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Hace mucho que la realidad laboral en Colombia dejó de ser la misma a la del siglo pasado. Las tecnologías, por ejemplo, han planteado nuevas formas para ejercer un trabajo, como lo puede ser el trabajo en casa, el teletrabajo o el trabajo en aplicaciones.
Con la intención de actualizar este marco normativo, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo vigente tiene más de 60 años, el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso su proyecto de reforma laboral “Trabajo por el cambio”, el cual es un documento de 41 páginas con 76 artículos, en donde se dedicó un capítulo completo al trabajo en las plataformas digitales de reparto.
Lo que para algunos es una oportunidad para poner a tono la regulación laboral colombiana con estas nuevas realidades, ha sido calificado por el sector como un potencial retroceso que desconoce la manera como funcionan las plataformas, así como la forma en la que trabajan sus repartidores.
Esa es la premisa que sostiene Matías Laks, quien es el mánager general de Rappi en Colombia. Según él, si pasa en limpio esta propuesta sería como retroceder 15 años, y el país volvería a un escenario en donde no solo las plataformas perderían, sino también sus repartidores.
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“Hace 15 años era difícil pedir domicilios. La oferta que había era siempre pollo, pizza y nada más. A diferencia de hoy, uno puede pedir en cualquier restaurante y hasta hacer mercado”, asegura, al agregar que hoy la autonomía que permiten este tipo de trabajos posibilitan a una persona conectarse las horas y los días que quiera, lo que brinda flexibilidad para atender otras ocupaciones, o generar ingresos extras que complementan a los que ya recibe un trabajador en el país.
Pero, al mismo tiempo, lo que las apps describen como flexibilidad ha sido descrita por algunos críticos y analistas como precarización laboral, pues se trabaja sin contratos que brinden las protecciones de un trabajo formal, por ejemplo.
En la visión del Gobierno, el proyecto de ley que presentó al Congreso busca corregir este tipo de aspectos.
¿La reforma es como la pintan?
Lo que plantea la reforma es que los trabajadores que laboran en plataformas digitales de reparto o entrega sean vinculados mediante un contrato de trabajo, además de gozar de todos los derechos y garantías, como lo es cobertura en salud, riesgos laborales, pensión, vacaciones, cesantías, caja de compensación familiar y otros beneficios que acompañan a la formalidad.
Para muchos suena necesario y justo que estos trabajadores puedan gozar de los mismos beneficios que tendría cualquier otro que se encuentra en la formalidad. Sin embargo, las dinámicas propias de este tipo de plataformas harían que este modelo de contratación resulte inviable, según estas empresas.
Como lo explica José Daniel López (quien es el director ejecutivo de Alianza In, que es la agremiación de este tipo de plataformas en Colombia), el grueso de los repartidores labora en estas plataformas por las facilidades que permiten, como lo es conectarse en cualquier momento y lugar. Con un contrato de trabajo esto no sería posible, pues los repartidores se verían obligados a cumplir jornadas de ocho horas al día, argumenta López.
Lo segundo es que al reducirse sustancialmente la disponibilidad de repartidores (Rappi dice que el 90 %, de unos 150.000, dejaría de trabajar con su plataforma), el modelo de negocio comenzaría a ser inviable, lo que los podría llevar a cerrar operaciones en las ciudades en las que no se evidencie una demanda significativa. Esto a su vez, dicen las empresas, podría impactar a los cerca de 60.000 comercios aliados.
El vocero de Rappi añade que para los repartidores tampoco sería conveniente pasar de ganar cerca de $11.000 la hora a poco más de $4.800, que es lo que reconoce el salario mínimo en el país.
Pero quienes ven bondades en la reforma reconocen también que el trabajador comenzaría a ganar en beneficios sociales, como aseguramiento a salud y cotización a pensiones, como lo hacen el resto de trabajadores formales en Colombia.
Subordinación laboral: la clave del debate
El tema de fondo es la subordinación laboral, es decir, el control que tiene un empleador sobre un empleado en materia de hora, lugar y tipo de labores que debe hacer el trabajador. Ese es el modelo que quiere implementar la reforma, pues la normativa exige que cuando se evidencia una subordinación, el trabajador debe recibir todos los beneficios anteriormente descritos.
El problema, según lo descrito por algunas plataformas es que para que este tipo de negocios funcionen no debería existir una subordinación laboral, sino más bien permitir que los trabajadores gocen de autonomía, es decir, que ellos mismos decidan cuándo, dónde y cómo trabajar, así como determinar parte de sus ingresos, con base en sus labores.
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Sin embargo, lo que reconocen varios repartidores es que, aunque la aplicación los reconoce como autónomos, en la práctica sí existe subordinación laboral, pues el sistema con el cual funciona determinada plataforma puede premiarlos o castigarlos dependiendo de si aceptan o no los pedidos, si se conectan a horas determinadas o si laboran en ciertas zonas de la ciudad.
Y esto es un factor determinante a la hora de decidir si alguien trabajó, cómo y cuándo. Subordinación, quizá no ejercida por mano de un jefe humano, pero sí bajo las reglas que condicionan el trabajo.
Sin embargo, y según lo que dijo en Blu Radio Álvaro Velasco (el representante de los rappitenderos no sindicalizados), algunos repartidores también reconocen que la reforma que propone el gobierno de Gustavo Petro los podría afectar directamente.
“Realmente nos está afectando. Hoy Rappi es la aplicación que más genera empleo, puede ser lo que sea, pero está generando trabajo a 150.000 familias tanto extranjeras como colombianas”, dijo.
Ahora bien, también hay plataformas que no riñen con la propuesta. Tal es el caso de Tu Orden. El CEO de esta empresa, Gabriel Calderón, considera que la propuesta del gobierno dignifica la labor domiciliario y da garantías tanto para él como para su familia.
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“El trabajo de domiciliario siempre ha existido, también con horarios flexibles para estudiantes y personas que tienen otro trabajo. Las empresas siempre los han contratado con todas las prestaciones, miren el ejemplo de Frisby, Domino’s, Crepes entre otros… No entiendo por qué ahora tiene que ser diferente y quitarles las garantías de un empleo formal, sólo porque a alguien no le den los números para tener una empresa en el sector real. No hay razón para quitarles los derechos que le pertenecen. Si es así, el resto de empresarios empezaría a hacer la misma práctica”, dijo el ejecutivo.
Calderón también cree que esta propuesta de formalización no necesariamente amenaza a las plataformas, teniendo en cuenta las comisiones que cobran por el servicio, así como los ingresos que les representa la publicidad y otros servicios que ofrecen en su línea de negocio.
La propuesta que se sostiene desde Alianza In es que todos los repartidores queden cubiertos con seguridad social, así como una concurrencia entre plataformas y repartidores para el pago de salud y pensión. Quienes ganen más de un salario mínimo al mes gozarían de pago de riesgos laborales con el cargo en un 100 % por la plataforma; mientras que los que devenguen menos tendrían cobertura de un seguro de accidentes.
“No estamos abogando por un statu quo, sino poniendo sobre la mesa una fórmula de formalización y regulación de los trabajadores manteniendo la viabilidad de este sector de la economía nacional”, resalta López.
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