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La Casa de Nariño comenzó a mover su propia estrategia para poder quedarse con la Procuraduría General de la Nación en momentos en que casi todas las fichas se estarían moviendo en favor de alguien contrario a la administración de Gustavo Petro y que incluso podría seguir la línea que ha marcado Margarita Cabello. Estas jugadas se desprenden después de que se decantara la lista preliminar de Presidencia 45 candidatos a 26, en la que siguen firmes un par de personajes cercanos al presidente, entre ellos, Héctor Carvajal y Jorge Perdomo.
Petro apuesta por contar con alguien de su confianza en la Procuraduría, tras haber enfrentado durante sus dos primeros años de gobierno una oposición directa de Cabello, quien fue ternada en su momento por el entonces presidente Iván Duque y también se desempeñó como su ministra de Justicia. Durante este tiempo, a la procuradora no le ha temblado el pulso para abrir investigaciones, aplicar inhabilidades, e incluso tomar acciones dirigidas directamente contra el primer mandatario -como abrir un incidente de desacato-. El gobierno ha llegado a calificar sus actuaciones como una “persecución” contra su proyecto político.
Una persona de confianza del presidente podría asumir las riendas de la Procuraduría desde enero de 2025, si lograra triunfar en su paso por el Senado, una corporación que no le camina al presidente y donde el Pacto Histórico no ha logrado avanzar su agenda legislativa. Una de las apuestas de Petro podría ser el abogado que llevó su en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuesa violación de topes de la campaña presidencial de 2022: Héctor Carvajal.
El abogado y el primer mandatario han construido una relación cercana hace más de una década pues Carvajal asesoró a Petro cuando la Procuraduría, precisamente, lo destituyó como alcalde de Bogotá. El aspirante a procurador conoce también al expresidente Álvaro Uribe pues fue abogado de sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, por el caso de la Zona Franca de Occidente. Años después, en 2022, Carvajal prestó su oficina e incluso su casa para que Petro se reuniera con Uribe, los primeros acercamientos entre los antagonistas políticos. Así las cosas, la confianza del petrismo y del uribismo podría ser una carta que Carvajal juegue en el Senado, la corporación que decidirá quién será el próximo procurador entre los ternados por la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hacia finales de septiembre.
En los últimos meses, Margarita Cabello inhabilitó por seis meses a Daniel Quintero por presunta participación en política durante su mandato como alcalde de Medellín en 2022. Fue precisamente Carvajal quien tomó la defensa del caso. Recientemente, el abogado estuvo a cargo de defender al presidente Petro por el tema de la presunta violación de topes de campaña, una de las polémicas que han marcado su mandato.
Fuentes cercanas al Palacio de Nariño indican que lo más probable es que Carvajal, quien ya había sonado para ser fiscal general antes de la elección de Luz Adriana Camargo, sea el candidato de Petro dada la historia y el estrecho vínculo entre ambos. Pero hay otro peso pesado cuya hoja de vida sigue en consideración: Jorge Perdomo, quien fue vicefiscal en la era de Eduardo Montealegre y estuvo encargado del ente investigador tras su salida.
Durante la administración Petro, Perdomo participó en la creación del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, como el Clan del Golfo, este era uno de los documentos con los que el “gobierno del cambio” quería cimentar parte de la paz total. También hace parte de la comisión de expertos para la reforma a la justicia.
Ahora, ante el anhelo de llegar a la Procuraduría, el abogado renunció esta semana como defensor del excongresista del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín, acusado de presuntos delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Entre las hojas de vida que sobrevivieron el primer filtro de la Secretaría Jurídica de Palacio y el Departamento de la Función Pública se encuentra la de Amelia Cotes, quien hace una semana fue declarada insubsistente para su cargo como directora de Asuntos Religioso del Ministerio del Interior. Según dijo la abogada petrista, el hecho era una “afrenta a la dignidad y un acto de discriminación”, pues la carta que le informaba su salida del cargo y que fue firmada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó luego de que hiciera denuncias de acoso laboral y actos de corrupción en la dirección.
Los desacuerdos entre Cotes y Cristo se han hecho evidentes, no solo porque ella siempre celebró la gestión de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior durante el año que duró en el cargo, sino por las pullas que le ha lanzado al nuevo jefe de la cartera: “las denuncias fueron puestas en conocimiento al ministro, quien abiertamente indica ‘no soy petrista, soy liberal a secas’”.
“Lamento que a los petristas, en especial las mujeres se nos acorrale justo en nuestro propio gobierno; contrario a lo mandado por usted”, le dijo Cotes a Petro en un trino. La abogada no descartó tomar medidas judiciales frente a este caso y, días más tarde, celebró ser parte del listado para la Procuraduría General.
En la lista se encuentran otras figuras que ya han ocupado cargos públicos, como Argemiro Bayona, quien se desempeñó en la Imprenta Nacional; Carlos Alberto López López, excontralor municipal de Villavicencio; Carmelo Perdomo, quien fue vicepresidente del Consejo de Estado; y Alejandro Meza Cardales, exmagistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En los 26 nombres no quedó el de José Ignacio Llinás Chica, quien fue cuestionado por estar en el listado original de 45 aspirantes al ser hermano de Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), amigo de Nicolás Petro y contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Hasta el 3 de septiembre, los ciudadanos podrán hacer comentarios sobre las postulaciones. En las próximas semanas se darán a conocer los nombres de los candidatos propuestos por el presidente Petro, la Corte y el Consejo de Estado. La plenaria del Senado deberá votar por los candidatos a finales de mes; sin embargo, algunos de los precandidatos más optimistas parecen haber comenzado a dialogar con los senadores desde ya.
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