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Una fiesta nocturna en una peligrosa cárcel boliviana visitada en julio por el papa Francisco y organizada aparentemente por un exjefe policial con posibles nexos con el narcotráfico, motivó la apertura de una investigación y la destitución de su director, informó el sábado una alta jerarquía oficial.
El comandante nacional de la Policía, general Edgar Téllez, ordenó «que se investigue al personal de seguridad penitenciaria» de Palmasola y comunicó, como primera medida, la destitución del director de la penitenciaría, Johnny Rojas.
Se trata de «identificar y sancionar a los agentes que resultaren implicados en la fiesta (de cumpleaños) del excomandante de la Policía Oscar Nina, recluido por delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito«, explicó Téllez.
El festejo, a fines de octubre, incluyó un show musical y fuegos artificiales, según testigos. (Lea también: Presos adiestraron un ratón para transportar droga dentro de cárcel)
El fiscal a cargo, Pablo Guzmán, dijo contar con «informes que cuando (Nina) era jefe policial festejaba su cumpleaños a lo grande, incluso una vez trajo un conjunto (musical) de México».
Nina, que a través de su abogado negó haber organizado el festejo, está detenido en Palmasola desde marzo por vínculos con el narcotráfico, que llegarían incluso a nexos con la organización comandada por el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, hoy prófugo tras escapar por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad en México, en julio pasado.
Según las investigaciones, el exjefe policial boliviano acumuló una fortuna de 3.000 millones de dólares cuando su salario mensual no llegaba siquiera a 1.500.
Palmasola, donde en 2013 se enfrentaron reclusos con un saldo de 35 muertos y que en julio pasado recibió la visita del papa Francisco, es la cárcel más poblada del país.
Datos del Congreso señalan que en 30 de las 45 cárceles bolivianas hay hacinamiento. Las cárceles de Bolivia tienen capacidad para 5.126 personas, pero existen 13.973 reclusos a nivel nacional, a pesar de que el gobierno dictó amnistías para reducir esa población, según el mismo informe.
Además del hacinamiento y la corrupción policial, los presos son víctimas de la lentitud del sistema judicial. Según denuncias de instancias internacionales, más del 80% de los detenidos no tiene condena judicial firme.
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