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La investigación de El Espectador sobre la Agencia Nacional de Tierras reveló que altos funcionarios de la entidad vienen de trabajar con usted en la Alcaldía de Villavicencio. ¿Qué responde al respecto?
Yo lo que creo es que estamos hablando de profesionales llaneros con una excelente hoja de vida y con una capacidad profesional importante. Además, la ANT ha demostrado con resultados su gestión. El caso, por ejemplo, de Jairo Garcés, que está en la Oficina Jurídica: nosotros tenemos un índice de defensa judicial del 98%, hemos ganado 1.114 fallos en primera instancia y, en segunda instancia, 352. Hemos reglamentado el procedimiento de compra, y es Jairo el que ha motivado las denuncias asociadas a malos manejos ajenos a nuestra dirección.
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También podemos hablar de Lina María Salcedo, que es la única especialista en derecho de tierras de las que están documentando, que viene sacando alrededor de 200 títulos de escuelas, caracterizando 200 mil hectáreas de baldíos y articulando la creación de ocho zonas de reserva campesina, que ese número es el de reservas campesinas que se han constituido en 20 años, las estamos sacando en siete meses.
O, por ejemplo, en el caso de Javier Linares también, que en este momento nosotros hemos entregado 14.500 títulos, que es 120 % de lo que se entregó el otro año, y nos faltan cuatro meses en los que tenemos la expectativa de sacar 200 mil hectáreas más en alianza con USAID.
Tengo un antecedente administrativo como alcalde de Villavicencio. Hicimos y constituimos un equipo que lo hizo muy bien— fuimos en dos años una de las mejores alcaldías del país—, que es de mi confianza y que tiene todas las capacidades técnicas y profesionales, pero fundamentalmente los resultados.
Ahora, ten la certeza de que en el caso de que no tuvieran los resultados que respaldaran su gestión, pues es evidente que yo hubiera tomado cualquier otro tipo de decisión asociada a su continuidad.
Es decir, ¿usted puede garantizarles a los colombianos que el equipo por el que usted cuenta actualmente en la Agencia Nacional de Tierras puede darle los resultados o pueda avanzar en el desarrollo de la reforma agraria?
Yo no lo puedo garantizar sobre la base de las promesas, yo lo digo con resultados. Hoy, por ejemplo, hemos constituido 10 veces más territorialidades étnicas y, eso no lo documentó ningún medio de comunicación, quien está en cabeza de toda la dirección étnica es un compañero que fue autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), o sea un indígena, y un compañero dirigente de los procesos de comunidades negras también del Pacífico.
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Lo que podemos decir es que nosotros hoy podemos naturalizar la compra de 250 mil hectáreas, que es muy distante de lo que han hecho otros gobiernos. A estas alturas, ya hemos formalizado más de lo que formalizó Duque en cuatro años, hemos constituido más zonas de reserva campesina que lo que se constituyeron en los últimos 20 años en el país. Hoy la certeza de los resultados es lo que defiende mi gestión en la ANT.
En este Gobierno se aumentó la presencia Agencia Nacional de Tierras en varios departamentos: pasaron de ocho oficinas a 32. ¿Por qué ocurre en este Gobierno?
Es fundamental resolver problemas y asuntos agrarios en los territorios, y es fundamental sostener estas oficinas. Ayer estuve en el Eje Cafetero y encontré tierras del Fondo Nacional Agrario de los 70 de la reforma agraria de Lleras sin titular. Y los campesinos no tenían oficina ni en Risaralda ni en Quindío ni en Caldas y tenían que ir a solicitar su titulación a Medellín. Ahí evidentemente se revisten las necesidades territoriales para acercar la ANT a los campesinos y es muy importante que hagan presencia activa.
Nosotros hoy tenemos determinado un programa de seguimiento que me permite decir cuáles son las regionales que más rinden y cuáles son las regionales que menos rinden. Quienes menos han rendido en el interior de la agencia se han ido. No voy a tocar casos puntuales, pero definitivamente, por el contrario, sí hay casos muy importantes de rendimiento de la Agencia Nacional de Tierras: lo que están haciendo Norte de Santander, Putumayo, el Meta y Santander es de mayor reconocimiento.
Y ese aumento del número de oficinas viene con una ampliación en el número de personas contratadas…
Sí, más que en la planta es en la estructura de contratistas. Nosotros tenemos el estudio de planta para iniciar los procesos de mérito de selección de empleos públicos aprobados por el Departamento de Función Pública. Sin embargo, lo que nos ha limitado es la plata, de lo que significa esa planta.
Por ahora, lo que nos toca es operativizar las funciones de la ANT con contratistas. Evidentemente, se han incrementado. Creo que lo más importante es disminuir esos contratistas en un plan a corto plazo para aumentar la planta, o sea que haya mayor estabilidad en la planta de personal. Hoy nos toca es a punta de contratistas sacar adelante nuestras tareas misionales y es parte del reto sustancial que tenemos también y que tiene la reforma agraria en el país.
La principal preocupación por el tema de los contratistas es que son vinculaciones de duraciones cortas…
Así es. Eso fue un craso error, y es que en el interior de la ANT se interpretó una circular del Departamento de Función Pública de que tocaba hacer los contratos a cuatro o seis meses, porque si no, se terminaba configurando un contrato. Eso fue un error administrativo que yo recibí. Hoy podemos decir que vamos a subsanarlo en la vigencia siguiente, creo que hay que sostener un equipo de base alrededor de este tema y que en ese sentido vamos a potenciar y fortalecer ese proceso.
Vayamos a las cifras, ¿cuánto ha crecido específicamente el número de personas contratadas por prestación de servicios? La Procuraduría ha dicho que hubo un presunto crecimiento irregular bajo esta modalidad de contratación.
No hay un crecimiento irregular. Nosotros lo tenemos en cifras: yo recibí alrededor de 3.800 contratistas, vamos alrededor de 4.100. Hemos crecido sustancialmente en los procesos de viabilización de compra, en fortalecer todos los equipos. Particularmente, en un caso especial y es que antes no se visitaban las fincas por un agrónomo antes de comprarlos, eso es un craso error y lo corregimos y diseñamos una estrategia para vincular agrónomos. No compramos una sola finca en el país sin un concepto de un agrónomo que identifique su productividad, eso es responsabilidad con los recursos públicos.
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Nosotros no podemos ejecutar $5 billones, que es lo que tenemos en nuestra apropiación en este año, si no tenemos los canales, los procedimientos y las personas que nos obliguen a hacer un gasto responsable del recurso público y eso es lo que venimos detallando.
Se han configurado varias indagaciones hacia la Agencia Nacional de Tierras desde la Procuraduría. ¿En qué van estos procesos?
Nosotros hemos solicitado un acompañamiento preventivo a la Procuraduría. Estamos sentados cada ocho días contándoles cómo vamos, escuchando sus observaciones, revisando de forma detallada cada uno de los elementos. Tenemos diferencias de interpretación de muchas cosas, son temas técnicos, robustos. Pero lo más importante es que ese acompañamiento preventivo nos permite avanzar, de forma clara, en detallar, en tiempo real, cualquier tipo de situación que involucre temas de recursos públicos.
Yendo al tema de los avalúos, esa es una de las cosas que prendió la alarma por el tema de que no se estaban haciendo, se estaban haciendo irregularmente. ¿Qué se puede decir sobre eso?
Cuando yo llegué había cuatro operadores de avalúos, hoy hay ocho operadores de avalúos y esperamos culminar el año con diez operadores de avalúos. Creamos un sistema de autorreferencia: hoy la ANT ya tiene como 2.500 a 3.000 avalúos, entonces los metemos todos en un sistema y tenemos un estudio del mercado del suelo en Colombia. Entonces, ese valor de referencias es nuestro sistema de control de precios para evitar sobrecostos en la tierra.
Cuando pasa por encima, que puede ocurrir, inmediatamente se prende una alarma y se analiza detalladamente si vale o no vale la pena el riesgo asociado a esa compra. Lo que antes no existía en la ANT, que es un control de precios de la tierra, lo hemos construido a partir de los recursos propios y de los avalúos propios que ha hecho la agencia en su historia.
Con la exministra Jhenifer Mojica hicieron unas denuncias. ¿En qué van esas investigaciones?
Hemos limitado los pagos a esos casos críticos, esperamos que se decante rápidamente, no en el afán ni en la angustia de perseguir a nadie, sino en la urgente necesidad de cuidar los recursos públicos y seguir ajustando más nuestros procedimientos, que es lo más importante. Si hay responsabilidades individuales que evidencien los entes de control, pues que actúen como corresponde.
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¿Y por ejemplo esos pagos de qué valor serían?
Son alrededor de $100 mil millones que no vamos a pagar en la Agencia hasta que tengamos una ruta jurídica caso por caso. Con los demás estamos al día en temas de pagos, eso no frena la reforma agraria. Hoy tenemos una gran noticia y es que estamos comprando las tierras del Fondo de Reparación de Víctimas y creo que es una cosa maravillosa.
En las denuncias que se hicieron algunas fueron por el extravío, pérdida de documentos…
Nosotros tenemos que ser absolutamente rigurosos con cada expediente. Yo he ordenado tener dos copias de seguridad de cada procedimiento de compra, porque es lo que nos permite asegurar el escrutinio público y la transparencia de nuestros procesos. Cuando se pierde un expediente, pues genera un manto de duda innecesario para la entidad.
En mi dirección no se ha perdido un solo expediente, pero sí hemos actuado poniendo en conocimiento a las autoridades cuando pasan ese tipo de circunstancias y hemos reorganizado la política de archivo, porque la trazabilidad del expediente es fundamental para asegurar que estamos haciendo bien nuestro trabajo.
También giran alrededor de funcionarios de la dirección de Gerardo Vega. El exdirector ha dicho que se adelanta una campaña mediática en su contra. ¿Cómo está la relación con él?
Yo realmente no conozco a profundidad a Gerardo, no tengo malas referencias de él. Considero que él ha sido un hombre que le ha aportado mucho a este país, él tendrá las explicaciones necesarias en su dirección. Lo que hemos encontrado es que, tal vez en medio de cierta improvisación, algunos cuadros administrativos que lo rodearon sí aprovecharon su confianza. Creo que eso ya lo decantarán las autoridades de control y espero que Gerardo salga adelante de esta situación de la manera más responsable.
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Volviendo al tema de la Procuraduría, se supo de unos pliegos que abrieron en su contra en un caso que se ubica justamente cuando usted era alcalde de Villavicencio. ¿De qué se trata este caso?
Lo que me están diciendo es que no debía haberle hecho caso a un juez. O sea, un juez me dice que tramite las recusaciones, yo las tramito, y la Procuraduría está diciendo que, como le hice caso al juez, eso ralentizó el proceso. Yo creo que es el caso disciplinario más extraño que ha motivado la procuradora [Margarita Cabello], porque no tiene sentido que a mí me ordene un juez a hacer un procedimiento, yo lo haga en el marco de la sentencia judicial, y por hacerle caso al juez, me terminen generando una indagación leve. Sin embargo, tenemos toda la tranquilidad, vamos a asistir con nuestra defensa jurídica, todo el procedimiento explícito de este caso.
El Gobierno tiene ciertos roces con la Procuraduría: se ha hablado de una persecución, que usted también ha mencionado. ¿Siente que hay una persecución en su contra por ser del progresismo petrista?
Yo siento que definitivamente la Agencia Nacional de Tierras viene dando hechos ciertos y avances concretos alrededor de las promesas del Gobierno y, particularmente, el presidente. La reparación de las víctimas de El Aro, de Las Pavas, el superar semejante situación tan difícil de El Quimbo y que, evidentemente, hay sectores sociales y políticos de este país, incluso en mi región, que sí que les incomoda esta visión de país en la que el campesino tenga un lugar y tenga un Gobierno que lo defienda.
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En este país se ha matado es por la tierra, entonces hay cosas que están generando callo al interior de la gestión. Aquí no se recuperaba un metro cuadrado de tierra, hoy nosotros hemos tenido un Comité de Recuperación y hemos venido recuperando tierra de gente muy poderosa del Caribe, los Llanos y pues es connatural que eso genere cierto ruido en ciertos sectores sociales y políticos. Nuestra tranquilidad es que estamos actuando con garantías con todo el país, no solo con nuestro sector.
Pero entonces, ¿usted sí siente que hay una persecución en su contra por ser del progresismo del presidente Petro?
Yo sí creo que producto a la gestión, al enfoque, a los resultados concretos que tenemos en la entidad, hay sectores de la oposición que, evidentemente, ven la Agencia Nacional de Tierras como objetivo.
También hay unos cuestionamientos que se hicieron desde la oposición y se llamó la atención sobre un tema de un contratista que ejercía labores de inteligencia y contrainteligencia. ¿A qué se refiere exactamente?
La Agencia aseguraba la tierra jurídicamente, pero nunca la recuperaba. La recuperación es una acción policiva, la hacemos con la Policía Nacional. Nosotros somos de las únicas autoridades que, como entidades del Estado, tienen facultades policivas, según el artículo 225 del Código de Policía. Como antes simplemente decíamos “se recuperaron 190 mil hectáreas”, pero no íbamos a sacar a la gente que está adentro y meter campesinos, pues evidentemente no era necesario. Cuando yo llego, reglamento el Comité de Recuperación y contrato a varios analistas de riesgo, que van a la finca, revisan si hay actores armados, revisan qué riesgos hay y articulan esto en la Policía.
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Todos estos elementos se hacen con la Policía y a partir de eso nosotros procedemos a su recuperación. Las actividades son en referencia a las acciones de recuperación de tierras, que nosotros ya tenemos certeza de que son bienes del Estado, y que fueron indebidamente usurpadas por privados.
Y pasando ya como ya el tema de la Agencia Nacional de Tierras, la primera promesa la prioridad del gobierno había sido que se formalizarían 7 millones de hectáreas en este momento la cifra está en 1′138.000. ¿por qué ha habido esas demoras de pronto en llegar a esa cifra prometida?
Hay varias dificultades, que son claves en la implementación del Acuerdo de Paz. La primera de ellas tiene que ver con los temas de compras voluntarias. Los temas de compras voluntarias, nosotros para comprar 20 mil hectáreas tenemos que ofertar 50 mil, 60 mil, porque los niveles de expectativa que tienen los propietarios del pago de su tierra son mayores. Hay un crecimiento en la especulación de precios de la tierra.
El segundo elemento es que la ANT no tenía los procedimientos claros y los trámites para la compra. El tercer elemento es que la entidad, que es una institución que tiene siete años, de alguna manera hace parte de la desestructuración de la institucionalidad agraria. Fíjate tú que ahora es una Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, como que se dispersó en la institucionalidad agraria lo que antes era el Incora, hoy está dividido en seis pedazos.
Y en tema de formalización, que son 7 millones de hectáreas y que en este gobierno vamos 1′138.000, que son muchísimas, pero que pueden ser mucho más, estamos diseñando planes locales de formalización. Con ese procedimiento único de formalización, y con los ajustes que estamos haciendo podemos esperar, al menos, terminar el año con 300 mil hectáreas más formalizadas. Esa es la meta que nos hemos puesto: avanzar significativamente a 1′500.000 hectáreas de este gobierno.
Nosotros tenemos un reto en formalización y es que, en estos últimos dos años, lleguemos a los tres millones de hectáreas formalizadas. Si en este gobierno llegamos a la mitad de la formalización de lo que dijo el Acuerdo de Paz para 15 años, pues damos un salto cuantitativo.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha dicho que la compra de tierras es un punto clave en la ejecución del sector, y esta se ha visto retrasada. La ejecución de la ANT está en el 8,9%, la del Ministerio de Agricultura en el 32 %…
Ahí son dos cosas distintas. Hay tres conceptos desde el punto de vista administrativo: el presupuesto, lo comprometido y lo obligado. Lo obligado es lo que ya se pagó, se giró a la cuenta corriente del propietario de la tierra. Pero lo comprometido es lo que ya está comprado, pero que está en trámite de giro. Tú cuando hablas del 8 % hablas de lo obligado. Cuando hablas de lo comprometido, la Agencia está en el 42 %.
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Por ejemplo, yo le debo a la Sociedad de Activos Especiales $200 mil millones, le debo al Fondo de Reparación de Víctimas $178 mil millones. Es cuestión de caja que Hacienda libere y haga los giros, pero las deudas están causadas. Y si hacemos las cosas como las queremos hacer, este mes pasamos al 68 %.
Muchas veces, incluso en el interior del Gobierno, se dice que la plata está guardada en los bancos, pero la plata no está guardada. A nosotros nos liberan caja única mensual que se llama PAC, entonces lo que nos vaya liberando Hacienda lo vamos pagando, pero si definitivamente Hacienda no libera, pues nosotros no tenemos cómo pagar. Ahora, queremos comprometer, por lo menos, el 85 %, en eso nos estamos concentrando. Creemos que lo podemos lograr.
Los problemas con la discusión del presupuesto, ¿cómo van a impactar en la agencia?
Eso va a impactar en la agencia y es muy importante entender los potenciales. Voy a poner un ejemplo práctico. El Fondo de Reparación de Víctimas, que es creo que la acción más bonita que puede hacer la ANT, funciona de la siguiente manera: yo tengo un convenio de $300 mil millones de pesos comprometido y tengo para obligar $178 mil millones. Pero este dinero solo era por 20 mil hectáreas y hay 120 mil. Entonces yo lo que debería hacer es asegurar los recursos para comprar toda la tierra de los paramilitares.
¿Para qué se usa esa plata? Para reparar las víctimas de los paramilitares. O sea, es con la misma plata de esas fincas que se monetiza esa reparación. Por un lado, nosotros reparamos, compramos tierra y hacemos reforma agraria, y, por otro lado, con esa misma plata la Unidad de Víctimas indemniza a las víctimas que están hace 20 años padeciendo toda suerte de necesidades sin un solo peso.
Si tú te das cuenta, este convenio de $300 mil millones se va a quedar chiquito. Con el Fondo de Reparación solamente nosotros podemos llegar a una ejecución de $800 mil millones y con la SAE $1,5 billones. Solo con las dos entidades del Estado nosotros hasta ahora estamos en $300 mil millones, y ya vamos en la mitad.
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En el caso de que disminuya el presupuesto de la ANT, ¿se podría desembolsar todo el dinero prometido?
Ya son compromisos de Estado, ya quedan como reservas. O sea, ya quedó reservada esa plata para responder por el compromiso del Estado, hay seguridad jurídica de ingreso. Son compromisos concretos, negocios jurídicos del Estado.
El tema de la liquidez, por ejemplo, es el que me dice que también les ha afectado.
Sí, claro, pero eso es distinto. Este 42 % de compromisos tiene la seguridad jurídica de que, en el cierre y el balance general de cuentas, van a tener que pagarlo. Eso no se puede disminuir. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos venido avanzando en función de poder liberar ese importante recurso.
Muchas de las acusaciones que se le hacen al gobierno de que no ejecuta es porque hay mucho comprometido y poco obligado. Entonces, claro, hoy hay dificultades del Gobierno nacional en materia de caja, pero estos compromisos que nosotros hemos pactado con distintos finqueros son compromisos de Estado que les vamos a responder. Muchas veces a veces la demora es de ellos.
Y una pregunta, digamos estos $100 mil millones, que me decía que estaban digamos detenidos para la compra de tierras. ¿Esos están en lo comprometido o no están en lo comprometido?
Están en lo comprometido, porque es lo que yo recibí comprometido. Pero no está obligado por decisión de la dirección.
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¿Cuántas hectáreas han entregado a las comunidades?
Nosotros hemos entregado alrededor de 250 mil hectáreas más 70 mil hectáreas de étnicos, para un total más o menos de 320 mil hectáreas. Estamos haciendo hincapié en un plan de choque para que ya se asigne el título de esa tierra a las familias. Y te voy a contar que es de los procedimientos más positivos de la agencia, por una sencilla razón. Porque nadie puede entender, esto no es como quien reparte una finca como quien reparte una mantecada, realmente es un proceso maravilloso de ordenamiento territorial, muy bonito, muy valioso, porque se construye socialmente con los beneficiarios.
En los casos en las fincas grandes, nosotros estamos creando corregimientos a los municipios. Son procesos de concertación, de conversación, de planeación, de ordenamiento, en los que tienen que asegurarse consensos para poder distribuir efectivamente el título final. Entre la entrega provisional y el título final, nosotros estamos haciendo un plan de choque que puedes sumar de cuatro a cinco meses por cada finca, pero depende mucho de la madurez organizativa del proceso campesino, que tenga claras las cosas, que la gente no se vaya a tener diferencias sustanciales, y es un proceso de ordenamiento territorial de la finca. O sea, esa gran finca termina siendo una gran comunidad.
Desde la ANT se había pactado la compra del Ubérrimo, ¿cómo va ese proceso?
Bien, bien. Nosotros estamos culminando el proceso de valoración del predio. Creo que, significativamente, puede ser un gran mensaje para el país, para todos los sectores del país. Hemos contado con el visto bueno del presidente para avanzar en este caso y esperamos materializarlo prontamente.
Para finalizar, ¿cómo está la relación con la ministra Carvajalino?
En su mejor momento. Es una mujer admirable, absolutamente inteligente, que la aprecio y la valoro mucho.
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Por María José Barrios Figueroa
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