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La hoguera indígena en el Parque Nacional sigue viva, aunque esta vez se espera que sea por poco tiempo. Tras 200 días de ocupación, está en marcha el traslado de los núcleos familiares de 14 poblaciones a albergues temporales, gracias al acuerdo al que llegaron las comunidades y el Distrito, para poner fin a una situación que cada día se hacía más compleja.
Su lugar de estadía transitorio, mientras se llega a una solución definitiva, serán casas de redes de apoyo ubicadas en el sur de la ciudad. Con esto se pone fin a ocho meses de penurias, en los que fallecieron 10 personas, entre ellos niños y madres gestantes. Esto, sin contar las decenas de niños hospitalizados o en manos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).
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Ahora “la gente se está yendo a casas con personas de los mismos pueblos y familias. El paso se dio luego de analizar las condiciones en las que estuvimos en estos casi ocho meses y, en especial, los niños, que se nos enfermaron tanto”, afirmó María Violeth Medina, defensora de DD. HH del pueblo nasa.
La desocupación del Parque Nacional esperan concluirla este sábado. Mientras tanto, el Distrito les suministrará alimentación a las familias. A partir de esa fecha, la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior contará con 20 días para organizar los retornos de las comunidades a sus territorios. Sin embargo, no todos regresarán. La mitad permanecerá en la ciudad por decisión propia.
Los acuerdos
Por meses, el cuello de botella de la discusión fue el sitio de reubicación provisional. La mayoría rechazaba el traslado a la UPI de la Florida, por considerar que no ofrecía condiciones de vida digna. Pero al abrir otras posibilidades, como los albergues, se superó el escollo en la última mesa de diálogo, con lo que todo empezó a fluir.
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Así lo relató Horacio Guerrero, asesor de la Secretaría de Gobierno en asuntos étnicos, quien reiteró que los reclamos de los emberas, que los llevaron a asentarse en el Parque Nacional, es claro que tienen relación con las afectaciones que han sufrido tras 20 años de conflicto armado. No obstante, como son difíciles de solucionar en el corto plazo, “de momento nos toca buscar que tengan buenas condiciones de vida”.
De manera general, las soluciones pactadas no se concentran solo en el traslado. Detrás está un plan de choque para la reivindicación de los derechos indígenas, su participación en la política pública indígena, más espacios de participación y el apoyo para los traslados dentro y fuera de la ciudad.
Traslado o reubicación
La actual situación plantea dos opciones: la reubicación en la ciudad o el traslado a sus territorios. Por meses, el Distrito aseguró que solo era posible el retorno, para garantizar su reparación como víctimas. Pero tras el último diálogo, flexibilizó su posición y ahora contempla oportunidades para las comunidades que llegaron desplazadas y que quieran quedarse e integrarse a la vida urbana.
Este es el caso de los miembros de las comunidades nasas, de los cuales 8 % de su población llegó a asentarse en el Parque Nacional, lejos de sus territorios en el departamento del Cauca, donde aseguran no hay tierras ni garantías de seguridad. “Le pedimos al Distrito ofertas laborales en sitios como el Jardín Botánico o en el Acueducto de Bogotá, por ejemplo, porque sabemos que no toda nuestra población es estudiada”, expresó Violeth Medina, lideresa del pueblo nasa.
Frente a esto, la Secretaría de Gobierno indicó que la solicitud de cómo podría tener solución está en el artículo 66 del Plan de Desarrollo, que indica que todos los proyectos, programas y actividades del Distrito se acuerden con las autoridades étnicas.
“Hay que buscar una salida para que ellos puedan vivir dignamente y solo que dependan de un subsidio. Lo que acordamos fue definir planes en unos cinco emprendimientos, para que ellos puedan articularse con la economía social y cultural de la capital”, agregó Horacio Guerrero, asesor de la Secretaría de Gobierno.
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En ese sentido, el Distrito apunta a un “reajuste institucional” para atender integralmente a la población no solo indígena, sino afrocolombiana, raizal, ROM y palanquera, debido a que las políticas actuales tienen más de 10 años. La idea es hacer una reforma, que los cobije a todos.
Y para evitar que situaciones como las del Parque del Tercer Milenio o el Parque Nacional se repitan, la idea es establecer planes de atención teniendo en cuenta dos situaciones: las comunidades étnicas que se han integrado a la dinámica de la ciudad y las que llegan desplazadas por la violencia. Para ellas ofrecerán atención durante los primeros seis meses, a través de la Alta Consejería de Víctimas del Distrito.
Reparación
Tras el largo asentamiento, el parque también se vio afectado. Por eso, en los próximos días se realizará la limpieza y adecuación para el uso del público, así como labores de recuperación en el río Arzobispo, que fue la fuente de agua para las comunidades durante este tiempo. Por su parte, las comunidades indicaron que harán una actividad de limpieza y armonización del lugar que ocuparon.
“Esperamos entregar el parque, hacer una minga de limpieza y un acto simbólico de cierre por las vidas que perdimos allí. Queremos poner unas lápidas de los bebés que fallecieron y entregar el parque”, señaló una de las lideresas indígenas.
La solución está en marcha y los compromisos firmados. Lo que se espera es que a partir de esta experiencia y las soluciones que se plantearon, estas sirvan de base para resolver a tiempo situaciones de crisis como estas. Si lo logra, la ciudad y sus autoridades podrán con el reto de Bogotá como epicentro de la recepción de víctimas del conflicto armado y cumplir la promesa de la administración actual de ser “epicentro de la paz”.
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Por Fernán Fortich
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