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Sandra Ubaté y su familia llevan 30 años recordando a su hermano desaparecido: Jhon Ricardo Ubaté. Lo rememoran en canciones, cenas, en su cumpleaños y, por supuesto, en la fecha exacta en la que no volvieron a verlo, el 19 de mayo de 1995. Aún hoy tratan de entender la profundidad del dolor que ha causado su ausencia y cómo sus vidas se tornaron alrededor de su búsqueda. Su caso es uno de los que llegó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde el Estado reconocerá su responsabilidad en una audiencia el martes 30 de enero ante el pleno de la sede de ese tribunal internacional en Costa Rica.
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En San José ya están los representantes de ambas partes para asistir a esta cita histórica para una caso que, como muchos otros de la guerra en Colombia, solo sabe de impunidad y olvido. Jhon Ricardo Ubaté desapareció a plena luz, cinco días después de denunciar públicamente una posible alianza entre el paramilitarismo y los miembros de la Quinta Estación de Policía de Siloé (Cali). Junto con él, también desapareció Gloria Bogotá, una joven que, como Ubaté, tenían indicios de esa relación ilegal entre la fuerza pública y los grupos al servicio criminal de las Autodefensas.
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Ubaté y Bogotá se negaron a caer en la custodia de los uniformados. Según el expediente que reposa en la Corte IDH, durante 25 minutos pelearon en contra de esa operación, pero finalmente fueron montados a la fuerza en una camioneta negra que los llevó a la estación de Policía que acababan de denunciar. Esa ubicación fue la única que se supo de su paradero, pues sus familiares perdieron sus rastros por completo. La escasa investigación judicial que adelantó la Fiscalía logró probar que se trató de un operativo policial realizado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE).
Pese a que desde hace décadas el ente investigador sabía que ambos jóvenes desaparecieron cuando estaban bajo la custodia de uniformados asignados a esa unidad de la Policía, la impunidad ha reinado en el expediente. En 1999, por ejemplo, cuatro policías que estaban en juicio, sin que las familias fueran notificadas y en una decisión a puerta cerrada, fueron absueltos por falta de pruebas. Luego, en 2005, la Fiscalía tomó la decisión de dejar de investigar, argumentando la imposibilidad de hallar a los responsables. La justicia cruzada de brazos con las evidencias sobre la mesa no impidió que las familias buscadoras siguieran adelante.
Acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la esperanza de que esa justicia les diera lo que la colombiana no pudo. Y lo encontraron. El caso llegó hasta la Corte IDH y, antes de que pudiera emitir un fallo condenatorio en contra del Estado por su responsabilidad en los casos de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, la representación de Colombia frenó en seco el proceso para reconocer que el Estado sí tuvo la culpa en la desaparición de ambos jóvenes a manos de la Policía. En diálogo con este diario, Paula Robledo Silva, directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó detalles del caso.
Para ella, con las pruebas que encontró en el expediente, es evidente que las autoridades “no hicieron todo lo que se tenía que hacer para investigar el hecho y sancionar a los responsables”. Robledo explicó que la Agencia no quiere caer en la revictimización y no consideran necesario esperar un año la sentencia de la Corte en un caso en el que ya saben que el Estado sí es responsable no solo de la desaparición de ambos, sino también por la falta de investigación de los hechos y judicialización de los responsables; por no haber desplegado con prontitud una estrategia de búsqueda de las víctimas y por el exilio de algunos familiares.
Una hermana buscadora
Sandra Ubaté, hermana de Jhon Ricardo, se obsesionó por encontrar a su hermano y a Gloria Bogotá. Ella confiesa su desbordado interés en el caso de su hermano y, aunque no lo diga, es una de las responsables del histórico reconocimiento que oficialmente hará el Estado en Costa Rica. Para la hermana buscadora, es un absurdo que aún no haya justicia dentro del sistema penal colombiano en un caso en el que los nombres de las personas que manejaban el vehículo que transportó a las dos víctimas, las placas y el lugar a donde fueron llevados reposan entre las pruebas del expediente.
“Yo soy una obsesionada con el proceso. Lo leo todos los días y encuentro pequeñas pistas o notas que comparto con mis abogados. Los familiares nos convertimos en investigadores”, relata la hermana de Jhon Ricardo. Explica cómo, a los ojos de muchas personas, suele pasar desapercibido el efecto que tienen las desapariciones forzadas en las familias. Su vida dio un giro cuando tuvo que salir del país por amenazas en su contra. Pero lo vio todo. El dolor de sus padres, que nunca más tuvieron noticias de su hijo y las crisis emocionales de los más jóvenes de la familia al tratar de balancear el dolor de la desaparición con las responsabilidades de la vida.
Pero Ubaté habla del caso y no olvida a los otros miles que, como ella y su familia, aún esperan respuestas y justicia. La directora Robledo resaltó que, solo ante el sistema interamericano, Colombia tiene 1.120 casos, de los cuales 612 están relacionados con acciones u omisiones de la Fiscalía. “No es solo la desaparición forzada de estas dos personas, sino la inactividad e ineficacia del Estado durante todos estos años para investigar los hechos”, agregó la directora de la Agencia que les dará la cara a las familias en el acto de reconocimiento, en nombre de Colombia. Además, este caso tiene otro elemento más que resaltó Robledo.
Al momento de su desaparición, Jhon Ricardo Ubaté estaba oficialmente desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (EPL) desde hacía cuatro años. Por eso, para la Agencia resulta comparable este expediente con la situación que viven hoy excombatientes de las FARC: desde que dejaron las armas oficialmente en 2016 hasta octubre de 2023, han sido asesinados 401 firmantes del Acuerdo. Robledo hace la comparación porque espera que estas vulneraciones de derechos humanos no sean las próximas por las cuales el Estado deba responder ante instancias internacionales.
“Dignifiquemos la memoria de estas personas que no tenían que haber desaparecido solo por el hecho de haber militado en un grupo armado ante la ley”, expresó la directora, que agregó detalles de esta nueva política del Estado colombiano ante casos que están pendientes: “Se venía teniendo una defensa reactiva y esa defensa reactiva, no obedece a una política de reconocimiento temprano de derechos, a una política de dignificación de las víctimas y sencillamente a un gobierno que hoy sí cree en la paz y la reconciliación”.
Tras la insistencia de las familias y sus abogados, y ahora el reconocimiento del Estado, la investigación judicial está de nuevo activa. Aunque los familiares de las víctimas reconocen la importancia de este avance, enfatizan en que esto no es lo más relevante para ellos. “Nosotros podríamos negociar con los responsables, pero que nos digan dónde están. Lo importante es que mi papá y mi mamá sepan cuál fue el destino de mi hermano”, afirmó Sandra Ubaté. Con las coordenadas de los cuerpos y un entierro digno esperan darle cierre, de alguna forma, a ese dolor profundo que llevan sufriendo por casi 30 años.
Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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