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Si las altas cortes le dicen no a la consulta popular por decreto y el Congreso hace lo mismo con la llamada consulta 2.0, el presidente Gustavo Petro le pedirá al pueblo, o al menos a sus bases progresistas, que reclamen los cambios a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el reto que esta semana les planteó el mandatario a quienes se han opuesto a su agenda. Aunque para muchos se trata de una amenaza más a los otros poderes o un “globo” para presionar al Congreso, lo cierto es que en la Casa de Nariño y otros despachos del Ejecutivo llevan varios meses analizando las opciones para poner en marcha esa táctica.
La confirmación del presidente se dio en un escenario cargado de símbolos, como ha sido usual durante su administración. En Cali, la misma ciudad que lo escuchó en marzo de 2024 plantear por primera vez la constituyente y que fue uno de los principales focos del estallido social de 2021, Petro reunió a organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afros y varias más para anunciar que, si les “hunden todo”, procede utilizar todos los instrumentos que estén a la mano, entre estos el de cambiar la Constitución de 1991.
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Esa misma carta magna establece que el primer paso para la constituyente es que el Senado y la Cámara aprueben una ley para consultarle a los colombianos la idea; luego, si hay luz verde, el presidente debe sancionarla y enviarla a la Corte Constitucional para su revisión. Si el tribunal da el visto bueno, la convocatoria debería realizarse entre los 2 y 6 meses siguientes y luego ser aprobada por al menos una tercera parte del censo electoral; es decir, más de 13 millones de personas. Si se logran esos números, se conformaría la asamblea, se suspenderían las facultades del Congreso y se debatiría el contenido de la nueva Constitución.
Sin embargo, todo indica que la estrategia del Gobierno implicaría una suerte de atajo que, al menos según lo dicho por el jefe de Estado y varios de sus funcionarios, contempla saltarse al Congreso. Son dos los alfiles de Petro que están detrás de esa movida: el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el de Justicia, Eduardo Montealegre. Fueron ellos quienes, tras varias semanas de llamadas y reuniones en el palacio presidencial, concretaron el famoso decretazo que, hasta ahora, sin los pronunciamientos de la Registraduría y los tribunales, agendó un llamado a urnas para el próximo 7 de agosto, la misma fecha en la que iniciará el último año del actual mandatario en el poder.
Según Montealegre, también exfiscal general, la receta que se está cocinando parte de una “tesis audaz” para, como le dijo a El Espectador, “crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social”, pues, explicó, el presidente está “bloqueado institucionalmente por unas mayorías en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”. El camino que tomaría el oficialismo es recoger las firmas del 20 % del censo electoral, algo así como 8 millones, para hacer que el proyecto de ley de convocatoria sea “vinculante” para el Congreso y que así no pueda negar la constituyente o incluso vaya directamente a la Corte Constitucional.
En las charlas entre el presidente y sus ministros, junto a otros asesores y juristas, varios de ellos vinculados al Ejecutivo con contratos, se habló de revestir a esta estrategia con el llamado “poder popular”; es decir que, al igual que como ocurre con la mayoría de manifestaciones en favor del Gobierno, sean las bases sociales las que lideren la apuesta, en este caso de recoger firmas y tramitar la eventual constituyente. De hecho, el mandatario fue enfático en que no buscaría beneficiarse y descartó un intento de reelección, justo cuando en la Plaza de San Francisco, en Cali, varios de sus seguidores defendían esa vía.
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En el petrismo ya cerraron filas para defender la propuesta. “Es legítimo que un gobierno demócrata como el del Pacto Histórico hable de convocar a una asamblea constituyente o a cualquier otro mecanismo de participación de democracia directa, pero a algunos congresistas les parece una locura (…) Una constituyente no es un caos, es una herramienta constitucional. Negarse siquiera a debatirla refleja un miedo profundo a que las mayorías hablen”, aseguró Heráclito Landinez, representante a la Cámara de la bancada oficialista.
De hecho, este sector que respalda al gobierno Petro ya formalizó ante el Consejo Nacional Electoral su apuesta de ser un partido unitario, pues este viernes los voceros de Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano radicaron la solicitud de convertirse en una sola colectividad. Según voces de la misma coalición, esta es la carta que complementa la movida de la consulta y las reformas para reforzar la apuesta de la izquierda en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Sin embargo, la oposición y otros sectores también se irán lanza en ristre contra las jugadas del Gobierno. En esa esquina, el camino es el de la lluvia de demandas contra los decretos del presidente, pues de hecho ya hay varias contra el de la consulta popular en el Consejo de Estado. Por otra parte, el bloque de partidos que se ha opuesto a las iniciativas de corte oficialista prepara una receta similar a la de Petro, pues ya le pidieron al registrador nacional, Hernán Penagos, aplicar la excepción de inconstitucionalidad y no convocar la consulta, con la cual usan el mismo argumento de la Casa de Nariño para el llamado a urnas. Este viernes llegó al despacho de Penagos el decreto y hay expectativa por su reacción.
Este sector también cuenta con varios juristas de peso que preparan posibles respuestas al decretazo y la constituyente. Alfonso Gómez Méndez, también exfiscal y exministro de Justicia, aseguró que no hay “atajos” para modificar la Constitución y que cualquier intento debe pasar por el Senado. “Es una idea descabellada, no tiene sentido en la Colombia de hoy. La Constitución del 91, que tanto elogia el presidente de la República, tiene los mecanismos para convocar una constituyente, que no pueden ser por decreto”, explicó el jurista.
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Incluso la exministra de Justicia de la actual administración, Ángela María Buitrago, recordó que la constituyente solo puede darse por las vías establecidas por la norma y que, como van las cosas, será difícil que el tiempo alcance y lograr acuerdos en el Legislativo. “El convocar en estos momentos de crispación en el territorio nacional una constituyente, con la violencia que está presente en los territorios, no sabemos hacia dónde termine”, le dijo a Blu Radio.
Este camino de confrontación, al igual que en el de la consulta vía decreto, implica un choque de trenes en los tribunales, pues oposición e independientes aseguran que el Consejo de Estado deberá tumbar el acto administrativo y cerrar el debate, mientras que Petro y sus ministros creen que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, donde creen tener un mejor panorama. Sin embargo, este viernes se conoció que en ese despacho el decreto lo estudiará, por sorteo, el presidente y magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ha tenido duros encontronazos con el Gobierno y, además, tiene una ponencia que podría tumbar otra bandera del presidente: la reforma pensional que entrará en vigencia en poco más de dos semanas.
Pero el pulso no será únicamente en los escritorios, pues ambos bandos agitarán el llamado a las calles. Después de varios meses, la oposición saldrá a marchar este domingo, particularmente en rechazo al atentado contra Miguel Uribe, senador y precandidato del Centro Democrático. Y, por otro lado, el jefe de Estado ya invitó a un “gran plantón” que se llevará a cabo el lunes en la Plaza de Bolívar, justo cuando al frente, en el Capitolio, el Senado definirá el futuro de la reforma laboral. Según el presidente y algunos de sus simpatizantes, la corporación está aprobando una contrarreforma que le daría más razón a la consulta.
Con este marco, el Congreso, en su último año marcado por la contienda electoral, dejará de ser el escenario de discusión de los principales temas del país. Como lo contó este diario, varias bancadas no ven posible llegar a consensos sobre la reforma a la salud, los proyectos de educación, la ley de competencias, los servicios públicos y varios más. De hecho, hay expectativa por el cara a cara entre el presidente y los legisladores el próximo 20 de julio, en la instalación de la última legislatura.
Así, los caminos de la posible constituyente y el decretazo parecen conducir a más polarización e incluso dejan en stand by los buenos oficios de la Iglesia para intentar sentar, probablemente este lunes o martes, a todas las cabezas de la institucionalidad y alcanzar un diálogo encaminado en el respeto por la vida.
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