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El asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, en la isla de Barú, generó gran revuelo en todo el continente. Además del grave hecho contra el funcionario que adelantaba importantes casos contra las mafias en su país, también llamó la atención un hecho que rodeó la escena del crimen: que los sicarios que lo atacaron iban en un jet ski o moto acuática. El Espectador se contactó con varias fuentes de la Fuerza Pública especializadas en crimen organizado y narcotráfico, que señalaron que este tipo de crímenes, a bordo de vehículos acuáticos, no tienen precedentes en Colombia.
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Sin embargo, dos fuentes, una de inteligencia policial y otra de la Armada, aseguraron que esta clase de crímenes se han perpetrado en México durante los últimos años en medio de las disputas entre carteles de ese país. “Sí había escuchado casos en México, pero aquí no. Recuerdo que un colega de la Armada mexicana contaba que allá hubo casos porque se mata a la víctima en un lugar en el que cree que está seguro. También porque huir es más fácil para los criminales y reaccionar a ese tipo de hechos es más difícil para las autoridades. Se vuelan más rápido”, dijo un alto oficial de la Armada.
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Sobre el caso Pecci todavía no hay mayores detalles. La Policía difundió una imagen y un retrato hablado de uno de los presuntos responsables del crimen, quien al parecer estuvo en el momento en que se alquiló la moto acuática que transportó a los sicarios. Durante una rueda de prensa, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció una recompensa de $2.000 millones a personas que entreguen información y oficiales de la Policía viajaron a Paraguay para intercambiar información para dar con la captura de los asesinos de Pecci.
Los ataques en jet ski
Uno de los primeros casos reportados en México se produjo en el estado de Guerrero en 2016. En ese momento, la Policía informó que en el puerto de Acapulco fue asesinado un vendedor de playa por dos hombres que se movilizaban en un jet ski. En los últimos meses, también en las playas turísticas del estado de Quintana Roo, se presentaron homicidios de este tipo. El que más causó revuelo fue el del empresario argentino Federico Mazzoni, en enero de 2022. Este hombre era conocido en el municipio de Playa del Carmen por ser el gerente del conocido Mamita’s Beach Club y por tener buenas relaciones en la industria turística.
Versiones preliminares indican que dos sujetos llegaron hasta el interior de las instalaciones del club, abordaron a Mazzoni cerca de un baño e instantes después uno de ellos le disparó a quemarropa en dos ocasiones. El asesinato del ciudadano argentino se produjo después de un ataque, sin heridos ni muertos, en una concurrida playa en Cancún, en diciembre de 2021. Además, meses antes de este hecho, dos vendedores locales fueron asesinados en Playa Tortuga, Cancún, y una mujer estadounidense resultó herida en el fuego cruzado. Todas las huidas se realizaron en estos vehículos acuáticos.
El portal periodístico especializado en crimen organizado Insight Crime señaló en febrero, pocos días después del asesinato del empresario Mazzoni, que “varios de estos asesinatos en motos acuáticas imitan la clásica estrategia terrestre, en tanto hay un atacante que dispara y un conductor que se moviliza en una motocicleta. Aunque en los ataques por agua los sicarios se ven obligados a bajarse y llegar hasta la orilla, cuentan con la misma rapidez de un ataque en motocicleta, con el beneficio adicional de que la policía queda en la orilla”.
Aunque Pecci adelantaba procesos contra carteles de la droga, al parecer ninguno de sus casos tenía relaciones, que se sepa por ahora, con grupos criminales mexicanos. Las versiones sobre quién pudo ordenar su asesinato se analizan alrededor de los espinosos expedientes que manejaba en Paraguay. El Tiempo asegura que autoridades de Estados Unidos tienen indicios de que el crimen podría estar relacionado con la reciente extradición de un hombre vinculado al grupo terrorista Hezbolá, organización “que está hace tiempo en la región y en Colombia hay una célula”.
Aunque aún no hay capturas, el general Vargas aseguró que se tienen más de 100 pruebas y que se están entrevistando múltiples personas que estaban en el lugar de los hechos, entre las que habría individuos de otras nacionalidades. “Hay ciudadanos extranjeros que han salido de Cartagena y son requeridos, para que nos amplíen información de lo que pasó”, contó el director de la Policía. Lo que sí ha quedado claro, por ahora, es que fue un crimen planeado y que detrás hay una organización criminal poderosa y acaudalada, aunque todavía no se conozca cuál.
Por David Escobar Moreno
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