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“Además de ser víctimas del conflicto armado, compartimos el sentimiento de injusticia y exclusión por la decisión de la JEP de limitar nuestra participación en la audiencia de reconocimiento”. En esos términos, 21 víctimas de secuestro le exigieron con una tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les permita participar de las audiencias en las que el secretariado de las extintas Farc tendrán que pedir perdón por los miles de retenciones ilegales que cometieron en la guerra. Son víctimas que están acreditadas en el caso, que han participado de todo el proceso del macrocaso de secuestro, pero que se quedaron por fuera, sin mayor explicación.
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Las audiencias de reconocimiento son un paso obligatorio del proceso que se surte en la JEP. En la primera de ellas, que tuvo lugar a finales de abril en Ocaña (Norte de Santander), una docena de militares reconocieron que asesinaron a civiles y les pidieron perdón a sus familiares. Desde el 31 de mayo, lo mismo tendrá que hacer el secretariado de las extintas Farc en una diligencia en Bogotá, según ordenó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Si bien la jurisdicción escogió a 27 víctimas para participar de ese espacio, a juicio de las víctimas demandantes, se emplearon “mecanismos de selección excluyentes, discriminatorios y sin sustento legal”.
Entre los argumentos que les han dado está, por ejemplo, que hay restricciones de aforo o que en el macrocaso 01, en el que se investiga el secuestro, hay muchas víctimas. En la demanda, que tendrá que ser revisada por los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP, dejan claro: son apenas 21 víctimas, de las 2.950 que hay en todo el caso. Es decir, sumadas a las 27 que ya la Sala de Reconocimiento citó a las audiencias, no sumarían ni el 2% de todas las víctimas del caso. Entre ellas hay militares que fueron secuestrados y familiares de desaparecidos, en hechos que el secretariado de las extintas Farc ya aceptó haber cometido.
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En la tutela que interpusieron las 21 víctimas de secuestro, entre otras cosas, piden que se reconozca su derecho a la igualdad con las víctimas de falsos positivos. Explican que, para las audiencias de Catatumbo, participaron 72 víctimas que escogieron a su vez a sus voceros, “todo esto sin que el despacho le haya negado la participación a ninguna víctima que lo haya solicitado”. En contraste, a los que demandaron los dejaron por fuera del acto de reconocimiento en Bogotá “lo cual genera un trato discriminatorio para nosotros las víctimas del caso 01, al no permitirnos participar, habiendo manifestado nuestro deseo expreso de hacerlo”, reza la tutela.
La Sala de Reconocimiento de Verdad escogió a las víctimas que van a participar de las audiencias que iniciarán el próximo 31 de mayo con una metodología particular: tenían que haber presentado informes ante la JEP, observaciones a los testimonios (versiones voluntarias) de los miembros del exsecretariado de las Farc, así como la voluntad de participar, el tiempo, estar vacunados contra el COVID-19, ser de diversas regiones y sectores y que sus casos ilustren “la gravedad y diversidad de los hechos y conductas”. Los demandantes aseguran que cumplían con todos estos requisitos y, aun así, los magistrados los excluyeron.
Aunque los abogados de las víctimas interpusieron un recurso contra la decisión de la Sala, buscando que los hicieran parte de la audiencia, les fue negado. Luego de ires y venires, reuniones, listados y comunicaciones, la JEP les informó al grupo de víctimas que no serían tenidas en cuenta para la audiencia. “Frente a la imposibilidad de que la Sala de Reconocimiento de Verdad tenga en cuenta nuestros intereses y reconsidere su decisión que a nuestro parecer resulta arbitraria; decidimos unirnos para realizar la presente acción de tutela”, escribieron.
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Por ahora, la tutela surte su trámite al interior de la JEP. Como las víctimas demandantes piden que se le ordene a la Sala de Reconocimiento de Verdad incluirlas en la audiencia que ya inicia en las próximas semanas, al interior de la jurisdicción temen que esto signifique que deban reprogramar la audiencia. Pero en últimas, como señalaron en la tutela, la justicia creada con el Acuerdo de Paz, “generó una acción con daño al excluir a varias víctimas y afectar su confianza y esperanza en el proceso de la jurisdicción”.
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