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La Universidad Nacional realizará un foro conmemorativo de la elección popular de alcaldes, aprobada por el Congreso Nacional en 1986.
Aquella reforma, inspirada por el presidente Belisario Betancur y su ministro de Gobierno Jaime Castro, rompió una vértebra fundamental de la Constitución de 1886. Algo similar había ocurrido medio siglo antes, en 1936, cuando el presidente Alfonso López y su ministro de Gobierno Darío Echandía constitucionalizaron una novísima concepción social del Derecho y del Estado. Son, probablemente, las dos reformas jurídico-políticas más sustantivas del siglo xx. La primera se sucedió hace 30 años y la segunda hace 80. El aniversario de ambas pasó desapercibido, hasta ahora, en medio de la indiferencia del poder público, de la academia y de los ciudadanos.
La elección popular de alcaldes marcó la apertura del país hacia la descentralización política. Sin ella no hubiera sido fácil constitucionalizar la autonomía territorial en 1991. Cien años antes la idea fue demonizada por la Regeneración, en términos que terminaron construyendo una cultura del unitarismo político. Cualquier iniciativa de tendencia federal o autonómica se consideraba simple ocurrencia de unos juristas solitarios o de unos políticos despistados.
En el siglo pasado hubo dos antecedentes sobre descentralización política: El primero se produjo en la célebre Convención Liberal de Ibagué, reunida en 1922, en cuyo seno el Acuerdo nº 8 definió como programa de ese partido la “elección del presidente de la República por el Congreso, de los gobernadores por medio de ternas presentadas al ejecutivo por las asambleas departamentales y de alcaldes por el pueblo mismo”.
El segundo antecedente podría encontrarse en los trabajos de la “Comisión Echandía”, reunida en 1976, es decir hace cuarenta años, para estudiar reformas al régimen territorial y a la administración de justicia. Curiosamente los dos temas siguen esperando la reforma que resuelva su, cada vez, más aguda problemática. Las ideas formuladas por la Comisión sirvieron de base al gobierno López Michelsen para convocar la “pequeña constituyente”, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Entonces y ahora, las Cortes defienden sus espacios de poder, siempre que los ven amenazados por cualquier circunstancia.
El camino de la descentralización no ha sido fácil. Desde el punto de vista normativo la Carta del 1991 avanzó expresamente hacia la autonomía territorial. Sin embargo, no ha habido desarrollos adecuados ni en la ley, ni en la jurisprudencia. Por el contrario, la línea adoptada por la Corte constitucional en materia autonómica es regresiva y las leyes, empezando por la “LOOT”, se ocupan de asociatividad territorial y de amarrar los recursos pero descuidan todo lo relacionado con la descentralización.
Ahora se habla de paz territorial, de asumir un manejo diferencial de políticas públicas por grupos de población y promover la democracia participativa, en medio de grandes retos y de grandes amenazas para la sociedad colombiana. El doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial “RINDE”, organizan el foro “La paz territorial en construcción: 30 años de la descentralización”, el cual se realizará el miércoles 26 de octubre a partir de las nueve de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
En cuatro paneles sucesivos, voceros del gobierno, de la política, de la academia, de las organizaciones sociales debatirán sobre la contribución del proceso descentralizador a la paz, la capacidad de la organización institucional para integrar los distintos territorios al Estado, las políticas diferenciales adecuadas a las diversas potencialidades de los territorios, en fin, los grandes desafíos que se desprenden de la inequidad, la corrupción, las actividades ilícitas y la necesidad de apoyar la economía campesina. Colombia no solo ha acumulado una alta deuda social con su población más vulnerable. También está en deuda institucional con todos sus ciudadanos: El poder constituyente les ofreció un proceso descentralizador que los poderes constituidos se han abstenido de desarrollar.
*Exsenador, profesor universitario.
@inefable