Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
De 150 empresas mineras que llegaron a Colombia durante la bonanza minera legal, sólo quedan 30.
¿Será que las 120 que se fueron están esperando que se implemente el acuerdo con las Farc para regresar? La respuesta es negativa: no es la paz… o la guerra, lo que las hizo salir. El éxodo se dio por dos razones, siendo la primera las desproporcionadas tasas de tributación que hay en Colombia. Mientras que en países como el Perú y Chile las tasas son del 27 y 25 % respectivamente, aquí están por encima del 50 %. Pero si esta desventaja no fuera suficiente, el principal escollo para invertir en Colombia es el sistemático pisoteo a las reglas del juego. En un artículo publicado el martes pasado por la agencia de noticias Reuters, los periodistas Julia Symmes Cobb y Nelson Bocanegra afirman que las grandes empresas mineras están hastiadas de seguir invirtiendo en un país en donde los permisos de explotación ya otorgados tienen precaria validez. Decisiones incongruentes y de dudosa constitucionalidad de las altas cortes, interpretaciones caprichosas y no razonadas de mandatarios locales, y talanqueras imposibles de cumplir de comunidades y etnias, han hecho incosteable adelantar proyectos en el sector. Especular, como lo ha anunciado el presidente Santos, que una vez firmado el acuerdo se van a materializar inversiones extranjeras por más de US$36.000 millones —principalmente en el sector minero— es una quimera con escaso asidero en la realidad.
Por otra parte, el Gobierno está estudiando una nueva reglamentación sobre los biocombustibles que puede echar al traste cerca de US$5.000 millones invertidos y más de una década de esfuerzos para sacar adelante este sector. No estamos hablando de una actividad menor: la agroindustria de la palma de aceite, presente en 125 municipios y 20 departamentos, está conformada por más de 6.000 productores y genera más de 140.000 empleos formales rurales. El subsector del bioetanol genera, en 64.000 hectáreas localizadas en cuatro departamentos y 49 municipios, 37.000 empleos. Los cambios repentinos en las reglas de juego para los biocombustibles y sus materias primas hacen que estos negocios sean percibidos por los terceros —inversionistas, instituciones financieras, calificadoras de riesgo— como negocios inestables y de alto riesgo. Adicionalmente, menoscabar los biocombustibles va a hacer la tarea de cumplir con los compromisos de COP21 mucho más difícil.
El exministro de Minas y Energía y presidente de la Federación Nacional de Gobernadores, Amylkar Acosta, alertó de la iniciativa para igualar el precio de los biocombustibles con los combustibles fósiles, lo cual pone en enorme desventaja al sector agroindustrial que le apostó a este sector con multimillonarias inversiones. “Producir biocombustibles es totalmente distinto a la extracción y refinación de los de origen fósil… es un exabrupto hacer una equiparación de los precios por cuanto los costos de producción son muy distintos”. El exministro también manifestó que la actual coyuntura petrolera del país “exige un mayor apoyo del Gobierno en la producción de biocombustibles que, además de renovables, producen bastante menos contaminación”.
El cambio permanente en las reglas de juego, ese inexplicable y errático actuar, es lo que termina minando la confianza de los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros.
* El autor de esta nota pertenece a la junta de una empresa que produce bioetanol.