Juzgan a un médico por sugerir que el presidente turco se parece a Gollum

En esencia, el juzgado debe decidir si Gollum es o no un personaje malvado para argumentar un delito. Un peritaje encargado a dos académicos, dos psicólogos y un experto en cine determinará la naturaleza del personaje. La parte acusadora ha dicho que la comparación pretendía presentar al presidente con un carácter maléfico; la defensa argumenta que Gollum no es malo y, por lo tanto, no existe ningún delito. El abogado defensor, Hicran Danisman, contó: “Nuestra defensa también es cómica. Han empezado a juzgar a Gollum, y en las próximas sesiones no defenderé a mi cliente, sino que defenderé a Gollum”.

Una mirada a la obra de J.R.R. Tolkien (llevada con éxito al cine en una trilogía) podría darles alguna respuesta. Gollum es un personaje intermedio entre los hobbits y los seres humanos, que posee una personalidad bondadosa y también, a causa del anillo, corrupta. Gollum es quizá el retrato más ambiguo de la obra. Las interpretaciones que podrían dar los abogados son múltiples: Gollum es capaz de arrancarle un dedo a Frodo para arrebatarle el anillo y al mismo tiempo tuvo intenciones de ayudarle a Frodo y Sam a destruir el anillo, fuente de toda perdición. Entre esos dos mundos, es poco clara una interpretación unánime del carácter de Gollum.

En ese caso, entonces, podrían pesar los antecedentes y el poder que Erdogan ha sabido sembrar en el poder judicial. En marzo de este año, una periodista turca fue condenada a cinco meses de prisión por “insultar” a Erdogan a través de su cuenta de Facebook; para la periodista, sus anotaciones correspondían más a críticas y opiniones que a meros insultos. Por esos mismos días, un estudiante de 16 años era juzgado por haber llamado “jefe de los ladrones” a Erdogan. En octubre, por romper un afiche con la imagen del presidente, dos jóvenes de 12 y 13 años eran juzgados con la posibilidad de pasar 14 meses en la cárcel. Actos similares han llevado al encierro temporal a menores de edad y periodistas.

El artículo 297 del Código Penal turco estipula que “cualquier persona que calumnie al presidente” estará sujeta a una pena entre uno y cuatro años de cárcel. Las penas varían según el medio en que la llamada ofensa fue publicada: si es a través de medios de comunicación, por ejemplo, la pena podría aumentar un tercio. En ese mismo capítulo (dedicado a las “ofensas contra los símbolos de la soberanía”) se determina el tiempo entre rejas para quienes rompan o deformen la bandera turca y para aquellos que “humillen” el himno nacional o denigren de los aspectos que conforman la “naturaleza turca”. El último numeral asegura que cualquier “expresión de pensamientos” que se constituya como crítica no será juzgada.

A esa geografía legal se enfrenta la interpretación de un personaje creado, en principio, para entretener a los niños. En los últimos años, Erdogan ha sido señalado por extender su poder a las ramas judicial y legislativa de su país; en las elecciones más recientes, su partido (el AKP) ganó la mayoría de escaños en el Parlamento después de que la oposición, conformada sobre todo por partidos de origen kurdo, le hubiera hecho una fiera competencia en las votaciones anteriores. La victoria fue en cierto sentido sorpresiva, pues diversos miembros del partido oficial fueron señalados de recibir sobornos y lavar dinero. Entre ellos estaba el hijo de Erdogan y al parecer era su voz la que se escuchaba en una grabación donde le pedía a su hijo que se “deshiciera” de US$10 millones. Es decir, a pesar de todos los escándalos y las condenas internacionales, Erdogan ha adquirido un poder cada vez más parecido al de una monarquía constitucional (como lo señaló Le Monde en un editorial reciente). Quizá la comparación del médico sea menos ingenua: ponerse el anillo es una conversión segura a la corrupción.

El juicio al médico Bilgin Çiftçi (retirado de su puesto como funcionario público) remueve también los fondos de la libertad de expresión en Turquía. A finales de octubre, la Unión Europea pidió a Turquía (que aspira a hacer parte de esa unión) que respetara la libertad de expresión luego de que las fuerzas oficiales se tomaran las instalaciones de dos diarios y dos canales de televisión opuestos a la ideología de gobierno. La organización Reporteros sin Fronteras ubica a Turquía en el puesto 149 entre 180 con este veredicto: “(los periodistas) siguen siendo perseguidos y, de nuevo, de un día para otro, podrían ser encarcelados”.

Para Amnistía Internacional, que ha seguido el proceso de la libertad de expresión en el país, la redacción inexacta del Código Penal permite que el gobierno acuse a periodistas por crímenes inexistentes. “Periodistas, escritores, editores, activistas de derechos humanos –de hecho, prácticamente cualquier persona– que expresen opiniones contrarias a la ‘historia oficial’ o a la ideología dominante pueden verse sometidos a juicio”, dice la organización. El gobierno turco ha dicho que defiende los “principios democráticos” y que la libertad de prensa es un “elemento imprescindible”.