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Las crudas imágenes de miles de hombres rapados, hacinados y con el torso desnudo en mega cárceles de El Salvador que le han dado la vuelta al mundo no pasaron desapercibidas para el máximo órgano de defensa de derechos humanos del mundo. Este martes, en la sala de prensa de la librería del Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), Marta Hurtado, portavoz de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, alertó sobre las medidas que ha adoptado el gobierno de Nayib Bukele en el último año, luego de decretar el estado de emergencia, y pidió una visita a su país para verificar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad.
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En diálogo con El Espectador, Hurtado aseguró que esas imágenes “son sorprendentes y chocantes” y que, además, tienen serias dudas sobre el acceso que tienen los presos a agua y comida suficiente, así como la información que tienen sobre que las familias y no el Estado deben pagar por su sostenimiento. “La información que tenemos es preocupante e indica que podría haber al menos maltrato, porque no se cumplen los requisitos que la legislación internacional establece para el trato a los presos”, mencionó Hurtado.
Durante la rueda de prensa, Hurtado también detalló con inquietud que el estado de emergencia cumplió ayer un año y se renovó sin mayores consideraciones. “Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las bandas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, mencionó Hurtado y dio una cifra en sí misma alarmante: en el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas en El Salvador.
Para la Oficina del Alto Comisionad para los DD. HH. algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de menores, “pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas, basadas en perfiles burdos del aspecto físico o los antecedentes sociales de los detenidos”. Pero “resulta especialmente preocupante” que luego de un año del estado de excepción que da poderes de detención ilimitados a las autoridades de este país, 90 personas hayan muerto, presuntamente, privadas de la libertad, y que sólo se disponga de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes.
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Además, según la portavoz, las condiciones en los lugares de detención, a menudo hacinados, también son muy preocupantes. “Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita. También ha habido informes sobre otras formas de malos tratos. Los Estados tienen la obligación especial de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, señaló Hurtado.
Adicionalmente, pidió a las autoridades de El Salvador que “garanticen que no se detenga a personas sin autorización legal suficiente y que velen porque las personas detenidas gocen de todas las garantías fundamentales que exige el derecho internacional de los derechos humanos”. Así como pidió a las autoridades del gobierno Bukele que permitan a esta oficina de DD. HH. acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que puedan realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión.
En El Salvador, la ONU DD. HH., a través de su oficina en Panamá, ha recogido hasta la fecha unas 7.900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra presos. Por eso, Hurtado recordó al gobierno de Bukele que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”, y exhortó para que se respeten las garantías procesales del derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, la presunción de inocencia y otras garantías procesales como “una obligación internacional incluso durante los estados de excepción declarados”.
Marta Hurtado le explicó a este diario que el estado de emergencia permite detenciones de personas solo en función de cómo visten o cómo lucen y que esa detención a veces es arbitraria, sin justificación, y sin informar a la persona de por qué se le detuvo. Después, las personas son recluidas en unas cárceles en las que “parece que no se cumplen los requisitos de respeto a los derechos humanos”.
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Ante la pregunta de si cree que hay voluntad de las autoridades de este país para permitir el escrutinio internacional para verificar esta situación, Hurtado mencionó que “hasta ahora no ha sido suficiente (la voluntad de las autoridades) y que hay muy poca información oficial disponible”.
Hurtado finalmente exhortó al gobierno de Bukele para que encuentre soluciones más sostenibles para la inseguridad y la delincuencia que azota al país, porque al no abordar las causas profundas de la violencia de las bandas en El Salvador, como son las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales, las cárceles se ven repletas pero la realidad poco cambia a largo plazo.
*Enviada especial a Ginebra, Suiza.
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Por Natalia Herrera Durán
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