. Entonces ¿cómo trabajar contra eso? Primero, con el trabajo integrado entre Ejército, Policía y Fiscalía. Adicionalmente, con la evolución del concepto de región metropolitana en términos de seguridad, que haga nuestras capacidades más robustas, pero que nos permita adelantar las líneas.
Un tema clave estos días es el control del consumo de droga en espacios públicos, ¿cuál será su directriz?
La Corte Constitucional le ha asignado derechos a unos ciudadanos que son consumidores. Sin embargo, en la discusión parece que no tuvo en cuenta los de los no son consumidores. Además, hay unos derechos de los niños y adolescentes que son superiores. La administración trabaja en un reglamento, que reconozca los derechos de todos. Tenemos que crear el mejor acuerdo posible, para poder convivir en ese marco sobre el consumo de sustancias.
¿No hará como Fico, que expidió la prohibición sin un diálogo?
Yo respeto la visión de cada ciudad. Nosotros entendemos que la única forma efectiva de hacer sostenible una solución es comprender que no solo están los derechos de los consumidores, sino los de los no consumidores y derechos superiores de niños y jóvenes.
¿Cuál es el plan con los menores en conflicto con la ley?
Acá tenemos otro problema crítico, generador de inseguridad, sobre el cual espero tener un diálogo fluido con el Gobierno Nacional y el ICBF: los centros para jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; especialmente, El Redentor, que genera riesgo a las comunidades circundantes y los adolescentes allí recluidos. Es un tema que debe atenderse como urgencia.
¿Cuándo podremos hacerle un corte de cuentas a la estrategia?
Debo ser sincero: si pongo un plazo sería irresponsable y estaría burlándome de los ciudadanos. Construir seguridad requiere articular las instituciones, al sector privado y a los ciudadanos. Pero no será de la noche a la mañana. Tenemos el compromiso del alcalde, traducido en una orden a su gabinete de contribuir a los esfuerzos del sector. En la medida en que nosotros vayamos dando resultados, el sector privado y la ciudadanía se irán sumando a esta visión.
¿Cuál es su meta y en qué plazo piensa alcanzarla?
Las encuestas de percepción y victimización del segundo semestre nos darán la pauta de qué tan efectivos fuimos leyendo los riesgos, las amenazas y los desafíos.
Una cosa es ver la seguridad desde afuera y otra asumir este reto. ¿Se siente preparado?
Había dejado el servicio público por siempre, pero cuando el alcalde Galán me invitó a trabajar con él, dos elementos influyeron en mi decisión: mi pasión por la seguridad y que me invitaba una persona con una integridad y un liderazgo libre de tacha. Eso me llevó a volver a este trabajo que es duro, pero que cada que uno logra dar un pasito en la mejora de las condiciones de seguridad para un ciudadano genera alegría y satisfacción.
Más tecnología para multiplicar la seguridad en Bogotá
Una de las promesas del alcalde Carlos Fernando Galán fue reforzar la seguridad con tecnología. Frente a esto, César Restrepo, secretario de Seguridad, señala que, aunque hay un Centro de Comando y Control (C4) en desarrollo, hay rezago. “El alcalde pidió definir la ruta para que el C4 evolucione. Lo otro es que debemos integrar la capacidad pública con la privada, para tener un efecto multiplicador”.
Si bien esta ha sido una promesa de las últimas administraciones, Restrepo indica que el desafío está en generar estándares que permitan la integración. “Lo primero es desarrollar nuestro concepto: una alianza por la seguridad en la que participen el Distrito, Estado, sector privado y ciudadanos. La ciudad solo puede llegar a ser inteligente cuando integre estos actores”. Sobre el apoyo de los privados, insiste en que, si bien este sector hace esfuerzos e inversiones importantes y tienen una visión particular, “lo que hemos hecho es decirles que su esfuerzo puede ofrecer un rendimiento adicional a la ciudadanía para crear una malla más robusta de seguridad”.
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Por Alexánder Marín Correa
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