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Luego de que la Fiscalía realizara este miércoles una inspección judicial en las instalaciones de Fecode para recolectar pruebas sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, diligencia que se realizó el mismo día en que la Procuraduría suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva por el lío sobre la licitación de pasaportes, el jefe de Estado advirtió que hay supuestas maniobras para apartarlo de la Casa de Nariño.
“Quieren encontrar los caminos para sacar al presidente. Siempre pensé que los allanamientos eran a las organizaciones mafiosas y no a las de trabajadores”, dijo en medio de la segunda jornada de “Gobierno del Pueblo” en el Pacífico, esta vez desde El Charco, Nariño.
Y, de paso, advirtió que él no es un político que “se deja financiar por el narcotráfico”, e hizo un nuevo llamado a la movilización social, porque “no tenemos un gobierno criminal”. Estas palabras del primer mandatario, que no son aisladas, llegaron en la misma semana en la que se reactivó el expediente con el que piden llevarlo a juicio político en el Congreso por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña de 2022 y que, en paralelo, tiene capítulos en el Consejo Electoral (CNE) y la Corte Suprema.
Aunque es cierto que el presidente podría enfrentarse a un eventual impeachment, desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara aseguraron que, de las audiencias y el proceso de recolección de pruebas, al juicio político, hay un largo trecho. Entonces, ¿en qué está ese expediente?
Luego de la compulsa de copias hecha por la Fiscalía en octubre de 2023, la investigación previa la abrió el presidente de la Comisión, el conservador Wadith Manzur. En el marco de ese proceso, se citó este 29 de enero a Nicolás Petro, primogénito del mandatario, para que rinda testimonio sobre el presunto ingreso de fondos irregulares a la campaña. Pero, advirtieron desde esa instancia que “mientras la Comisión no decida si la investigación tiene mérito, no puede ir a la plenaria y avanzar (..) No entiendo por qué están diciendo que ya se puede hacer un juicio político. Hasta ahora se va a ampliar la denuncia” .
Ese dosier se suma a otras 10 investigaciones acumuladas por los mismos hechos relacionados con la campaña presidencial y sobre las que en 2024 el Congreso deberá tomar una decisión. Aun así, legisladores de oposición se han quejado por la presunta demora en el análisis de las pruebas. El representante Christian Garcés -uno de los denunciantes- señaló que, una vez radicadas las denuncias, solo podían transcurrir seis meses para que los investigadores presentasen la ponencia para archivar el caso o elevarlo a la plenaria. El congresista radicó una queja ante la Procuraduría tras argumentar que su denuncia data de inicios de junio de 2023 y no ha sido estudiada.
No obstante, uno de los tres representantes investigadores -Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wílmer Carrillo (la U)- le dijo a El Espectador que “no hay plazos ni términos” y que se tomarán el tiempo necesario, pues “hay muchas pruebas por estudiar”. Además, desde la mesa directiva culparon a la misma oposición del retraso, pues han presentado recusaciones contra los investigadores por su cercanía al Gobierno, lo que ha retrasado el proceso. De otro lado, la Comisión comparte el receso con los jueces, es decir, vacancia del 20 de diciembre al 10 de enero, por lo que hasta ahora retomaron labores.
Aunque la citación a Nicolás Petro está en firme, se anticipa que el próximo lunes la Comisión no se pueda reunir a escucharlo por un error de la Secretaría. “El secretario de la comisión está incapacitado y llega hasta el 1° de febrero. No dejó a nadie encargado, entonces los trámites para contratar a los abogados que acompañan las diligencias no se han hecho. Para este 29 de enero no hay gente contratada para hacer todas las audiencias y las ampliaciones de testimonios”, contaron. Así las cosas, el contexto no está dado para que Nicolás Petro se presente en el Congreso este mes.
Pero insistieron en la importancia de esa cita: “Nicolás Petro dio una versión en la Fiscalía, por lo que nos compete llamarlo para que se sostenga o se retracte. No podemos utilizar el mismo testimonio”. Y señalaron que ese proceso no se le ha asignado a un investigador, así como tampoco se ha decidido si se acumula con los que llevan Uribe, Arizabaleta y Carrillo.
Así mismo, el Centro Democrático presentó otra denuncia contra Petro por “la convocatoria a eventos con objetivos partidistas”. El recurso lo radicó este miércoles la senadora María Fernanda Cabal y lo sustentó en un trino de Petro en el que habló de un “Congreso progresista” y de la “convocatoria a un Frente Amplio” para juntar las fuerzas del Pacto Histórico. De acuerdo con la legisladora, tal conducta “constituye una violación de las leyes” que no le permiten al mandatario participar en actividades de partidos.
(Lea: “Las alertas que no tuvo en cuenta el canciller Leyva y que llevaron a su suspensión”)
Los otros expedientes
El CNE también examina la campaña del presidente por presuntamente haber excedido los topes de gastos y porque posiblemente algunos desembolsos de la primera y segunda vuelta no se reportaron, entre esos los pagos a testigos electorales y los vuelos de Petro. Precisamente, este 23 de enero fueron escuchados en audiencia algunos de los testigos electorales. Aunque también estaba citado Euclides Torres, señalado por Nicolás Petro de financiar una parte de la campaña en el Caribe sin que eso se reportara, el empresario declinó dar su versión.
En todo caso, uno de los testigos que sí compareció ante el CNE les explicó a los magistrados que su trabajo fue voluntario, por lo que no representó ningún gasto en la campaña: “Fui coordinador departamental y se me indaga sobre si yo era empleado, pero mi colaboración fue voluntaria, sin esperar reconocimiento económico. Por tanto, no fui empleado y los ataques al señor presidente son monstruosos”, dijo quien se encargó de “cuidar los votos” de Petro en 2022.
Por otro lado, Nicolás Petro no fue solo citado al Congreso, sino también a la Corte Suprema. El alto tribunal investiga a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez (Pacto Histórico) para establecer si saben sobre dinero que entró a la campaña y no se reportó. Y a partir de la segunda semana de febrero, otras nueve personas serían llamadas, entre ellas Laura Sarabia, hoy directora de Prosperidad Social (DPS); Mabel Sarmiento, señalada de ser la gerente de la campaña Petro Presidente en el Atlántico; Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro; Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación del Atlántico; Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, entre otros.
En todo caso, el primer semestre de 2024 será clave para definir la presunta responsabilidad del jefe de Estado y otros de sus cercanos en el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial, así como la violación en los topes de ingresos y gastos. Las investigaciones podrían dar resultado al tiempo de la discusión de las reformas gubernamentales en el Congreso y cuando se cumplen dos años de la primera administración de izquierda del país.
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Por Laura Duarte Sandoval
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