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Después de tres semanas de negociaciones, el gobierno de Gustavo Petro y tres partidos de su coalición (Liberales, Conservadores y de la U), están de acuerdo en el 99% de una reforma que planea cambiar el sistema de salud. Ese 1% restante parece poco, pero amenaza con romper el consenso.
En la tarde de ayer, representantes técnicos y políticos del Gobierno y de los tres partidos estuvieron reunidos más de tres horas. En un momento de la cumbre, le dijo una persona que estuvo allí a este periódico, el presidente Petro le recriminó al enviado liberal la poca disposición para avanzar.
El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, es quién está detrás de esa posición. Desde su equipo político resumen en tres puntos sus preocupaciones: la burocratización del sistema, la incapacidad que tendrían los colombianos de elegir su centro de salud, y la eliminación de las EPS.
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La primera preocupación (la burocratización) se refiere, principalmente, a la creación a los fondos regionales, que proponía el proyecto original de Carolina Corcho. En su concepción inicial, buscan ser oficinas descentralizadas del Adres (el banco de la salud).
Entre las responsabilidades que Corcho quiere darle a esos fondos están, por ejemplo, la contratación de los servicios de salud (incluyendo los de mediana y alta complejidad). También deben autorizar los pagos, para lo cual llevarían un registro permanente y detallado de cada servicio prestado y pagado, con datos de la persona que recibió el servicio, el municipio, la Institución Prestadora de Servicios de Salud, entre otras.
Es decir, esos fondos, en el modelo de la ministra Corcho, deberán auditar las millones de cuentas de cobro del sistema de salud y aprobar o no su pago, algo que actualmente hacen las EPS. Sin embargo, en la propuesta de los partidos, esa función de auditoria y control permanecería en lo que denominan “Gestoras de Vida y Salud”. Es una idea que defiende con especial intensidad el expresidente César Gaviria.
Esas gestoras son las entidades en las que se transformarían las EPS y para lo que tendrían, según se ha hablado en esas reuniones técnicas, un período de transición de alrededor de dos años.
La idea de los partidos es que estas “gestoras” conserven muchas de las funciones administrativas que hoy tienen las EPS (exceptuando la del pago a prestadores, que haría el Adres) y que se les pague por ello una cuota. En este escenario, los fondos regionales del gobierno no tendrían mayor capacidad de acción.
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Hay otro gran desacuerdo en torno a este tema. En el proyecto original presentado por la ministra Corcho, estos fondos regionales están administrados por una junta conformada por empleados, empleadores y el Estado. Es algo que tanto el expresidente Gaviria como la directora del partido de la U, Dilian Francisco Toro, califican como una “burocratización”.
Si dichos fondos tienen o no esa capacidad es algo que siempre ha generado gran preocupación. El exministro Alejandro Gaviria (cuya salida del Gobierno fue criticada por el Liberalismo y se dio, en gran parte, por su postura frente a la reforma), se hacía algunas preguntas sobre este tema a inicios de febrero y advertía que “sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”. Las EPS, decía el entonces ministro, “tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas”.
Martha Lisbeth Alfonso, congresista del Partido Verde, una de las ponentes de la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara, y quien ha apoyado el proyecto del Gobierno, tiene otra postura sobre ese asunto: “Los partidos defienden la existencia de una instancia externa al Estado que controle los gastos para que el sistema no se quiebre. Lo que dice el Gobierno es que el sistema no se va a quebrar porque los controles van a seguir, pero además porque la lógica del sistema será evitar que la gente se enferme”, explica.
“Libre elección”, otra duda
Otro punto crucial ha impedido que haya un acuerdo en torno a la reforma de salud que será discutida en el Congreso. Estas gestoras, además, podrían conformar y administrar Centros de Atención Primaria en Salud, la entrada al sistema de todos los ciudadanos. Estos CAPS se distribuirían por el territorio nacional (se estima que habrá 1 cada 20.000 personas) y, en el proyecto original, todos los colombianos se tendrían que inscribir a ellos y allí recibirían atención básica. Pero a los partidos no les suena mucho esa idea, pues creen que va en contra de la “libre elección” de las entidades de salud donde quieren recibir servicios.
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La ministra Corcho y el gobierno han defendido que en el actual sistema esa libre elección está muy condicionada. De hecho, en su proyecto explican que “las crisis sistemáticas de EPS no dan libertad de elección, sino de asignar a los usuarios a quien esté en capacidad”. Para el gobierno esa libertad también está limitada “por oferta y por los contratos de la red, en especial cuando hay integración vertical”.
Para los partidos, sin embargo, no estaba claro que ese principio se mantuviera. Por ello, incluyen un extenso apartado en el que especifican que cuando la persona ingrese a los CAPS, se podrá elegir el profesional de atención, que se respeta la portabilidad entre barrios, localidades, municipios y departamentos (es decir, que una persona tiene garantizado su atención en salud en esos espacios); y que habrá libre elección en la prestación de la red de urgencias.
En el borrador de trabajo de los partidos y el gobierno se establece que, sin perjuicio de la adscripción a un Centro de Atención Primaria en Salud-CAPS, las personas podrán acceder a la consulta médica cerca del sitio de trabajo, dentro de la oferta de CAPS disponible del agente público, privado o mixto responsable de la gestión de sus riesgos de salud y financiero.
A pesar de esto, no está claro que todo esto haya convencido al expresidente Cesar Gaviria. Durante la tarde de este martes, los tres partidos se reunirán de nuevo para resolver la dudas del jefe liberal y decidir si, finalmente, la reforma a la salud es presentada por una coalición que asegure su tránsito por el Congreso. Si hay luz verde, los ponentes esperan presentar un documento entre esta semana y la siguiente.
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