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Uno de los temas más gruesos que esquivó el presidente Gustavo Petro durante el reciente periplo de siete días por Estados Unidos fue su apuesta de paz total, lo que contrasta con la intención del Gobierno de volverlo un eje clave de la agenda política interna de los próximos meses. De hecho, como punto de partida para que este asunto incluso entre en la puja electoral por el poder en 2026, la Casa de Nariño acaba de elaborar un primer gran diagnóstico de fondo sobre cómo va la implementación de lo pactado con las extintas FARC durante la administración de Juan Manuel Santos.
El Espectador tuvo acceso a los documentos completos que consolidan el grueso de esa radiografía y allí, en más de 100 páginas, la administración Petro le da porcentajes de cumplimiento a la implementación de los seis puntos del acuerdo de 2016 y, de paso, reconoce una serie de pendientes por resolver que entran dentro su estrategia de revivir en su agenda política un asunto que el propio Santos cuestionó por lo atrasado que está.
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Y es precisamente en ese contexto que la agenda legislativa del Ejecutivo se está pacificando como parte del “plan de choque” para la implementación que viene liderando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el cual incluye el denominado acuerdo nacional; si nada cambia, el próximo 3 de octubre, como lo anticipó este diario, todo será socializado públicamente.
El dossier que elaboró la Casa de Nariño sobre el acuerdo de paz con las FARC, y que da la base para los anuncios que se avecinan, refleja importantes avances en la implementación y demoras urgentes que deben atenderse de inmediato.
Los porcentajes de Presidencia, que recogen análisis previos como un presentado en julio pasado, revelan que la reforma rural integral -que además es una de las políticas del corazón de Petro-, tiene un cumplimiento del 54,71 %; el punto de víctimas también muestra un porcentaje similar, del 54,4 %, siendo ambos los ejes más rezagados. Les siguen solución al problema de las drogas ilícitas (64,76 %), fin del conflicto (70,54 %) y verificación de la implementación (73,12 %).
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Pero más allá de esos números, definidos por criterios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Gobierno planteó lo que considera son las causas del incumplimiento, con el fin de delinear las estrategias que ya viene desplegando a nivel político.
Siendo fiel a su narrativa de poner el retrovisor en asuntos que presentan inconvenientes para justificar los visos de inactividad, el Gobierno puso la lupa en tres temas: la falta de plata para “atender todas las necesidades insatisfechas de la población priorizada”, la diversidad de “organizaciones alzadas en armas” que no firmaron el acuerdo en 2016 y “acciones débiles de implementación en el periodo 2018 – 2022 que desencadenaron en importantes rezagos”.
Aquí se enlaza otro apartado de la radiografía, que elaboró el Ministerio de Justicia y en el cual se señaló directamente al Congreso de parte de esos atrasos. Allí quedó consignado que eso se fundamenta en que el Capitolio no le dio trámite a iniciativas como la jurisdicción agraria, “a pesar de los ingentes esfuerzos de este Ministerio”, y al proyecto de tratamiento penal diferencial por delitos asociados a drogas.
Por ello y ante el rezago, agregó la Casa de Nariño en su evaluación, “decidimos emprender acciones urgentes, como lo fue la recuperación del espíritu del Acuerdo Final de Paz de 2016″.
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Esto incluye proponer, por ejemplo, que se amplíe por siete años más la vigencia de la implementación, que va hasta finalizar el periodo del próximo presidente en 2030. Además, darle más recursos al proceso modificando las vigencias futuras y el Plan Fiscal de Mediano Plazo, que es la hoja de ruta económica del Ejecutivo. Y también ajustar la distribución del Sistema General de Participaciones e impulsar la reforma agraria.
Ese mismo diagnóstico también lo planteó Petro en una de las tribunas más importantes donde ha hablado este año: el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 11 de julio.
Y el expresidente Santos, esta semana, hizo un nuevo llamado al Gobierno para evitar “peleas entre los poderes públicos y la polarización entre las personas o entre los partidos”, porque, a su juicio, “dificultan sobremanera el buen funcionamiento de las democracias”.
Por eso, buscando las coincidencias de los dos líderes políticos, en esta reciente radiografía del Ejecutivo de Petro sobre la paz de Santos, se resaltaron dos temas claves: la reforma agraria, que está en el corazón del progresismo, y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores de coca. A ellos se suma lo que dicen desde Presidencia sobre el funcionamiento de los OCAD Paz, para financiar los proyectos de campesinos en el marco del acuerdo y que ha estado rodeado en los últimos meses por los ruidos de posible corrupción.
Sobre los dos primeros, esta semana el Gobierno decidió pisar a fondo el acelerador impulsando su agenda legislativa para la paz. El pasado martes, radicó una nueva reforma política -la segunda de este Gobierno- con temas como la financiación pública de las campañas y el sostenimiento implícito de la personería de Comunes, partido que surgió tras el desarme de las FARC.
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Además, y como lo adelantó el ministro Cristo, en entrevista con El Espectador, se oficializó el respaldo del Gobierno a los proyectos para regular la protesta social y para darle un tratamiento diferencial a los pequeños cocaleros. A eso se suma la iniciativa para regular la jurisdicción agraria, el primer gran proyecto que el petrismo presentó ante el Legislativo en la actual legislatura.
“La Jurisdicción Agraria y Rural no ha terminado de ser establecida formalmente debido a que, al ser una iniciativa que requiere expedición por vía legislativa, depende del trámite ante el Congreso para su posterior sanción presidencial”, se afirmó en el aporte del Ministerio de Justicia.
Y sobre el tratamiento penal diferenciado, la cartera que lidera la ministra Ángela María Buitrago advirtió que, aunque se han hecho varios intentos, solo prosperó la ley 2292 de 2023, que establece un tratamiento diferencial a mujeres: “No hay norma que faculte el tratamiento penal diferencial para hombres condenados por el delito de conservación o financiación de plantaciones”.
De hecho, se insistió en que se evidencia “falta de trámite legislativo”, incluso a las iniciativas de congresistas de Comunes.
El despacho de Buitrago notificó que, sin ese tratamiento diferenciado, las “personas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, en desarrollo del Acuerdo Final de Paz, no cuentan con herramientas que brinden medidas alternativas al encarcelamiento”.
Pero en el Congreso, a donde también fue remitida esta radiografía oficialista, el futuro de la ley ordinaria que desarrolla la jurisdicción agraria tiene un futuro incierto, sobre el que también se cierne la pugnacidad entre Petro y el grueso del Capitolio, al que hace solo 15 días acusó de meterla “una puñalada trapera” por no validar sus iniciativas.
Y todo esto lo ha aprovechado la oposición, tanto del Centro Democrático como de Cambio Radical, que ven en el proyecto agrario el fantasma de la expropiación exprés. Esa figura, que acelera la adquisición de tierras por vía administrativa, fue tumbada del Plan Nacional de Desarrollo por la Corte Constitucional.
Pero en la radiografía petrista a la paz santista el tema se revivió. De hecho, dijo que para garantizar la implementación del acuerdo de 2016 se debe “impulsar la reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express (sic) de tierras, y una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos”.
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Otro punto en la evaluación tiene que ver con la plata que llega a los 170 municipios PDET. Se trata de un punto clave en la agenda de Cristo, quien llegó con la promesa de impulsar el acuerdo de paz y lleva dos meses en una correría por dichos municipios. Su intención, como se lo explicó a El Espectador en Mocoa (Putumayo), es destinar más de $2 billones para grandes obras priorizadas por las comunidades.
La ambición de Cristo no es poca. Para el 28 de noviembre próximo, cuando se cumplen ocho años de la refrendación que se hizo del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el ministro quiere que ya esté suscrita la mayoría de los grandes proyectos de inversiones en PDET, donde viven más de siete millones de personas. Esto es una movida que trasciende la implementación misma del pacto de La Habana.
La razón es que se trata de una estrategia con la que el Gobierno quiere mostrar que sí ejecuta, algo que le ha sido críticado a varios ministerios, como el de la Igualdad, que a la mitad de este año no había movido el 2 % de su presupuesto.
En efecto, desde el informe conocido por El Espectador, el gobierno Petro sacó pecho: “En este Gobierno, el OCAD Paz han aprobado 186 proyectos por $743 mil millones, en 21 departamentos, en sectores claves para el desarrollo como Transporte, Minas y Energía, y Vivienda, Ciudad y Territorio. De estos, 77 proyectos se encuentran localizados en 54 municipios PDET con una inversión de más de $400 mil millones”.
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A todo este panorama se suma que ya se encendieron los motores de la campaña electoral de 2026. Y aunque aún no se ha dado el banderazo de arranque, desde ya se puede ver que el tema de la paz tendrá un papel preponderante. Además de la implementación, el Gobierno de Petro ha tenido como foco la llamada paz total, que cada vez más tambalea por la falta de avances en procesos con las bandas armadas y por la suspensión de la mesa con el ELN, luego de que ese grupo perpetrara hace dos semanas un ataque terrorista en Arauca.
Que avance, entonces, la implementación, dependerá de la capacidad de negociación y diálogo del Gobierno con las otras ramas del poder. Pero el Legislativo ha dejado de caminarles a las iniciativas del Ejecutivo, entre otras, por las posiciones cada vez más duras del jefe de Estado, quien ha puesto el foco de sus dardos a la institucionalidad, en repetidas ocasiones, hacia el Congreso.
Eso hizo que no hubiera conciliación en el monto del presupuesto de $523 billones para 2025 y que, ahora, deba expedirse por decreto, luego de discusiones en el que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, incluso acusó a un grupo de senadores, incluyendo al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), de “radicalizarse”.
Con todo esto de fondo, la próxima semana el petrismo develará sus planes para acelerar la implementación. Sin embargo, solo en los próximos meses se sabrá si, como en otras ocasiones, las intenciones se quedan en el papel o se traducen en resultados medibles.
“No lograr implementar lo acordado, será un acto contrario a la Constitución”, enfatizó la Casa de Nariño en su radiografía.
Este es el informe de la implementación del Acuerdo de Gustavo Petro
Esto dice el Ministerio de Justicia del acuerdo de paz de 2016
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