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Comienza la cuenta regresiva para conocer el futuro del relleno Doña Juana y, de paso, del modelo de disposición final de casi siete millones de toneladas de basura que a diario produce la ciudad. Para el 11 de abril, a las 4:00 p.m., está prevista la lectura del fallo arbitral que pondrá fin al largo pleito que libran el Distrito (a través de la Uaesp) y CGR, actual operador del relleno. En la decisión no influirán procesos penales y civiles en trámite, en los que están involucrados sus protagonistas.
Las partes en disputa denunciaron incumplimientos del contrato de concesión, adjudicado en 2010. El pleito se resume así: CGR pretende que le reconozcan un ajuste tarifario, de forma retroactiva, por las inversiones que ha hecho en la concesión en 12 años de labores, alegando que la remuneración era insuficiente. Por su parte, el Distrito pide decidir sobre el plazo del contrato, el incumplimiento de la optimización de la planta de lixiviados y la terminación de la concesión. Las pretensiones son claras: el Distrito quiere recuperar el manejo del relleno y el operador seguir al frente y, de paso, recibir una indemnización de $1,2 billones, a cargo de los bogotanos.
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Los responsables de analizar las pruebas son los prestigiosos abogados Luis Arturo de Brigard, Rodrigo Antonio Durán y Alberto Yepes, quienes aplazaron la fecha de lectura, prevista para este 30 de marzo. Aunque los juristas tienen como fecha límite el 25 de abril para pronunciarse, su plan es dar a conocer la decisión el martes, después de Semana Santa. Y mientras se llega el día de su pronunciamiento, en la ciudad crece la tensión. En especial por las advertencias que acaba de hacer la Veeduría Distrital sobre lo catastrófico que sería un fallo adverso para Bogotá.
La principal: se tendría que pagar la billonaria suma que reclama CGR, como reajuste retroactivo de la remuneración. “Alega insuficiencia financiera, pese a que en el contrato tenía la responsabilidad de haber evitado y gestionado a tiempo ante la CRA la modificación de la remuneración”, dice. Como efecto colateral, explica, estaría el golpe a las finanzas del Distrito y un posible aumento en las tarifas a los ciudadanos, abriendo de paso la puerta a una posible ampliación por 15 años de la concesión.
Todo esto generando mayor incertidumbre sobre el futuro de la disposición de basuras, en medio de un servicio de baja calidad, con consecuencias ambientales. “En definitiva, lo único que se requiere de quienes están llamados a administrar justicia en el caso de Doña Juana es que emitan un fallo justo, en línea con los derechos, deberes y riesgos asumidos por cada una de las partes”, concluyó la veedora distrital, Viviana Barberena.
Las partes
El Distrito fue más allá. En una presentación elaborada con motivo de la citación que tuvo la alcaldesa Claudia López en la Comisión V del Senado, para hablar sobre la demanda, señalaron que “CGR pretende cobrar una indemnización como si hubiese cumplido con el contrato y como si la planta de lixiviados tratara y cumpliera las normas ambientales, algo que no está haciendo, como quedó en evidencia en el laudo de 2018”.
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Agregaron que un fallo adverso sería permitir que el concesionario siguiera incumpliendo las normas ambientales, con los impactos negativos para la ciudad, así como el contrato. Además, “sentaría un precedente arbitral sobre la posibilidad de asumir competencias que son del ente regulador. El otorgar una indemnización, sin sustento y con efectos retroactivos por obras que no han realizado, sería reabrir una discusión resuelta por un tribunal anterior”.
Por ahora el Distrito tiene a favor un pronunciamiento de la Procuraduría, que pidió a los árbitros negar las peticiones de CGR, por cuanto no es posible aplicar de forma retroactiva los componentes tarifarios. “El contratista conocía las condiciones del contrato en cuanto a la remuneración y obligaciones, sin que exista prueba de que se le haya ocultado información”. En consecuencia, pidió conceder las peticiones de la Uaesp y, ante el incumplimiento del operador, dar por terminado el contrato.
La alcaldía es optimista. “La defensa estuvo orientada a demostrar que no hubo insuficiencia tarifaria, razón por la cual esperamos que el tribunal no acceda a las pretensiones de CGR. Consideramos que el tribunal no es competente para pronunciarse en temas de tarifas, ya que es competencia de la CRA. En ese orden de ideas esperamos que el tribunal no acceda a las pretensiones del operador y haga cumplir el contrato y el laudo que la Uaesp ganó en 2018 y que CGR no ha cumplido”, indicó William Mendieta, secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá.
A favor de CGR existe un dictamen pericial, emitido por Andrés Escobar Arango, reconocido economista de la Universidad de los Andes, y quien actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá. A pesar de su relación con una de las empresas donde el Distrito es accionista mayoritario, no existe inhabilidad ni incompatibilidad, pues Escobar llego a la junta por las empresas privadas.CGR, por su parte, expresó que prefería no pronunciarse, al ser respetuosos de las decisiones judiciales y de la separación de poderes, y que acatarán la decisión de los jueces del tribunal de arbitramento.
Y agregó, en todo caso, que hay importantes avances en la optimización de la planta de lixiviados del relleno, proceso en el cual se han integrado tecnologías de ósmosis inversa, ultrafiltración y nano filtración. “Finalmente, queremos informar que es falso que el resultado del tribunal supondrá un incremento de las tarifas del servicio de aseo, pues una decisión judicial no se puede trasladar a los usuarios. En virtud de las previsiones legales, para esos procesos existe un fondo de contingencia”.
Vale recordar que, de manera paralela al laudo arbitral, este choque ha derivado en procesos penales, como el que enfrenta Mauricio Bernal Marcucci, presidente y representante legal de CGR, o el que enfrenta Luz Amanda Camacho, exdirectora de la Uaesp, así como el litigio que tiene la multinacional española Valtalia Investments con la firma USA Global Market, hoy propietaria del 23,6 % de CGR.
En medio de todo esto, ¿cómo actuarán los árbitros? El experto en aseo Ricardo Felipe Herrera tiene su opinión: “Ellos no discutirán sobre la conveniencia o inconveniencia de una condena en favor o en contra de cualquiera de las partes. Tampoco si ellas han tenido o tendrán otros pleitos entre sí. Mucho menos si el concesionario tiene otros pleitos con terceros o incluso internamente. Nada de eso es parte del contenido de un tribunal de arbitramento de esta naturaleza. Los árbitros se centrarán en analizar en derecho los argumentos de las partes y en valorar las pruebas allegadas al proceso. Así definirán si las pretensiones de CGR tienen asidero o si las excepciones de la Uaesp son las que lo están”.
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